Si de algo no se puede acusar a los que han gobernado Grecia en los últimos cinco años es de no saber de economía capitalista. Lucas Papademos, gobernador del Banco Central griego entre 1994 y 2002, y hasta 2012 primer ministro, es un flamante profesor de Harvard y ejecutivo de Goldman Sachs, que antes de ser presidente del Banco Central de su país fue vicepresidente del Banco Central Europeo. Y antes de eso, gobernador de la Reserva Federal de Boston. Antonis Samarás, el saliente primer ministro, no tiene un currículo tan resplandeciente, pero es un economista graduado en Harvard y, como Papademos, cercano a Goldman Sachs.
En Grecia no ha habido en todos estos años gobiernos populistas, de izquierda o progresistas. De hecho, en realidad pudiera decirse que no ha habido exactamente gobierno en sentido estricto, porque toda la política griega la definen el Banco Alemán, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos griegos en este sentido actúan como agentes encargados de aplicar la política, pero bajo la supervisión de la llamada troika, una especie de comité interventor integrado por comisionados de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
En virtud de lo anterior, en Grecia la política de los últimos cinco años se ha aplicado siguiendo a rajatabla los principios del “libre” mercado: no existen controles de precio ni de cambio y menos aún inamovilidad laboral. Los gobiernos no pueden intervenir en los mercados estimulando irresponsablemente la demanda ni el Banco Central puede emitir moneda fuera de los cánones de la ortodoxia económica. Así las cosas, en Grecia se ha hecho todo lo que los expertos dicen que hay que hacer para equilibrar y sanear las economías: se ha reducido el déficit fiscal, el gasto público y flexibilizado el trabajo; se han brindado todas las condiciones posibles para que a los inversionistas extranjeros les resulte atractivo invertir, se han privatizado empresas públicas, eliminado subsidios, en fin, se ha aplicado la receta completa.
Uno de los síntomas más claros del éxito de las políticas aplicadas en Grecia ha sido la reducción de la inflación. De hecho, no hay inflación. Es más, pasa exactamente lo contrario: desde hace casi tres años se vive una caída generalizada de los precios, tan sistemática que ya va por valores negativos: -0,8% al cierre de 2014. Es lo que los economistas llaman deflación.
Así puestas las cosas, uno no entiende a qué se debe la crisis griega, por qué los griegos y las griegas manifiestan tanto todos los días y, menos aún, por qué contra toda lógica convencional se han atrevido a dar un salto que puede no solo sacarlos de la todopoderosa Unión Europea, sino ponerlos en conflicto con toda la institucionalidad económica planetaria. Han votado por un candidato de izquierda que claramente ha manifestado sus simpatías por el chavismo y por los gobiernos progresistas latinoamericanos, que tiene un hijo llamado Ernesto en honor al Che y que públicamente ha dicho que no seguirá los dictámenes de los tecnócratas del FMI y el BCE. Pero, precisamente, ha sido el éxito y no el fracaso de la política aplicada en los últimos años la razón del descontento del pueblo griego. Pero no porque griegos y griegas sean masoquistas, sino porque la política ha consistido en colocar por encima del bienestar de la población los intereses de la banca local y foránea, en actuar siguiendo el fetichismo de los indicadores de equilibrios macroeconómicos subordinando por esta vía a la población trabajadora a los designios de los patrones.
El mejor ejemplo de ello es precisamente la inflación. Se redujo siguiendo la receta de los expertos económicos e, inclusive, se eliminó. Pero al precio de un desempleo desesperante y un empobrecimiento generalizado que trajo como resultado una situación de subconsumo en la población, de una imposibilidad generalizada de comprar incluso bienes de primera necesidad. En Grecia, actualmente se registra un 27% de desempleo, que se dispara a 37% en el caso de las mujeres y 50% en el de los jóvenes. Se calcula que el 10% de los alumnos griegos de educación primaria y media padecen lo que los profesionales de la salud pública denominan “inseguridad alimentaria”, es decir, que pasan hambre o corren peligro de pasarla. Un informe elaborado por Unicef en 2012 mostraba que, entre las familias con niños más pobres de Grecia, más del 26% tenían una “dieta pobre por motivos económicos”.
La situación de subconsumo y hambre es tan desesperante que en septiembre de 2013 el gobierno tuvo que aprobar una controvertida ley que autoriza a los locales comerciales a vender a precio de costo mercancía perecedera más allá de su fecha de vencimiento. Las razones fueron dobles: para que la gente pueda comprar alimentos y para que los locales comerciales y productores recuperen al menos sus costos, de modo que no se vean forzados a cerrar sus locales y despedir trabajadores, lo que se ha convertido en un círculo vicioso que ahonda más la crisis y la deflación.
Lo más paradójico de todo es que nada de lo hecho ha redundado en un crecimiento de la economía griega y menos aún en una reducción de su deuda. Y este último aspecto es muy importante, pues, como se recordará, la razón principal de la intervención del FMI y el BCE fue el peligro que la deuda representaba. Sin embargo, los resultados después de la intervención son claros: en 2007, antes de la “crisis” la deuda griega rondaba el 107% de su PIB, hoy día asciende al 177,5%, con un decrecimiento del 20% de su PIB.
Ese “éxito” del modelo tecnócrata es lo que explica la llegada al poder de Syriza. Mismo “éxito” que tuvo en los ’90 en países como Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia, hasta la llegada de los gobiernos que torcieron el rumbo de cosas hacia mejores direcciones. Y por lo demás, mismo “éxito” que auguran quienes dicen que ése es el modelo a copiar para salir de nuestra “crisis”.
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