Debe ser insoportablemente frustrante estar en los zapatos de un ser humano de la estatura del fiscal federal Alberto Nisman: un funcionario que lleva diez años de dedicación exclusiva a investigar una causa y lo único relevante que logró aportarle a la sociedad argentina –a la que debe representar desde el Ministerio Público– fue una canallada; un ataque torpe, inverosímil, contra la presidenta de los argentinos que desvirtúa su función fiscal de perseguir justicia para las víctimas del peor atentado que sufrió el pueblo argentino en general y la comunidad judía en particular, como fue el ataque contra la AMIA el 18 de julio de 1994. Hace 20 años.
Nisman acusó a Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, al diputado y líder de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, entre otros, de montar un plan criminal con el fin de "decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán". Un despropósito.
De manera sintética: denuncia Nisman que la jefa de Estado impulsó el Memorando de Entendimiento con Teherán con el fin de intensificar la relación comercial con Irán para importar petróleo y exportar carne y granos, y como moño, aventura el fiscal, el trueque incluiría impunidad para los nueve imputados, un libanés y ocho iraníes, entre ellos, Mohsen Rabbani, consejero cultural en la embajada del país persa en Buenos Aires entre 1994 y 1998. Es tan absurda la teoría conspirativa que se deshilacha con facilidad. Por un lado, no se incrementó el comercio bilateral entre ambos países. Y el Memorando no se concretó. El propio Nisman en su escrito señala que Irán no habría firmado porque el pedido de captura internacional que pesa contra los imputados por parte de Interpol sigue vigente. Algo, por cierto, que el gobierno argentino nunca reclamó que se revocara: la orden de Interpol siempre se mantuvo activada.
En mayo del año pasado, la Cámara Federal porteña declaró "inconstitucional" el Memorando. Pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo había declarado constitucional; o sea, que entendió desde la justicia que no había un pacto criminal como denuncia ahora Nisman. ¿O Canicoba Corral encubrió ese pacto demencial que observa el fiscal? ¿Por qué Nisman, entonces, no denuncia al juez que lo avaló?
Porque el escrito de Nisman es otro parte de guerra, de la embestida frontal que la corporación judicial lanzó contra el gobierno democrático. Un fiscal que no avanzó ni medio metro en la causa por el atentado y que dispuso de los recursos para hacerlo ahora pide la indagatoria de Cristina.
No se discute la atrocidad terrorista cometida contra la AMIA, se discute el nuevo Código Procesal Penal y las designaciones de los 16 fiscales por parte de la Procurada General de Nación. Se discute la democratización de la justicia. Y la "familia judicial" no está acostumbrada a discutir. Prefiere golpear que ceder.
Nisman no tiene respuesta ante los familiares de las víctimas y ante la sociedad por su ineficacia al frente de la investigación por el ataque terrorista y tira del mantel institucional denunciado a la jefa de Estado con una trama inverosímil que combina espionaje, escuchas, servicios de inteligencia, y un prolijo resumen novelesco para la prensa hegemónica que en las últimas horas dedicó vergonzosos esfuerzos a generar un clima absurdo en la sociedad. Desde una narrativa afiebrada –peligrosamente patológica– se pretendió vincular al gobierno nacional con la masacre de París. Se sacó de contexto declaraciones de funcionarios, periodistas, intelectuales o militantes del kirchnerismo para elaborar un relato que les permitiera inducir que el gobierno de Cristina no condenó el ataque criminal contra Charlie Hedbo. Una condena que fue explícita y pública como la que realizaron otros países del mundo.
En ese delicado marco, Nisman en plena feria judicial irrumpe con una denuncia desorbitada que arrastra supuestas escuchas telefónicas de 2011 y 2012, antes incluso, del Memorando, que emergen del subsuelo de la Patria y ven la luz ahora. Nisman denuncia y, como acto reflejo, dos diputadas del macrismo, Laura Alonso y Patricia Bullrich, de inmediato lo invitan al Congreso para que la jugada del fiscal no se limite sólo a los tremebundos pasillos tribunalicios. Y de inmediato, Nisman, obviamente acepta.
Y es tan irracional todo lo que produce esta usina destituyente, que a Nisman lo citan dos diputadas que responden al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que está procesado en una causa por supuesto espionaje ilegal, por la que está detenido el ex comisario de la Policía Federal Jorge "Fino" Palacios, que tuvo un controvertido rol en la investigación del atentado a la mutual judía en tiempos del menemismo. Todo tan demencialmente circular, que en la causa que está procesado el jefe político de Bullrich y Alonso –léase Macri– se espió ilegalmente a familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA.
El oportunismo opositor será juzgado en las urnas en pocos meses. En cuanto Nisman, no será sólo la historia quien lo juzgue.
Mientras tanto, la Justicia no hace justicia para las 85 víctimas del atentado a la AMIA.
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