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13 mar. 2013

Condenan a Bignone y a Riveros a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo


El Tribunal Oral Federal N 1 de San Martín sentenció hoy a prisión perpetua al ex dictador Reynaldo Bignone (foto) y al ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura cívico militar, contra 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas.

El tribunal, integrado por los magistrados Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone, condenó además al matrimonio integrado por Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo -acusados por la apropiación de María Catalina Sánchez Ovando, quien recuperó su identidad en 2008-, a 15 y 12 años de prisión, respectivamente.

Además, se les dictó prisión perpetua a Luis Sadí Pepa, Eduardo Corrado y Carlos Macedra.

En cambio, a José Somoza se le dictaron 25 años de prisión; a Julio San Román y Miguel Castagno Monge, 20 años y a Eugenio Guarañabens Perelló, 16 años.

Todos fueron acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar contra 23 víctimas, entre las cuales se encuentran siete embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas.

En tanto, a Osvaldo García, director de la Escuela de Infantería dependiente del Comando de Institutos Militares y responsable de los delitos cometidos en el área 450, se le suspendió el proceso por razones de salud.

“Es bueno que le den una condena alta”, afirmó la abuela de Plaza de Mayo, Alba Lanzilotto -familiar querellante en la megacausa de Campo de Mayo- y agregó que “estos juicios son posibles por la lucha de 30 años que lleva este pueblo y un gobierno que empuja a tomar conciencia”.

María Catalina Ovando de Sánchez recuperó su identidad en el año 2008 y hoy a sus apropiadores se los sentenció a la pena más alta en las condenas ya dictadas a otros apropiadores.

“No celebro que ellos vayan a la cárcel, pero celebro que no haya impunidad y que la justicia los haya encontrado culpables”, subrayó Catalina emocionada y agregó: “agradezco a mis abuelos que me buscaron toda la vida, la sociedad tiene que entender que la apropiación no es un gesto de amor”.

Manuel Gonçalves -quien recuperó su identidad en el año 1997 y acompaña a otros nietos y abuelas en los juicios por apropiación- dijo que “cuando yo recuperé mi identidad reinaba la impunidad en Argentina, tuve la suerte de vivir la caída de las leyes de impunidad sabiendo quién era realmente”, y agregó que “tengo claro la diferencia entre esa Argentina y la de hoy, lo que estamos haciendo es juzgar desde la democracia a esa dictadura genocida”.

Más de un centenar de personas se congregaron en las puertas de los Tribunales -sobre la calle Pueyrredón al 3700- donde montaron una radio abierta hasta el momento en que se dictó el veredicto.

Familiares, ex detenidos, nietos restituidos, sindicatos y las organizaciones que integran el espacio Unidos y Organizados resaltaron las sentencias. 

“Esto fue como volver un poco a la vida”

El juicio se realizó por 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas. También se juzgó a los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando. Recibieron perpetua cinco de los once imputados, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone.

En la sala entró el ex teniente Carlos Macedra, el hombre que estuvo a cargo del Batallón Esteban de Luca de Boulogne en 1976. Cuando se sentó, desde las primeras filas, entre las fotos de los desaparecidos levantadas por familiares y militantes, alguien dijo, como para presentarlo: “¡Es el asesino de mi tía!”. Santiago Omar Riveros, el señor todopoderoso de los crímenes de Campo de Mayo, y Reynaldo Bignone, segundo señor, decidieron no entrar a la sala de audiencias de San Martín. Junto a los otro acusados, permanecieron en un protegido espacio vecino, fuera del alcance de las fotos con los ojos de las víctimas. A las dos de la tarde, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Daniel Cisnero, Daniel Petrone y presidido por Héctor Sagretti, leyó la sentencia del juicio que se llevó a cabo desde agosto del año pasado por 23 víctimas, entre las cuales había siete mujeres embarazadas. El tribunal condenó a prisión perpetua a cinco de los once imputados: Riveros, Bignone y los máximos responsables de la zona, en juicio por primera vez; Luis Sadi Pepa y Eduardo Corrado, directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y el ex teniente Carlos Macedra, uno de los represores más simbólicos de este juicio, autor del disparo que mató por la espalda a María Florencia “Kitty” Villagra, de la UES. Los otros cuatro acusados recibieron penas de entre 16 y 25 años. Los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hildalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Batallón 601, y María Francisca Morillo fueron condenados a 15 y 12 años respectivamente.

