ZKA

ZKA

6 nov. 2014

“Son acciones de especulación sistemática”

El Gobierno señaló a una empresa de bebidas, una farmacéutica y otra del rubro eléctrico como sospechadas por la AFIP de maniobras fraudulentas mediante triangulaciones en comercio exterior. “Presionan por una devaluación”, advirtió.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció que en el país existen empresas que “ejercen activamente el terrorismo económico a través de acciones de especulación sistemática”. Así lo manifestó ayer durante su informe bimensual desde la Cámara de Diputados. El funcionario mencionó como parte de este entramado a las empresas General Electric SA, Maltería Pampa SA (Cerveza Quilmes, Brahma, entre otras), cuyo presidente está vinculado con una financiera, el laboratorio Monte Verde S.A. (que produce para Laboratorios Raffo SA) y el caso de Procter & Gamble. Las maniobras denunciadas, y que son objeto de investigación administrativa por parte de la AFIP, incluyen subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones y la manipulación de los precios de transferencia con el objetivo de evadir o eludir el pago de impuestos en el país. Según estimaciones de los investigadores Jorge Gaggero, Magdalena Rúa y Alejandro Gaggero, la fuga de divisas en 2012 vía precios de transferencia fue de 13.218 millones de dólares, un 9 por ciento del total del comercio exterior.

Durante su última visita al Senado, el ministro coordinador sugirió que el Parlamento debía crear una comisión bicameral para investigar “las maniobras de desestabilización económica”. El bloque de senadores del FpV ya presentó un proyecto en esta dirección y ayer Capitanich profundizó la información sobre algunas empresas que a través de distintos mecanismos estarían evadiendo al fisco. Sobre General Electric, el funcionario acusó a sus directivos de aplicar una “sobrefacturación de importaciones y aumento de precios, lo que implica mayor egreso de dólares e incremento de la estructura de costos para generar un impacto en el balance fiscal”. Esta empresa emplea a más de 2000 personas y se dedica a proveer insumos básicos para iluminación, generación eléctrica, transporte aéreo y ferroviario, salud, tratamiento de agua, industrias metalúrgicas y de petróleo y gas.

Según un comunicado de la propia GE, la empresa “no ha recibido ningún requerimiento de las autoridades del Gobierno respecto de sus operaciones de comercio exterior” y aclaró que “dan cumplimiento a todas las leyes y normas de la Argentina”. La situación denunciada por Capitanich todavía no llegó a la Justicia, pero sí está en una instancia de investigación dentro de la AFIP.

A través de otro comunicado, el titular del ente fiscalizador, Ricardo Echegaray, sostuvo que los casos mencionados por Capitanich “se están investigando en sede administrativa, intercambiando información con administraciones tributarias y aduaneras de otros países, siguiendo los protocolos técnicos de los acuerdos suscritos por la AFIP en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Organización Mundial de Aduanas (OMA)”.

“Las presuntas maniobras fraudulentas para girar las divisas al exterior implican la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, además de operaciones con el contado con liqui que buscan generar presiones permanentes que induzcan a la devaluación”, graficó el ministro coordinador.

La otra compañía señalada por el funcionario fue Maltería Pampa S.A., que integra el grupo multinacional Ambev, dedicado a la producción global de cervezas. En la Argentina distribuyen Quilmes y Brahma, entre otras. En este caso se habría realizado una “subfacturación en las exportaciones, lo que provoca menor ingreso de dólares al país y una disminución de utilidades de la filial local”. El fraude estimado rondaría los 234 millones de dólares y para lograrlo se habría utilizado un sistema de triangulación mediante empresas vinculadas, algunas radicadas en Uruguay. En junio de 2013, a través de una asamblea ordinaria de socios, la empresa designó como presidente a Gustavo Jorge Friggeri, la vicepresidencia quedó para Nelson José Jamel y como director titular Gastón Alfredo Pringles. Los tres empresarios también forman parte del directorio de Hohneck S.A., una empresa dedicada a los servicios de financiación y actividades financieras (Asamblea ordinaria del 11/04/2011) y de Lambic Holding S.A., otra financiera (Asamblea ordinaria del 25/07/2013).

La otra denunciada fue Monte Verde S.A., empresa controlada por Laboratorios Raffo. Según Capitanich, las supuestas operaciones ilícitas rondarían los 16 millones de dólares. “La subfacturación en la exportación de productos farmacéuticos permite el giro de dividendos. Acá hubo un aprovechamiento de un convenio de cooperación comercial firmado con Perú y exportan a un tercio de lo que vale el producto”, informó el ministro coordinador.

