6 ago. 2017

Emerge el Iceberg


Desde 1998, cuando Maurizio Macrì era su vicepresidente ejecutivo, Sideco Americana es socia de Odebrecht en el fondo de inversiones Blackwood. Lo conocido hasta ahora es menor ante los negocios de energía, construcciones, petróleo y gas, consultoría, minería, finanzas, fusiones y adquisiciones, que comparten en Europa, Asia, Africa, Medio Oriente, Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Kirchner decía que Maurizio es Macrì. Ahora se sabe que Macrì es Odebrecht. Se entiende la desazón oficial.



La presentación de Blackwood, el fondo de inversiones de Odebrecht y Macrì.

La desazón del gobierno nacional ante las investigaciones por el pago de sobornos por parte del consorcio brasileño Odebrecht y la insistencia por derivar de la justicia al Poder Ejecutivo las negociaciones con la megaconstructora brasileña se explican por un dato que hasta ahora no había entrado en el radar público: el Grupo Macrì es socio de Odebrecht en el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macrì (Socma). Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión y uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo.

La ley de responsabilidad empresarial enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso consiguió media sanción de la Cámara de Diputados, al costo de sacrificar el denominado Artículo Odebrecht, por el cual las negociaciones con la constructora brasileña y sus directivos por hechos previos a su sanción quedarían a cargo del Procurador del Tesoro de la Nación, es decir el abogado personal de Macrì, Bernardo Saravia Frías, designado en reemplazo de Carlos Balbín, cuyo dictamen sobre el Correo Argentino defendía los intereses del Estado que quería y no los de Macrì que se resistía a pagar. El gobierno, por medio de la Oficina de Encubrimiento de la Corrupción, cuya titular Laura Alonso visitó la última semana el Senado, insiste en reintroducir ese artículo clave.


El mapa de los negocios de Blackwood.

Las propinas que un bolsero de Odebrecht dijo haber pagado al íntimo amigo de Macrì que conduce la agencia nacional de espionaje, Gustavo Arribas, la intervención que otro procesado en Brasil atribuye al vividor Jorge Rodríguez y a Javier Sánchez Caballero, principal ejecutivo de la constructora familiar Iecsa, también asociada con Odebrecht para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, son apenas la punta de un iceberg que recién comienza a emerger. 

Se entiende mejor así porqué un banco caribeño de Odebrecht ayudó a los Macrì a manipular las mayorías en perjuicio de los acreedores en el concurso del Correo Argentino, soportando para ello fuertes pérdidas. Según el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín el Meinl Bank (filial de un banco austriaco en la guarida fiscal de Antigua & Barbuda) compró créditos del BID y del Banco Mundial contra el Correo Argentino por 400 millones de dólares, con la expectativa de recuperar sólo 8 millones. Según Boquín, el banco de Odebrecht “ha votado en forma contraria a su interés, por lo que su decisión equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. El Meinl Bank también otorgó créditos a los principales accionistas del Correo, Socma, Sideco e Inversid, todas del Grupo Macrì, con garantía de acciones. Cuando el actual presidente comenzaba su tentativa de desasociar su imagen de la de su padre, Néstor Kirchner acuñó una frase ingeniosa: “Mauricio es Macrì”. Si aún viviera podría agregar: “Y Macrì es Odebrecht”.

Uno por uno

Estos son los socios que integran el grupo, tal como los caracterizaba en 2011 el propio holding Blackwood:

Odebrecht, una empresa brasileña con inserción mundial y pautas globales de servicio y calidad. Está presente en Norte, Sud y Centroamérica y el Caribe, África, Medio Oriente y Europa. Es líder en los sectores de ingeniería y construcción, química y petroquímica. 

Sofinter, un grupo global integrado de empresas especializadas en el sector de generación de energía a vapor con distintos combustibles fósiles, biomasa y desechos municipales e industriales.

Sideco Americana, una empresa centrada en la construcción civil, concesiones y servicios públicos en la Argentina y otros países de Sudamérica.

Grupo Galileo, compañía líder en tecnología de gas natural comprimido y transporte de equipos para gas natural. Con sede en Buenos Aires, tiene una red internacional de asociados y representantes en Latinoamérica, Europa y Asia.

Minera Geometales, que realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.

Litsa SA, empresa especializada en la construcción operación y mantenimiento de líneas de transmisión de energía.

Civilia Engenharia LTDA, una compañía que administra las concesiones de rutas federales y provinciales en Brasil, su ampliación y mantenimiento.