Entre los condenados hay varios con prisión domiciliaria, entre ellos el torturador del Campito Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, sobre quien la fiscalía volvió a pedir la revocación del beneficio porque violó el código de salidas. Los jueces le revocaron ese estado, pero como sucede en varios juicios, la cárcel efectiva será efectiva sólo cuando las condenas queden firmes.

Las dos salas de los tribunales de San Martín inauguradas para este juicio estaban repletas. Cuando Sagretti leyó la condena a prisión perpetua de Macedra, la sala estalló en un aplauso. “Tengo muchas ganas de hablar con mi otra hermana que está en Bariloche para contarle la noticia”, dijo a la salida Julia Elena Villagra, la hermana más grande de Kitty. “Todo esto fue como volver un poco a la vida, yo no podía ni leer el diario, no le creía nada a nadie, no podía volver a vivir. Algo empezó a cambiar a partir de que me contaron que Macedra estaba en la cárcel, por ahí soy muy puntual con esto, pero no me cerraba el dolor. Yo la crié conmigo a mi hermana, para mí era también una hija, quizá si ella no estuviera muerta, yo no estaría con vida, porque la hubiese ido a buscar como Daniel (Cabezas) buscó a su hermano Gustavo”, dijo sobre el compañero de volanteada de Kitty, con el que ella estaba el 10 de mayo de 1976 cuando le pegaron el tiro por la espada y sigue desaparecido. “Ahora a creer en este proceso de justicia –dijo ella–, porque se puede, lo hemos podido hacer.”

Una radio abierta de Sutecba trasmitió durante todo el día desde la vereda. Por esa mesa, instalada en el centro de la calle, pasó temprano Catalina de Sanctis. Allí contó su historia, la de su apropiación y la restitución de 2008. “Decidí en este juicio asumir este rol y ser querella en la causa de mi apropiación”, dijo. Arriba, sobre una bandera colgada en las paredes, se leía: “Como a los nazis los iremos a buscar”. En la calle, se iban concentrando las organizaciones políticas y sociales de la zona que sostuvieron este juicio a lo largo del año con la convocatoria a estudiantes y maestros de la zona. Por la radio habló el compañero de Catalina, Rodrigo, otro de los testigos del juicio. “Yo la vi a Catalina y la veo hoy día y veo realmente quién es, tiene mucho más vida, es mucho más alegre: es Catalina, el nombre que le pusieron sus padres.” Ese escenario, que sacaba el juicio al medio de la calle, terminó a las dos de la tarde transmitiendo lo que iba ocurriendo desde adentro del edificio.

Las condenas

Las condenas coincidieron con los pedidos de la fiscalía a cargo de Marcelo García Berro y en líneas generales con las querellas. Riveros y Bignone, los jefes máximos del área, recibieron perpetuas por allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad, tormentos y por los homicidios de Kitty Villagra y Domingo García, el esposo de Beatriz Recchia, la madre de Juliana y embarazada cuando la secuestraron.

En jerarquía, les siguió Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977, en juicio por la desaparición de María Eva Duarte y Alberto Aranda. Fue condenado a 16 años de prisión.

