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10 abr. 2017

Armas sin control

Hace más de un año que el Plan de Desarme está paralizado. El gobierno que hace de la seguridad su bandera promueve la tenencia de armas entre la población civil. En los hogares argentinos hay casi dos millones. Pablo Galfré relata en esta crónica los periplos para entregar a los organismos oficiales las armas que heredó de su padre. La respuesta de los funcionarios: ¿Por qué no te las quedás?

El 29 de marzo de 2016 en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires el abogado Silvio Guillermo Martinero mató por la espalda a Daniel De Negri. Ante el dilema de plata o plomo, este ex militar optó por sacar su pistola Glock y disparar contra los dos ladrones que le habían sustraído un maletín con 50 mil dólares. Sin embargo, las balas terminaron en la espalda de De Negri, un cerrajero de 55 años, marido y padre de dos hijos.

Hoy, 30 de marzo, como Martinero, estoy calzado: tengo en mi poder un vetusto revólver Smith anda Wesson, calibre 44 especial; una pistola Beretta, calibre 25 que hace años no abandona su estuche roído; y una escopeta negra, calibre del 12 y a repetición, marca Maverick, que quién sabe si alguna vez debutó en el arte del disparo.

No soy un apasionado del fuego artificioso. Sólo recibí estas armas de un padre que también está cansado –como sus añosos pertrechos– para hacerse cargo de semejante responsabilidad.

Como los tiempos (y las ideas) cambian, en vez de apreciar el botín opté por esconderlo durante un tiempo bien al fondo de la baulera, detrás de varios trastos viejos, para evitar que por un eventual robo terminara en el mercado negro e ilegal. Pero en esta familia ya es hora de decirle adiós a las armas.

Sé que en 2006 el Congreso de la Nación aprobó el Plan Nacional de Entrega Voluntario de Armas de Fuego y llamo al Registro Nacional de Armas (Renar) para ofrecer mi armamento.

Lunes 4 de abril de 2016: no atiende nadie. Martes: da ocupado. Miércoles: después de diez minutos de música en espera, una señora informa, sin repetir y sin soplar: “… para el Plan de Desarme llame al Ministerio de Justicia, interno 78384”. Marco: no atiende nadie. Jueves: Me atiende un desconocido que dice: “tenés que llamar al interno 78392 para que te den turno”. No atiende nadie. Viernes: Lo mismo. Sábado y domingo: Descanso. Pasan los días y las armas siguen, ahí, escondidas detrás de una tele Aurora Grundig.

Lunes otra vez:

– Qué tal. Llamo porque quería entregar unas armas para desarmar.

– ¿Desarmar? –contesta del otro lado sorprendido un empleado del depósito del Renar–. El Plan de Desarme no está vigente. Dicen que va a empezar otra vez en noviembre, por ahí, aproximadamente. Nosotros podemos recibirlas pero sin ningún tipo de incentivo económico, solamente por abandono de material.

– No hay problema, no busco dinero. ¿Dónde tendría que hacerlo?

– En Sabio 1700, San Martín. Es el único lugar habilitado. De lunes a viernes, de 9 a 15 horas.

– Las armas no son mías, están a nombre de mi padre, quien por cuestiones de salud no se puede acercar. ¿Puedo ir yo? ¿No voy a tener ningún problema?

– (Silencio). Eeeeeeee. Aguantame un segundito. –Vuelve y prosigue–. Tenés que venir con las armas detallando la situación y nosotros lo derivamos al Renar.

– ¿Pero las armas las desarman en frente mío?

– No, quedan así, armadas.

– Pero el plan es de “desarme” –retruco, sorprendido.

– No, porque no está en vigencia. Las armas se destruirán si Asuntos Jurídicos determina que así sea. Mientras tanto quedarán acá. Si se determina que no es procedente podés hacerte legítimo usuario y llevártelas –ofrece el funcionario del RENAR–. El tema es que además, si mientras traes las armas te para la policía, podés tener un problema por no ser legítimo usuario, cosa que antes no pasaba porque el Plan brindaba una amnistía. Te conviene esperar hasta noviembre, cuando se reactive el plan.

– Bueno, gracias…, me despido y pienso: “la pucha, estamos en marzo. Ocho meses más con los bufosos conmigo”.