Qualix S.A Environmental Services, empresa líder en la recolección de residuos en áreas urbanas, limpieza y operación de rellenos sanitarios y tratamiento de residuos. 

Todos esos socios de Odebrecht (salvo quizás Sofinter), forman o formaron parte del Grupo Macri. 

Si se cree en las palabras de Blackwood, el grupo busca empresas excepcionales con una clara visión del crecimiento en los sectores en que el holding se especializa, y como “no respondemos a accionistas externos, tenemos libertad para centrarnos en la construcción de relaciones de largo plazo y valor duradero”.

Busca inversiones en todo el mundo, no sólo en adquisiciones apalancadas de empresas maduras sino también recientes, fusiones y adquisiciones, inversiones en paquetes minoritarios, asociaciones corporativas o consolidación de industrias. Su actividad principal se centra en Energía, Petróleo y Gas y Minería también se especializa en regiones emergentes y de rápido desarrollo en Africa Occidental, Asia Central y Sudamérica, donde establece asociaciones locales y regionales. Entre las inversiones que menciona hay tres plantas térmicas de ciclo combinado en Nigeria, Ghana y Croacia y concesiones petroleras en Nigeria. Ofrece plantas llave en mano.

En tareas de consultoría enumera asesoramiento a la división Energía de Leman Brothers en África, Italia y Gran Bretaña; a Siemens en Afganistán, Libia e Irak; a Philip Holzmann, Hochtief, Isolux Corsan, Grupo Macri, Marsh& McLennan, Italbrokers, en proyectos financieros, de infraestructura, gas y petróleo, energía, minería y seguridad; a los gobiernos de Nigeria, Gana, Libia, Irak, Afganistán, Pakistán, China, República Centroafricana, Camerún, Kazajistán, Japón, Argentina, Brasil, Uruguay, Australia en proyectos de petróleo y gas, energía, infraestructura, finanzas, telecomunicaciones, seguridad y seguros de riesgo político. 

En Minería declara dedicarse al desarrollo de proyectos de exploración de óxido de hierro, cobre y oro en la Argentina y África y menciona explícitamente las actividades de Minera Geometales, del Grupo Macrì, a través de Sideco Americana, en Mendoza y San Juan. Sus fortalezas –dice– son su habilidad en la consolidación legal de la propiedad y la capacidad de invertir en exploración. Para ello, Minera Geometales “busca inversores que, actuando como socios, ayuden a agregar valor a proyectos lucrativos, de modo de ofrecer oportunidades de negocios a grandes empresas mineras”, lo cual parece el ofrecimiento más explícito posible en un documento público de lobby sobre los gobiernos para obtener concesiones y beneficios. El documento también describe el proceso por el cual Sideco Americana, que en la década de 1960 era una empresa constructora se convirtió en un grupo diversificado que se insertó con éxito en el mercado sudamericano. Su crecimiento se basó en cuatro pilares: su capacidad para generar asociaciones con líderes internacionales; su experiencia para desarrollar las estructuras financieras de los proyectos, incluyendo la implementación de confianza; el management profesional y de alta capacidad; el constante desarrollo de procesos de aseguramiento de la calidad, de modo de cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes. También afirma que las principales áreas de negocios de Sideco Americana son Ingeniería y Construcciones, Inmobiliaria, Tratamiento de Residuos, Tecnologías de la Información, Gas Natural Comprimido, concesiones viales, generación y transmisión eléctrica y minería. Incluso se refiere a las leyes 24.196, de estabilidad impositiva; 24.402 de financiamiento de la inversión en bienes de capital; y 24.228 de federalismo minero con miras a la privatización e identifica a la Argentina como la última frontera occidental para la minería.

Los principios de Groucho

En su presentación el Blackwood Group afirma que no es un típico fondo de inversión que opera con dinero ajeno, sino que invierte el propio; que no está pendiente de las estrategias de salida sino de la creación de valor a largo plazo. No le interesa conducir las empresas sino aportar socios que lo hagan. “No tenemos parámetros estrictos a los que adherir, somos muy flexibles sobre empresas y estructuras de transacción”, una frase reminiscente de la que Groucho Marx empleó para definir sus principios.

Al paso de la carrera política de Maurizio Macrì, el grupo familiar se desprendió de algunos de esos negocios y enmascaró la propiedad de otros. 

