15 jun. 2017

La tarea de encubrir

Odebrecht sigue actuando en la Argentina. Forma parte del consorcio que está a cargo del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en una obra financiada por la Nación. En Córdoba, ejecuta uno de los tramos de la red de gasoductos troncales, con financiamiento provincial. A pesar de que la empresa y sus valijeros admitieron haber pagado coimas a funcionarios de la administración de Cristina Kirchner y a intermediarios particulares en aquel entonces, como el actual jefe de la AFI, Gustavo Arribas, la empresa mantiene las obras que tenía en marcha y puede ingresar a las licitaciones de obra pública que desee.

Si Odebrecht sigue participando de la obra pública es porque así se lo permiten los gobiernos nacional y provinciales. La Casa Rosada ha mostrado un gran interés en negociar con Odebrecht algún tipo de impunidad a cambio de información y de que siga con las obras en marcha, aún si la legislación argentina actual no lo permita. En Córdoba repiten, como si se tratara de un mantra, que "Odebrecht no pagó ninguna coima" para ingresar al negocio de la construcción de los gasoductos, pero es creer o reventar porque no hay investigación judicial alguna en marcha.

El Estado se tiene que hacer cargo, interrumpir las concesiones, abrir los libros de las empresas acusadas de corrupción, recuperar el dinero que se va en sobreprecios y coimas a funcionarios actuales y pasados.

Pero al no actuar en esta línea, lo que sucede es un doble ajuste sobre la población: el de las condiciones económicas vía la pérdida de poder adquisitivo del salario, el desempleo y la carestía, de un lado, y del otro, el robo al pueblo por medio de la corrupción.

En la semana que pasó se conocieron dos estudios sobre los alcances de la pobreza en la Argentina. El de la Universidad Católica ratificó que la pobreza afecta al 30% de la población y que 6 millones de argentinos pasan hambre. El de Unicef, en tanto, aseguró que prácticamente la mitad de los niños argentinos es pobre.

Uno y otro ponen de relieve el grado de destrucción de las condiciones de vida de la población trabajadora argentina. Se trata de una radiografía que muestra el fracaso de las clases gobernantes para lograr el desarrollo nacional. El encubrimiento de la corrupción es una marca más en ese derrotero.

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