El plan de desarme suspendido

Efectivamente, entro a www.desarmevoluntario.gob.ar y la web informa:

El Plan que ofrecía un desarme simple y voluntario, la entrega anónima de armas en decenas de Bocas de recepción en Capital y Gran Buenos Aires, y la amnistía al que no tuviera los papeles en regla –reconocido por Naciones Unidas por ser “una política sostenible, que demuestra que el cambio positivo es posible cuando hay voluntad política”–, fue dado de baja por el actual gobierno que no dio luz verde al Congreso de la Nación para que prorrogue la Ley 26.216 que regula el Plan de Desarme, como venía haciéndose en los últimos años.

Para conocer los porqués pido una entrevista con Natalia Gambaro, titular desde diciembre de 2015 del ex Renar, ahora Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados). Gonzalo Volpe, empleado de prensa, me informa: “La idea es prorrogar el Plan pero aún no sabemos cuándo se aprobará”.

Hablo con Adrián Marcenac, uno de los tantos integrante de la Red para el Desarme y padre de Alfredo, un joven asesinado en 2006 –así porque sí– por Martín Ríos, bautizado por la prensa como El tirador de Belgrano, un legítimo usuario, inimputable según dos Tribunales Orales, que había obtenido su permiso de tenencia expedido por un simple traumatólogo del ex Renar.

“Cuando nos reunimos por primera vez con la directora del Renar nos dijo que habían conversado con el presidente de la Cámara de Diputados para que aprobaran la prórroga rápidamente –me comentó Adrián en junio del año pasado–. Sin embargo, en una segunda oportunidad, Federico Sotille, director de Relaciones Institucionales, nos informó que aún no estaban en condiciones de volver a implementarlo porque se estaban interiorizando sobre el funcionamiento del organismo, haciendo un inventario del los stocks en los depósitos y que como hubo muchos despidos no cuentan con personal disponible. Creo que no tienen ningún apuro en volver a impulsar el plan”.

Aldana Romano, politóloga y directora del Instituto Comparado en Ciencias Sociales y Penales (INECIP), unas de la tantas organizaciones que integran la Red explica: “Estamos esperando que la nueva gestión cumpla lo que nos prometió: reformar la vieja Ley Nacional de Armas y Explosivos –que es de 1973–, y volver a implementar el programa de desarme. Nos pidieron tiempo para terminar el inventario”, se queja.

Marcenac coincide con Romano: “Nosotros siempre hemos dicho que aunque el Plan sea imperfecto y haya languidecido durante varios años, siempre fue una alternativa para gente que quiere entregar un arma, como en tu caso”.

Ambos concuerdan que el Plan necesita relanzarse, que tuvo un recorrido auspicioso desde su creación y hasta 2009, período en el que se incautó el 75 por ciento de las 175 mil armas desarmadas hasta la fecha. “Después vegetó, sin ningún tipo de efecto”, critica Marcenac al anterior gobierno.

Aldana enfatiza: “La prevención tiene que ser una política permanente por parte del Estado, básicamente para nunca dejar de insistir que las armas son un problema”.

– ¿Por qué es tan importante desarmarse?

– Porque en Argentina ocho personas mueren por día por causa de armas de fuego. Y la mayoría de esas muertes no ocurren en ocasión de delitos, sino como resolución de conflictos– argumenta Romano.

– Lo más grave de todo esto es que de esas muertes, sólo un 25 por ciento están relacionadas con los delitos comunes, –aclara Marcenac–. El resto, el 75 por ciento, no tiene nada que ver con la inseguridad, sino que en un 25 por ciento son suicidios y el otro 50 por ciento son muertes que se podrían evitar si no hubieran armas en casas de familia o en manos de civiles.

Muertes que provienen de la “resolución de conflictos de forma violenta”, como las discusiones callejeras, territoriales, la violencia en fútbol o de género. Precisamente, Adrián y su mujer Mónica Bouyssede, desde la Asociación Civil Alfredo Marcenac, capacitan a docentes y alumnos para promover la resolución de conflictos de forma pacífica y promueven que los civiles dejen las armas de lado.

