Desde hace 2 años, el SJAC venía recogiendo testimonios sobre los crímenes supuestamente cometidos por la República Árabe Siria durante la represión de la «revolución».
Con un presupuesto anual de 5 millones de dólares a su disposición, el SJAC había sido fundado a pedido de la Conferencia Internacional de los «Amigos de Siria», realizada en Estambul en abril de 2012. Cuarenta países se reunieron posteriormente en Marruecos para aprobar los estatutos del Centro y garantizar su financiamiento.
En 2008, el secretario general de la ONU y el primer ministro libanés crearon en La Haya un «Tribunal Especial de la ONU para el Líbano» encargado de juzgar al presidente Bachar al-Assad atribuyéndole el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri. Pero al derrumbarse todo el conjunto de supuestos testimonios y pruebas, esa instancia nunca llegó a inculpar al presidente Assad. Sin embargo, la semana pasada el ex primer ministro libanés Marwan Hamadé estuvo prestando testimonio durante 3 días ante ese «Tribunal Especial» sobre una serie de confidencias que supuestamente le hizo el difunto Rafic Hariri sobre también supuestas amenazas proferidas contra este último por el presidente Assad.
En 2013, el embajador estadounidense a cargo de los crímenes de guerra, Stephen Rapp, solicitó el concurso de Jordania, Turquía y otros países para crear un «Tribunal Especial de la ONU para Siria» pero sus esfuerzos en ese sentido resultaron inútiles.
Siria rechaza la versión atlantista sobre la existencia de una «revolución» salvajemente reprimida y proclama que tanto la República Árabe Siria como el presidente Bachar al-Assad son inocentes de los crímenes que se les imputan.
El Estado sirio también acusa a los llamados «Amigos de Siria» de haber orquestado una seudo revolución como pretexto para atacar el país y subraya que tales «Amigos de Siria» son en realidad los verdaderos y únicos responsables de los crímenes perpetrados durante la guerra.
El Estado sirio subraya también que, a pesar de que los «Amigos de Siria» prohibieron la organización del voto entre los sirios refugiados en el extranjero, el 63% de los sirios con derecho al voto eligieron en junio pasado al presidente Bachar al-Assad, quien obtuvo el 88% de los votos válidos. Por consiguiente, el propio pueblo sirio ya se pronunció sobre esa polémica.
El Departamento de Estado ha decidido ahora redirigir su financiamiento hacia un nuevo programa destinado a investigar los crímenes del Estado Islámico.
Hasta este momento, el llamado «Buró de Justicia Criminal Global» del Departamente de Estado no ha presentado absolutamente ninguna explicación sobre este súbito cambio de política.
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