Sadi Pepa y Oscar Corrado, los directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que también llegaron a juicio por primera vez, fueron condenados a perpetua. Sadi Pepa fue juzgado por el caso de Beatriz Recchia y Domingo García. Lo condenaron por el allanamiento ilegal a la casa de los dos, secuestro y tormentos de ambos y el homicidio de Domingo. Corrado, en cambio, llegó a juicio, como Macedra, por el secuestro y desaparición de Gustavo Cabezas y el homicidio de Kitty Villagra. Fue otro de los casos emblemáticos del juicio. Diseñó una estrategia para intentar demostrar que para el 10 mayo de 1976 ya había sido trasladado y se desempeñaba como administrador general en ENTel, la vieja compañía de teléfonos del Estado. Para sostener esa teoría declararon muchos de sus compañeros de fuerza. Los testimonios de Stella Segado, actual directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y de la perito Claudia Belingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria, permitieron demostrar que el 10 de mayo de 1976 seguía en Comunicaciones y que cambió de área el 21 de junio de 1976. Los jueces lo condenaron a perpetua.

Macedra llegó al juicio identificado por los colimbas que participaron del operativo del 10 de mayo en la plaza de Martínez. Lo condenaron a perpetua por el secuestro y tormentos de Gustavo y el homicidio de Kitty.

Otro de los grupos de represores condenados por primera vez y como autores directos fueron quienes actuaron dentro del centro clandestino El Campito de Campo de Mayo. Entre ellos, dos gendarmes: Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, los de la custodia. Con ellos fue condenado Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, oficial de inteligencia del Ejército, uno de los interrogadores-torturadores más violentos del centro clandestino. El tribunal condenó a los gendarmes a 20 años de prisión y a Somoza a 25 años por la condición de torturador. Los tres fueron juzgados por los siete casos de mujeres embarazadas, secuestradas con sus compañeros, que dieron a luz en cautiverio y permanecen desaparecidas. Entre ellas, Ana María Lanzillotto, cuya historia dio entrada durante el juicio a lo que fue la caída de la dirección del PRT-ERP en julio de 1976, con la causa madre aún en instrucción.

Juliana García Recchia estuvo ahí, intentando dar otro cierre. Ramiro Menna, el hijo de Ana María Lanzilotto y del Gringo Domingo Menna, que aún busca a un hermano o hermana, escribió en un mensaje a uno de sus tíos: “Que se haga justicia”. Alba Lanzillotto, hermana de Ana María, recordó los años de lucha: “Es bueno que le den una condena alta. Estos juicios son posibles por la lucha de 30 años que lleva este pueblo y un gobierno que empuja a tomar conciencia”. Julia Elena Villagra, la hermana de Kitty, recibía el llamado de Bariloche. “¡Perpetua, perpetua!”, dijo en una explosión de alegría. Catalina Ovando explicó: “No celebro que ellos vayan a la cárcel, pero celebro que no haya impunidad y que la Justicia los haya encontrado culpables. Agradezco a mis abuelos que me buscaron toda la vida; la sociedad tiene que entender que la apropiación no es un gesto de amor”.

Los veteranos y los debutantes

Entre los condenados hay siete represores que hasta el momento no habían sido juzgados. También están los jerarcas, que ya acumulan cinco penas: el último dictador y el jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Para algunos de los genocidas sentenciados ayer fue la primera condena. Para otros, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, fue la quinta. El último dictador y ex general de división, de 85 años, fue condenado ayer a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad perpetrados en Campo de Mayo. Este militar, que en 1983 condujo la transición de la dictadura a la democracia, ya había recibido perpetua en 2010 y en 2011, a las que suma otras dos sentencias, a 25 y 15 años respectivamente. Y Riveros acumuló también su condena número cinco.

El 8 de marzo de 2007, Bignone pasó la noche preso en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, casualmente (o no tanto) junto a Riveros. En octubre de 2006, se había permitido instar a “los jóvenes” a terminar lo que el terrorismo de Estado no había podido y poco después sacaron su retrato del patio de honor del Colegio Militar.