“Una vez concluida la tarea profesional de investigación por los técnicos de la AFIP y en la medida en que el resultado de esas investigaciones arroje el impulso de una causa en sede judicial, procederemos a dar la información pública como se ha hecho recientemente en el caso de Procter & Gamble”, aclaró la entidad que preside Echegaray. Según una investigación de Verónica Grondona, economista del Cefid-AR, algunos casos de triangulación y manipulación de los precios de transferencia llegaron a los tribunales locales, entre ellos Nobleza Piccardo y Bagó, por las exportaciones realizadas vía Suiza, en el primer caso, y Panamá, en el segundo. Las cerealeras también forman parte de estas maniobras. Bunge y Cargill enfrentan demandas por la triangulación realizada a través de Zonamérica, la zona franca ubicada en Montevideo, Uruguay.

A la Bolsa le rompieron el invicto

“La Bolsa tiene 160 años de vida y han pasado gobiernos democráticos, de los otros, peronistas, radicales, de todo tipo, y nunca hemos tenido ningún tipo de sanción. Son momentos difíciles, pero estamos para contribuir al engrandecimiento del país”, se quejó ayer Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en relación con la multa que el Banco Central (BCRA) aplicó anteayer al Banco de Valores, entidad vinculada indirectamente con su gestión. Gabbi calificó incluso de “confiscatoria” la medida y vaticinó que “quedará en la nada porque no tiene sentido”. La multa aplicada es de 160 millones de pesos, 82,3 millones sobre la entidad y 79,3 millones que se les exigen a directivos en forma personal. Según fuentes oficiales, las operaciones irregulares por parte del Banco de Valores alcanzaron los 190 millones de dólares.

La sanción aplicada por la autoridad monetaria es la más alta de la historia. Llega después de que la presidenta Cristina Fernández criticara la inactividad del Banco Central, que derivó en el archivo de 80 mil denuncias de supuestas irregularidades en el mercado de cambios. Sin ser tan explícito, a eso se refirió Gabbi al mencionar que desde su creación, en 1854, nunca había recibido una multa. Un invicto sospechoso, en la medida en que el sector financiero, y por ende su centro rector, la Bolsa de Comercio, estuvo involucrado en varias oleadas especulativas en la historia argentina.

La sanción del Central remite a un sumario iniciado a partir del registro de operaciones irregulares entre junio y octubre de 2008 por parte del Banco de Valores. El BCRA encontró insuficiente la justificación por el origen de los fondos de operaciones vinculadas con el giro de divisas al exterior a partir del contado con liquidación, que consiste en la compra de bonos en pesos y su venta inmediata en el exterior, en dólares. El Banco de Valores no pedía información sobre el origen de los fondos de los clientes que compraban títulos. Esas operaciones irregulares equivalieron a un total de 194 millones de dólares.

El período al que remite la sanción fue crítico en términos de fuga de capitales. Entre abril y octubre de 2008, por la crisis política que disparó la resolución 125 y el derrumbe de Lehman Brothers, el Banco Central perdió 16.954 millones de dólares, casi igual a los 17.545 millones que precedieron a las elecciones presidenciales de 2011 y que luego motivaron la restricción a la compra de divisas para atesoramiento.

Ayer Gabbi salió en defensa del Banco de Valores, entidad creada en 1978 y cuyo accionista principal es el Mercado de Valores de Buenos Aires, que tiene diversos vínculos económicos con la Bolsa de Comercio. “El 99,99 por ciento de las operaciones del Banco de Valores son para servir al sistema bursátil argentino, es decir, para servir al financiamiento de las empresas argentinas. Nada tiene que ver con acciones cambiarias ni de salida de dinero del país”, aseguró Gabbi. “Hay que explicarle a la gente que el Banco de Valores y el sistema bursátil financian la totalidad de los electrodomésticos del país, casi todo el consumo, es decir que financiamos a la industria y al comercio nacional”, agregó.

El titular de la Bolsa consideró además que “la sanción es ridícula por el monto que deberían pagar, se trata de aproximadamente la mitad del patrimonio del banco, por lo que es totalmente confiscatorio del capital”. En realidad, los 82,3 millones de pesos que recaen sobre la empresa representa un 23 por ciento del patrimonio neto de 350 millones de pesos declarado por la firma en su balance contable correspondiente a 2013.

Imputados en Donnelley

La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº 12 solicitó la imputación de los directivos de la gráfica Donnelley. La firma de capitales estadounidenses está siendo investigada por la Justicia luego de una denuncia penal de la AFIP. Las autoridades fiscales aseguran que la quiebra pedida por la empresa sobre sí misma en agosto no está fundada en su situación económica, sino que se trata de una operación fraudulenta. Ayer, el fiscal Patricio Evers se presentó ante el juez Daniel Rafecas impulsando la acción penal y solicitando medidas. Además de imputar a los directivos de la sucursal argentina de Donnelley, el fiscal Evers solicitó a la AFIP la remisión de la información patrimonial de las declaraciones juradas de la empresa para establecer la situación económica de la firma. Asimismo, consultó a la Inspección General de Justicia y el Banco Central para que informen datos sobre los responsables y cuentas bancarias de la empresa. Evers también solicitó un peritaje contable.

No hay comentarios: