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2 ene. 2015

22 represores detenidos: avanza causa por Operativo Independencia

Por orden del fiscal Pablo Camuña, 22 militares, gendarmes y policías acusados de cometer crímenes durante el Operativo Independencia quedaron detenidos. Es la primera vez que todos los imputados son sometidos a proceso. La causa es emblemática: sentará un precedente jurídico para los delitos de lesa antes del Golpe.

El Operativo Independencia en Tucumán fue un paso estratégico de la represión antes del golpe militar del ´76. Encabezado por el general Acdel Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, y autorizado por decreto del gobierno de María Estela Martínez de Perón, no fue un hecho particular. Fue una serie de procedimientos entre febrero de 1975 y septiembre de 1977. La misión, asignada a la Quinta Brigada del Tercer Cuerpo del Ejército y en la que participaron más de mil quinientos soldados, fue eliminar a los focos “subversivos” que, a la luz de la experiencia de la Revolución Cubana, gestaban las guerrillas rurales en el norte del país. Después de décadas en que Bussi y sus secuaces celebraron su "éxito militar", el año pasado la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de los militares y policías que participaron del Operativo, y les imputó delitos de asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de 270 víctimas.

A partir de allí, y por primera vez, la justicia tucumana lo investigó como una megacausa. “El Operativo consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con el respaldo del gobierno civil en la provincia de Tucumán. Fue un operativo que se alargó en el tiempo y fue la prueba de ensayo del Terrorismo de Estado”, dijo a Infojus Noticias el fiscal federal Pablo Camuña, a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad.

La novedad del caso es que, por orden del fiscal, y a través de un plan comandado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en diez provincias, se detuvieron a 22 militares, gendarmes y policías que participaron de los hechos. Es la primera vez que todos los imputados son sometidos a proceso. De ese modo, la megacausa tomó un nuevo impulso. Fuentes judiciales calculan que tras la feria judicial se presentarán nuevas cargas probatorias contra los detenidos y se pondría una fecha estimativa para la apertura del juicio.

Quiénes son los detenidos

Desde la fiscalía informaron que quince de los detenidos ya fueron indagados y, salvo en un caso de excarcelación, permanecen en arresto domiciliario. Ellos son Omar Edgardo Parada -jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28-, Julio César Meroi -2do Jefe de la Cía. Comunicaciones 5 de Tucumán-, Milagro Alberto Balderrama, Juan Carlos Ruda, Raymundo Máximo Viltes, Ángel Fassola, Domingo Miguel Cruz, Marcelino Teodoro González, Gustavo Tomás Roque Cordero, Medardo Roberto Naranjo y Roberto Aquilino Barboza -personal del Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán”-; Casiano Pedro Burtnik y Enrique Pascual Avaca -oficiales de Gendarmería - y Manuel Rubén Vila y Eduardo Alfonso Pomponio -integrantes del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía de Tucumán-. Por razones de salud quedaron detenidos en sus domicilios a disposición del juez Daniel Bejas: Julio Luis Teodomiro Bidone, Rolando Andrés Rodríguez Argumedo, Enrique Benjamín Bonifacio, Ernesto Alejandro Repossi, Santiago Arriazu, Manuel Santos Véliz y Antonio Félix Castelli.

Además, el Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio de otros 18 imputados. El procesamiento, en todos los casos, comprende delitos de lesa humanidad como la privación ilegítima de la libertad y el uso sistemático de la tortura, cometidos en perjuicio de 270 víctimas.

La figura de "genocidio" antes del Golpe

Según el fiscal, la sucesión de detenciones está ligada a que las pruebas son contundentes y el juicio está cerca. Nunca antes, en Tucumán, se habían dado las condiciones para avanzar en una de las causas más emblemáticas de la represión, por la cual el ex gobernador Antonio Bussi se mostraba orgulloso. El mes pasado, el juez Daniel Bejas había dado otro paso clave, al procesar al represor Roberto Gordillo, "jefe de interrogadores" del Operativo Independencia, por homicidios, torturas, violaciones y otros crímenes de lesa humanidad. En la resolución, habló de que el genocidio se perpetró antes del golpe militar: “Los delitos investigados en esta causa se cometieron en el contexto de un ataque sistemático desde el Estado contra un grupo nacional argentino identificado como 'enemigo' del pensamiento 'occidental cristiano', en el marco del delito internacional de Genocidio”.

