Seiscientos trabajadores se encontraron el 20 de junio con un cartel que les comunicaba su despido. Era el comienzo de una jornada más de una planta estable con un 70% de mujeres. Muchas de ellas solas con sus hijos, con la columna estragada y la esperanza en receso. Una jornada que nunca empezó. Porque Pepsico cerró sin avisarle a nadie. En un típico gesto de displicencia del propietario del mundo ante el descarte.
Dicen que las snacks que producen “hacen la vida más feliz”. Que nadie les crea.
Hoy un juez ordenó el desalojo. Tenía en sus manos una denuncia penal por “invasión a la propiedad privada”. Privada de los propietarios que tienen escriturado el hoy y el mañana de las personas. 600 en este caso. Que no poseen nada. Que no son propietarios más que de su propio destierro.
Pepsico facturó 830 millones de dólares en 2016 (el 8% de su ganancia mundial).
La propiedad es el poder. Que es propio y no de la otredad. Que es el otro de quien se aleja y se protege el propietario. Para que la otredad no le dispute la propiedad. Entonces aparece la policía. Como brazo represivo sistémico para proteger propietarios. Y derogar destituidos. En celdas dos por dos o por la espalda. (APe – febrero 2017).
Hoy trabajadoras y trabajadores fueron reprimidos con una ferocidad difícil de encontrar en los grandes medios. Porque el establishment, ese anglicismo fatal de lo establecido, es un combo estatal-empresario-gerencial-mediático complicado de perforar.
Hoy centenares de pibes habrán visto por televisión cómo sus madres y sus padres eran golpeados por querer trabajar. Una sencillez conceptual terminante.
Ellos difícilmente vuelvan a masticar Lays. Ni Pringles, aunque sean deliciosas y se las regalen. Saben que tienen el olor del gas pimienta. Y el color de la rabia.
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