El cambio de escenario se debe a que el pasado 31 de diciembre venció la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (llamada Rufo, por sus siglas en inglés) que regía en los contratos que firmó con los acreedores que, a diferencia de los fondos buitre, sí aceptaron sumarse a procesos de canje en 2005 y 2010.
La cláusula establecía que ningún bonista obtendría mejores condiciones de pago que aquellos que reestructuraron su deuda, cosa que hubiera ocurrido si Argentina se sujetaba al fallo emitido el año pasado por un tribunal de Estados Unidos que le obligaba a pagar mil 300 millones de dólares a los especuladores.
El caso argentino desató una preocupación global en materia de deuda por el poder otorgado a los “buitre”, que son fondos de inversión que especulan con deuda de países comprando bonos a precios de remate que luego cobran por cifras millonarias.
Argentina logró, en dos procesos realizados en 2005 y 2010, que 92.4 de sus bonistas aceptara reestructurar los pagos con rebajas de hasta 75 por ciento.
Por el contrario, un minoritario porcentaje de los acreedores se negó a negociar y el año pasado 1.0 por ciento de ellos obtuvo un triunfo en tribunales de Estados Unidos, que le exigieron a Argentina pagarle a los “buitres”, al contado y de inmediato.
De haber pagado sin protestar, Argentina hubiera recibido un alud de demandas por parte de 92.4 por ciento de sus bonistas que estarían en condiciones, gracias a la cláusula Rufo, de reclamar porque el pago a los “buitres” implicaba mejores condiciones que las que ellos aceptaron.
Con la cláusula vencida, ahora el gobierno está en condiciones de renegociar sin la amenaza de recibir juicios multimillonarios, aunque lo que falta es que los demandantes quieran modificar sus condiciones de pago, tal y como pretende ofrecer Argentina.
La renegociación es clave porque permitirá que el país sudamericano salga del “default” (moratoria) en el que se mantiene desde que el juez estadounidense Thomas Griesa les dio la razón a los fondos buitre y congeló los pagos destinados al resto de los acreedores.
El fallo de Griesa, quien permanentemente ha favorecido a los fondos “buitre”, provocó una situación inaudita, ya que Argentina ingresó en una involuntaria e inédita cesación de pagos pese a que tiene la capacidad y voluntad de pagar.
La negociación es necesaria y estratégica para Argentina, ya que el país deberá pagar durante 2015 unos 12 mil millones de dólares por vencimientos de capital e interés de la deuda externa.
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