Según se desprende del expediente, el eje principal del Operativo Independencia fue el centro clandestino “La Escuelita” Diego de Rojas, de la localidad de Famaillá. Para dar cuenta de su dimensión estratégica, se comprobó que por allí pasaron 1.507 personas, acusadas de mantener “relación estrecha con el enemigo”. Muchos fueron asesinados o están desaparecidos. Lo paradigmático del operativo –que buscó erradicar “el foco revolucionario” encabezado por el ERP en el monte-, es que significó una verdadera ocupación militar de Tucumán.

Lejos de tratarse de un enfrentamiento exclusivamente militar contra la guerrilla en el monte, “la batalla” se libró esencialmente en el plano cultural y político, en la persecución de artistas, sindicalistas, intelectuales, religiosos y la intervención de la universidad pública de la ciudad de San Miguel. En palabras del general Vilas, la “guerra “era una “guerra eminentemente cultural" ya que la guerrilla en el monte era "sólo la manifestación armada del proceso subversivo y no la más importante".

La planificación de un plan criminal

Las llamadas “Fuerzas de Tareas” en las que se dividieron las fuerzas militares contaban, además, con su propio centro clandestino de detención: en el Ingenio La Fronterita, en los ex ingenios Santa Lucía y Lules, en Caspinchango y en Los Sosa, todas localidades del sur de la provincia. A ello -informó la fiscalía- se sumaba la actuación de la Policía de Tucumán, que tenía a su cargo el control del centro más importante del esquema represivo: la Jefatura de Policía. “Asimismo, la cárcel de Villa Urquiza ocupó también un eslabón más visible en esta constelación de centros clandestinos que se instalaron en toda la provincia”, se detalla en la causa.

El contexto de época es fundamental para entender la ejecución de un plan de aniquilación. Los militares aplicaron la metodología de la llamada “guerra contrarrevolucionaria” - aprendida de los franceses y luego de los estadounidenses-, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. “En el periodo comprendido entre febrero de 1975 y marzo de 1976 formaron parte de estas operaciones más de treinta unidades militares, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal de todo el país. Las consecuencias del Operativo Independencia en la provincia fueron devastadoras", dijo el fiscal Camaño.

Su efecto expansivo marcó un antes y un después en la concepción de la “lucha antisubversiva”: en cuestión de meses, el Poder Ejecutivo ordenó al Ejército extender a todo el país las operaciones contras las organizaciones guerrilleras.

Procesar a "Isabelita"
De las causas judiciales en trámite por delitos de lesa humanidad en Tucumán, la tercera parte de ellas corresponde a hechos ocurridos con anterioridad al Golpe de Estado de 1976, “lo que remarca al mismo tiempo los efectos que tuvo en la sociedad tucumana este primer `banco de pruebas` represivo, que sirvió para desmontar un sindicalismo azucarero organizado, un movimiento universitario y cultural único en la región, así como representó el primer caso de disciplinamiento de la prensa y de utilización del poder judicial federal como un engranaje legitimador del plan criminal", se explicó desde la fiscalía.

Por último, el fiscal pidió profundizar los hechos de violencia sexual y de los robos a propiedades de las personas secuestradas y detenidas. Y dijo que espera un fallo de Casación para que sea indagada María Estela “Isabelita” Martínez, también acusada de crímenes de lesa humanidad en el marco del Operativo Independencia. "La firma del decreto presidencial N° 261/75 fue crucial para el desarrollo del plan militar y la incrimina en los hechos”, subrayó. El telón de fondo es esclarecedor. El Operativo, en efecto, es considerado como el antecedente fáctico del accionar de la dictadura: el plan represivo practicado en Tucumán se puso luego en marcha en todo el país, pero de manera sistemática y organizada.

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