En este punto cabe destacar que es posible que una nación crezca sin desarrollarse, si ese crecimiento no conlleva el cambio en su estructura productiva que lo haga estable y sostenible, y para ello el monto y la dirección que tome el proceso inversionista resultan determinantes.
Al respecto, no es posible ignorar que la economía cubana debió enfrentar la intensa descapitalización que implicó el Período Especial -durante los últimos 20 años y a partir de una estructura productiva que no había alcanzado todavía el diseño apropiado en 1994-, que se ha estimado en la pérdida anual de 1,6% del valor de los activos durante esa etapa.
Lo primero que salta a la vista es que, en términos de volumen, la Formación Bruta de Capital Fijo, que había alcanzado el 26,3% del PIB a precios corrientes en 1989, cayó abruptamente a solo 5,2% en 1994, recuperando un tope máximo de 14,4% solamente en 2001. Con posterioridad, estas inversiones volvieron a reducirse nuevamente hasta un mínimo de 8,3% en 2011.
Las cifras que refleja este indicador dan cuenta de que lo que se ha invertido en ese período no ha podido cubrir siquiera la reposición de los activos que se depreciaron o se hicieron tecnológicamente obsoletos, lo que ha resultado en la descapitalización anteriormente mencionada.
Ello no se debe a una desatención por parte de los decisores de política, sino que fue el producto combinado del impacto de la crisis de esos años y la carencia de recursos financieros, junto a la necesidad de priorizar ramas de alta recuperación a corto plazo -como el turismo-, y de no postergar la recapitalización del sector de la salud y la educación como servicios básicos para la población.
En la situación actual se plantea la alternativa de decidir si la inversión debe dirigirse a la recapitalización de la estructura existente, o si -por el contrario- los esfuerzos deben concentrarse en nuevas alternativas que estén en línea con la estructura económica a que debe aspirar el país a mediano y largo plazos.
Una decisión única en este sentido no resulta fácil, ya que debe tener en cuenta el factor tiempo en la velocidad de las transformaciones, la productividad del trabajo en cada rama, el nivel de empleo y su calificación, el impacto en la balanza de pagos, así como la competitividad alcanzada, entre los factores más significativos.
En la definición de la política para un grupo de sectores, la nueva Ley de Inversión Extranjera apunta a la necesaria combinación de estos elementos.
Es el caso de la prioridad que debe otorgarse al sector agropecuario, donde pueden combinarse objetivos de exportación, con la sustitución de importaciones y una mayor satisfacción de las necesidades alimentarias de la población.
Este sector -que llegó a cubrir el 22,3% del total de las inversiones en 1989- redujo su participación al 6,7% en 2012.
En este sector la ausencia de inversiones hidráulicas tuvo una incidencia importante en los años 90´, cuando solo entre 1991 y 1996 se perdieron 191.873 hectáreas de regadío. La recapitalización de las mismas -de acuerdo con estimados de la FAO- le costaría al país entre 67 y 441 millones de dólares, según la tecnología a emplear.
Por otra parte, la falta de agua fue un factor que incidió fuertemente en cultivos como el arroz, cuyo rendimiento por hectárea bajó 19,4% entre 1985 y 2011, impulsando -consecuentemente- su importación.
Estos datos solamente se refieren a un cultivo. Si se toma en cuenta que en los años 90´ el riego bajó al 19,5% de la superficie cultivable, y considerando que el 65% de los suelos en Cuba se clasifican como poco productivos y muy poco productivos, se infiere la urgencia de grandes inversiones en la infraestructura hidráulica del país para desarrollar la agricultura.
En general, la falta de nuevas tecnologías y equipamiento, y la reducción de capital de trabajo en el sector agropecuario, llevaron a que la productividad del trabajo -medida en términos de nuevo valor creado por trabajador- pasara de 2.237 pesos en 1990 a 1.924 pesos en 2012, para una reducción del 14%.
De este modo, la posibilidad de incrementar la producción agropecuaria demanda significativas inversiones que no pueden financiarse únicamente con recursos propios, sino que requieren de una notable participación del capital extranjero, cuya demanda se ha situado entre 2 mil y 2 mil 500 millones de dólares anuales.
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