Galileo. Publicaciones recientes del blog El Disenso reseñaron que entre abril y mayo de 2016, los Macrì vendieron su participación en Galileo al grupo inglés Blue Water Energy. Al mismo tiempo el gobierno comenzó a estudiar una serie de beneficios promocionales para la fabricación y uso de vehículos eléctricos. Este año anunció aumentos en el precio del GNC que deberían equipararlo con el de la nafta súper y la instalación de una fábrica china de producción de vehículos eléctricos: DongFeng DTFC, propiedad del padre del presidente. YPF ya comenzó la instalación de los postes para carga de electricidad en estaciones de servicio. El costo por kilómetro recorrido será un tercio del de los combustibles líquidos, tal como ocurría hace veinte años con el GNC, cuya obsolencia fue decretada ahora por una decisión política.

Qualix, la Manliba brasileña, con 500 vehículos y 7.000 trabajadores, con sede en San Pablo y once filiales. Enfrentó procesos y denuncias por pago de coimas por la ejecución de sus contratos para la recolección y tratamiento de basura en diversas ciudades del país, como Porto Alegre, Cuiabá, Brasilia, San Pablo, Diadema, Rio Claro, Hortolandia, Várzea Grande, Feira de Santana y Teresina. La investigación sobre diversas irregularidades se denominó Caja de Pandora. Una empleada de la cual sólo se reveló el nombre de pila, Dominga, narró cómo se realizaba el pago de propinas a funcionarios, en cajas de archivo de cartón, que contenían entre 50 y 100 mil reales y que se trasladaban en el baúl de un auto. Según la revista digital Carta Capital entró en convocatoria de acreedores en 2010. Franco Macrì está bajo investigación policial por fuga ilegal de capital.

Civilia Engenharia Ltda. Fue adquirida por Franco Macrì a la familia Rossi en 1996 e inscripta en la Argentina en 2007. En 1997 ingresó al negocio del peaje en Brasil, con una concesión por 24 años, una inversión de 550 millones de dólares y una facturación anual de 50 millones de dólares. Quien figura como accionista es el hermano menor del presidente, Mariano Macrì. Tiene sedes en San Pablo y Buenos Aires. En 2008 se incorporó al Grupo ODS y en febrero de 2008 los Macri vendió la concesión de la ruta “Rodovias das Cataratas” a la italiana Impregilo, con la cual comparte en la Argentina la limpieza del Riachuelo y el soterramiento del Sarmiento. Desde 2012 cambió de nombre por Ingenium Obras e Servicos Ltda, aunque públicamente siguió usando la denominación original como nombre de fantasía. Eso le sirvió como defensa en procesos por infracciones previas a 2012 por actuar sin registro actualizado ni responsable técnico. Para la recolección de basura utilizaron la empresa Sistemas Ambientales S.A. en sociedad con Waste Management de Estados Unidos, igual que Manliba en la Argentina. En Energía se asociaron con Petrobras. 

Minera Geometales, presentada en 2006 por Franco Macrì en una convención minera en Canadá. En 2016 inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo y a otros del Ejército en Campo de los Andes, que el gobierno de Maurizio Macrì puso a la venta, por el decreto 225 de este año. Habrá que ver quién los compra. Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la familia: Valentina, por la hija de Juliana Awada, Florencia, por la hermana menor del presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco. Despiadados para los negocios, pero sin perder la ternura.

Burócratas

En un acto de campaña junto con el presidente Maurizio Macrì, el contador Gerardo Morales se descargó en forma violenta contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la Pachamama le pidió fuerza para “sostener la paz lograda, para que haya Justicia en Jujuy, para que se termine la violencia; para que se termine el clientelismo”, que es el lenguaje cifrado con que se refiere a la detención arbitraria de Milagro Sala. Agregó que la CIDH “está desprestigiando el sistema interamericano. Los he visto acá y he hablado con ellos. Se han terminado convirtiendo en una facción de burócratas que vive en Washington y que no sabe cómo vivimos en Jujuy, y que no conocen nuestros desafíos. Hay ahí un desafío nacional ni internacional, habrá que rediscutir hacia dónde van estos organismos que se han convertido en una facción política de dispersa resolución que es más una proclama política que algo que tenga que ver con verdaderos derechos”.

Tan ofuscado como el tono fue el contenido de su arenga:

La resolución a favor de la libertad de Milagro no fue de la Corte sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos órganos con miembros, sede y funciones distintas.

Ninguno de los siete miembros de la Comisión vive en Washington, donde sólo paran durante los dos periodos de sesiones ordinarias anuales. Este año, además, se realizaron sesiones extraordinarias en Panamá, Buenos Aires y Lima, y se desarrollaran otros dos periodos en Ciudad de México y Montevideo. 

