La funcionaria le atribuyó al ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos el mérito de abrir un debate necesario sobre las restricciones de los poderes estatales para vigilar a los ciudadanos online y para almacenar sus datos, y sostiene que se le debe un gran acuerdo por desvelar este tipo de información.
Pero Estados Unidos no está dispuesto a perdonar que Snowden haya abierto una suerte de siniestra caja de Pandora, al sacar a la luz pública un secreto andamiaje global de apropiación de datos, mensajes y conversaciones de ciudadanos de cualquier lugar del mundo, incluidos jefes de Estado que tiene por aliados, y se le acusa de “robo de propiedades del Gobierno”, es decir toda esa información acumulada a las espaldas de los vigilados.
El más paradójico de los cargos presentados en su contra es el de espionaje, como si las revelaciones que levantaron ronchas no correspondieran a esta categoría solo por provenir de una superpotencia imperial con patente de corzo para obrar a su libre albedrío.
Para Pillay, se le debía ver como “defensor de los derechos humanos”, si es que entre estos se incluyen, y así lo creo, el irrestricto respeto a la privacidad ajena en las comunicaciones, que en este caso denunciado perseguía un claro objetivo de dominio hegemónico mundial.
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