Antes de ser el último presidente de facto, Bignone se desempeñó como director de esa institución, desde diciembre de 1975, y como segundo comandante de Institutos Militares, en 1977. Sucedió a Leopoldo Fortunato Galtieri tras la derrota de Malvinas y fue el encargado de borrar las pruebas de la represión. A través del decreto 2726/83, ordenó la destrucción de documentación referida a los secuestros y las desapariciones cometidas por sus subordinados y llegó a ser enjuiciado por este delito, pero lo salvó el indulto menemista. En marzo de 1976 encabezó el operativo que convirtió al Hospital Posadas en un centro clandestino. En 1980 asumió como jefe de Campo de Mayo y, según cuentan las víctimas, dijo que “en la guerra sucia hay inocentes que pagan por los culpables”. Cuando llegó la democracia fue imputado por secuestros y tormentos y su primer encarcelamiento se produjo en 1984, por la desaparición de los conscriptos Luis García y Luis Steimberg, pero la ley de obediencia debida le devolvió la libertad. La segunda vez que la perdió fue en 1999, cuando el ex juez Adolfo Bagnasco lo responsabilizó por haber otorgado la garantía de impunidad al plan sistemático de apropiación de menores. El ex magistrado le concedió el arresto domiciliario, pero Bignone no tuvo reparos en confesar en una entrevista que salía “todos los días”. Y no violó el beneficio, sus salidas estaban autorizadas por el juzgado: dos veces por semana nadaba en el Círculo Militar, iba al Hospital Militar (“es mi country”, dijo) y asistía a las reuniones de una institución para discapacitados a la que pertenece su hijo.

Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo fueron identificados con el apellido de este genocida. Santiago Omar Riveros es el autor de la frase “hicimos la guerra con la doctrina en la mano y las órdenes escritas de los comandos superiores”. La pronunció a modo de despedida en la Junta Interamericana de Defensa el 24 de enero de 1980, y está citada en el prólogo del Nunca Más. En 2007, la Cámara de Casación le anuló el indulto que le había dictado el ex presidente Carlos Menem en 1989, y tras la anulación de las leyes de impunidad no paró de sumar juicios. Fue juzgado en Italia, en ausencia, por la desaparición de tres ciudadanos italianos y también está imputado en la nueva megacausa que se inicia por el Operativo Cóndor.

Entre los condenados figuran Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, acusados por la apropiación de María Sánchez Ovando. También están Carlos Somoza, Eugenio Guañabens Perello, Sadi Pepa y Oscar Corrado.


Alegatos de Abuelas

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron ayer penas de trece años de prisión para un matrimonio procesado por la apropiación del hijo de los desaparecidos Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola y once años para la entregadora del bebé, en el alegato final del juicio oral que se sigue a los tres ante el Tribunal Oral Federal 4. Los acusados José Ernesto Bacca y Cristina Mariñelarena “tenían un pleno conocimiento” de que el bebé que recibieron en 1978 era hijo de desaparecidos y durante 30 años ocultaron su identidad, hasta que un análisis genético develó que quien fue inscripto como Hilario Bacca era en realidad el bebé que dio a luz en la ESMA Liliana Pereyra, sostuvo el alegato de los abogados Luciano Hazán y María Inés Vedia. El bebé recién nacido fue entregado al matrimonio por Inés Lugones, esposa del fallecido represor Guillermo Minicucchi, quien conocía y tenía amistad con Bacca y Mariñelarena y sabía que tenían problemas para tener hijos, precisó la querella. Para Lugones se pidió once años de cárcel, al darse por probado que su marido Minicucchi le avisó del futuro nacimiento de un bebé, dos meses antes del parto de la secuestrada, y ella anticipó a Bacca y Mariñelarena que recibirían una criatura. Apenas nacido, el niño fue entregado por Minicucchi a su esposa, quien lo retuvo en su domicilio particular varios días para luego darlo al matrimonio que lo inscribió falsamente como hijo biológico, según la acusación.

Homenaje a Conte

El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky; la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto; Marta Vázquez, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Graciela Lois, de Familiares, y Aldo Etchegoyen (APDH) participaron ayer de un homenaje a Augusto Conte, uno de los fundadores del CELS. También estuvo su mujer, Laura Jordán de Conte. “Fuimos sus alumnas”, dijo Vázquez sobre Conte y Emilio Mignone. Verbitsky recordó que fueron los primeros en hablar de la sistematicidad del terrorismo de Estado, en la ONU, en 1979.

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