Desde la muerte el 9 de agosto del joven negro Michael Brown a manos de un agente blanco, la protesta racial se extendió desde la pequeña localidad de Ferguson (Misuri) a más de 170 ciudades de todo el país, con especial intensidad en Nueva York, Washington DC, y Los Ángeles.
La más trágica expresión de ese malestar fue el asesinato a tiros de dos policías neoyorquinos, Wenjian Liu y Rafael Ramos, el 20 de diciembre por un hombre negro que quería vengar a los ciudadanos negros fallecidos a manos de agentes.
El diagnóstico es unánime y coincide con el de hace medio siglo: tras décadas de lucha por los derechos civiles en la nación, persiste una desconfianza crónica entre la policía y las minorías.
Brown fue asesinado con varios disparos por un agente blanco en circunstancias por esclarecer y cuando iba desarmado, pero un gran jurado decidió que no había pruebas suficientes para imputarlo.
Tampoco hubo cargos contra el policía involucrado en la muerte del también afroamericano Eric Garner, que falleció en julio tras ser inmovilizado con una llave ilegal.
Estos dos casos desencadenaron las mayores movilizaciones y forzaron al Gobierno a situar la discriminación racial por parte de la policía entre las prioridades de la agenda.
En los primeros meses de las protestas fue Eric Holder, el primer secretario de Justicia negro de EE.UU., el que lideró la respuesta del Ejecutivo ante la indignación y violencia en Ferguson y desde entonces ha impulsado en su departamento investigaciones independientes.
La extensión de las protestas a toda la nación en noviembre tras la no imputación de los agentes que mataron a Brown y a Garner elevó el asunto a primerísima línea política y el presidente Obama se puso a la cabeza de la respuesta de su Gobierno con un discurso a la nación en el que pidió paz y prometió soluciones.
Su Ejecutivo trabaja ahora en un paquete de directrices para acabar con la discriminación racial por parte de la Policía, al tiempo que autoridades locales, estatales y federales buscan calmar la tensión que, con intensidad variable, se mantiene desde agosto.
“En demasiados lugares de este país existe una profunda desconfianza entre las fuerzas de seguridad y las comunidades de color, parte de esto es el resultado de una historia de discriminación racial, y es trágico porque nadie necesita más la protección policial que las comunidades pobres con altos índices de criminalidad”, diagnosticó Obama desde la Casa Blanca tras conocer el fallo judicial del caso Brown el 25 de noviembre.
Los sucesos de este 2014 trajeron a la memoria colectiva otros similares, como el de Trayvon Martin: un adolescente afroamericano que murió en Florida hace dos años a manos del vigilante voluntario George Zimmerman, a quien un jurado declaró no culpable.
La ola de disturbios que desataron las muertes de Brown y Garner evocaron asimismo las violentas protestas raciales de los años sesenta y evidenciaron que el debate de la raza en Estados Unidos está lejos de haber sido superado.
En 1968, la comisión establecida por el entonces presidente estadounidense Lyndon B. Johnson para analizar el origen de los disturbios llegó a las mismas conclusiones que ha dejado Ferguson medio siglo después.
“La Policía debe ser más diversa, evitar las actuaciones desproporcionadas, y vivir e integrarse en las comunidades donde reside”, era una de las recomendaciones de la Kerner Commission e idéntica a la extraída tras la muertes de Brown y Garner.
“La confianza es muy importante, pero también es frágil. Requiere que la fuerza sea usada de manera adecuada. Las fuerzas del orden deben reflejar la diversidad de las comunidades a las que sirven”, señaló este verano el fiscal general, Eric Holder.
Construir esa confianza entre Policía y minorías es uno de los grandes retos de Estados Unidos para el 2015, un año que tendrá que sanar las heridas reabiertas en los últimos meses en un país con una dura y demasiado reciente historia de discriminación racial.
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