Para información del contador Morales, el presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren reside en Perú, donde fue Ministro de Justicia; 

La vicepresidente 1ª Margarette May Macaulay vive en Jamaica; 

La vicepresidente 2ª Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien acompañó en su visita a Jujuy al presidente Eguiguren, reside en Panamá;

Paulo Vannuchi en Brasil; 

James Cavallaro vive en California, donde da clases en la Universidad de Stanford; 

José de Jesús Orozco Henríquez tiene su hogar en Ciudad de México, en cuya Universidad Autónoma es profesor, y

Luis Ernesto Vargas Silva vive en Colombia.

En otra apoteosis de ignorancia prepotente, el jefe del bloque radical en la Legislatura, Alberto Bernis, le gritó al diputado tupaquero Juan Manuel Esquivel: “No compartimos para nada esta resolución de la Comisión que es un grupo de amigos que se reúne a tomar café y que responde al kirchnerismo”. Los miembros de la Comisión (entre los cuales no hay ningún argentino) son propuestos por los estados miembro de la OEA y elegidos por el voto de los mismos estados en la Asamblea General, luego de un dictamen no obligatorio de un grupo de expertos. Este año la Argentina fracasó en el intento de colocar allí al hombre de las cavernas de Mendoza Carlos Horacio de Casas, por sus opiniones en contra de la libertad de expresión, la diversidad de género, y dados sus antecedentes como defensor de un represor y dos banqueros como principal relación con los Derechos Humanos.

Esquivel no salía de su asombro: el mismo Bernis le dijo en privado: “Sabemos que esa detención tiene razones políticas. Esperemos que se solucione pronto. Es un capricho personal de Gerardo”.

Parajodas

Con el título “Paradojas de los Derechos Humanos”, el subeditor de Clarín, Ricardo Roa, escribió un editorial en el que afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “acaba de pronunciarse sobre la detención de Milagro Sala a pedido de organismos de derechos humanos que no denuncian la violación de los derechos humanos en Venezuela. Esta vez derechos humanos subordinados a la política”. La opinión es libre, pero los hechos son sagrados, como dijo hace un siglo el editor del diario inglés Manchester Guardian, Charles P. Scott. El CELS se pronunció en forma inequívoca sobre el tema que Roa usa para justificar la detención de Milagro Sala y hasta Clarín publicó esa declaración. Dice así, con especial dedicatoria al colega Roa:

Las medidas adoptadas por el gobierno venezolano, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente y las protestas de quienes la cuestionan, agravaron aún más la situación de los derechos humanos en ese país.

El 30 de julio, el gobierno volvió a responder con violencia a las manifestaciones en su contra. En esta oportunidad, diez personas murieron, aumentando a 119 los fallecidos en situaciones de protesta en los últimos cuatro meses.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, un porcentaje considerable de estas muertes es consecuencia de disparos de armas de fuego realizados por agentes policiales y militares. Otras muertes se deben a la actuación de grupos de civiles armados que responden tanto a sectores de la oposición que postulan una salida insurreccional como a grupos paraestatales. En las situaciones de protesta, la respuesta estatal debe basarse en el principio de protección de la vida; así se desprende de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.

En el marco de las elecciones y de la crisis política que atraviesa el país, el gobierno nuevamente restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El uso abusivo de la fuerza, la participación de las Fuerzas Armadas, las detenciones masivas y arbitrarias, el uso de la justicia militar y de los servicios de inteligencia para perseguir y criminalizar a manifestantes y miembros de la oposición son violaciones graves de esos derechos.

Ayer, durante la madrugada y con operativos realizados por agentes armados y encapuchados, se sustrajo de sus domicilios a Leopoldo López y a Antonio Ledezma, líderes de la oposición, para trasladarlos a una cárcel militar. Sus detenciones ya habían sido consideradas arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde hace años exige al Estado venezolano que sean liberados. López además es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de abril de 2015.

En esta situación, es particularmente grave que el gobierno busque destituir de forma irregular a la Fiscal General Luisa Ortega, quien desde el Ministerio Público lleva adelante las investigaciones por las muertes ocurridas en contextos de protesta.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra Venezuela, su presidente y un alto número de funcionarios, y amenazó con profundizar medidas unilaterales. Esta agresión dificulta aún más una solución para una salida democrática de la crisis, que evite las polarizaciones que ensangrentaron al continente el siglo pasado.

En este momento, la situación de Venezuela exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a ese país en una salida soberana de la crisis que implique que no haya regresiones en materia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos.

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