Según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, la cantidad de armas en manos de civiles es el triple de los registros oficiales del ex Renar, que es de 1.200.000.

La prórroga

Las armas, finalmente, se quedaron ahí, armadas, vecinas de la tele vieja y de un CPU también en desuso y fuera de tiempo. De refilón, sin proponérmelo, en diciembre del año pasado me enteré que el 28 de setiembre el Congreso había prorrogado el Plan de Desarme. A mí, como al resto de todos los medios nacionales, se nos había pasado semejante noticia. El flamante Ejecutivo no había reglamentado, como había prometido a la Red Argentina para el Desarme, al Anmac, la ley 27.192, aprobada “con el rotundo apoyo de todos los bloques parlamentarios”.

La Red explica que, histórica y paradójicamente, la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca (AICACYP) dirigía el Ente Cooperador ex Renar y que éste nunca tuvo presupuesto propio sino que se financiaba de la misma venta de armamento. O sea que quienes se veían beneficiados por la venta de armas a su vez controlaban la capacidad física y psíquica de quienes deseaban armarse.

Todas las organizaciones que integran la Red estuvieron durante diez años tratando de desarmar este esquema perverso. Después de muchas negativas, consiguieron que el Congreso apruebe en 2015 la ley 27.192, que le otorga a la Anmac un presupuesto propio y obliga al Estado a administrar el Ente, convirtiendo al organismo en una verdadera agencia de “control de armas”. Pero el gobierno de Cambiemos lo único que hizo fue hacer un cambio de figuritas y entregó el control del Ente a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). “Este hecho representa una grave violación a la ley de creación de la Anmac…”, denuncia en un comunicado de la Red de Desarme. “A través de estas maniobras, el Gobierno desnaturalizó la ley que creó la Anmac, le quitó el presupuesto propio al organismo y dejó su financiamiento librado a la venta de permisos para tener armas. Es absolutamente necesario dotar a la Agencia de un sistema de financiamiento que le permita ejercer una verdadera política de control y no un mero cambio de actores. Al día de hoy aún no se ha modificado la arcaica estructura del ex-Renar, incompatible con las funciones propias de una agencia estatal encargada de disminuir las consecuencias de la violencia armada en nuestra sociedad”, concluye la gacetilla.
Finalmente, la entrega

Es 19 de diciembre y antes que finiquite el año quiero rendirme y entregar escopeta y pistolas. Lunes: llamo al Ministerio de Justicia pero no atiende nadie. Martes: llamo al Anamac y no atiende nadie. Miércoles: Vanina Luquese, jefa de prensa de la Anmac, me informa: “Estamos esperando la reglamentación del Plan”. No sabe cuándo se volverá a implementar. Me dice que puedo llamar al Renar para que las entregue sin la compensación económica pero no conoce el número telefónico. Llamo al conmutador, marco “1 para informes…” pero la voz neutral sentencia: “Entrada incorrecta”. Llamo y se corta; llamo y no atiende nadie; llamo y me despachan. Así hasta fin de año. Los gringos Smith, Wesson y Maverick finalmente festejaron el fin de año junto al tano Beretta y Aurora Grundig, ahí amuchados en la tórrida baulera.

Durante los dos primeros meses de 2017, un hombre, denunciado por violencia de género, mató a su ex esposa y a otros cinco integrantes de su familia; dos chicas fueron asesinadas en la madrugada de Florencia Varela y otras dos quedaron gravemente heridas; de una fiscalía de La Matanza robaron 40 armas de un depósito judicial; en Bahía Blanca, un policía mató a su padre en medio de una discusión familiar. La Red, haciéndose eco de todos estos hechos de sangre, distribuyó un nuevo comunicado, aún más crítico que el anterior, en el que acusa al Poder Ejecutivo de “complicidad” en la “proliferación de armas de fuego en el seno de la sociedad”.

A su vez, denuncian que la mitad de los casi 800 mil permisos de legítimo usuario están vencidos y que actualmente el Estado no tiene la capacidad de controlar el mercado legal de armas y mucho menos el ilegal, el cual a su vez es nutrido por el primero.

Como mi objetivo final es realmente desarmarme intento nuevamente en el Ministerio de Justicia, donde casi un año atrás me pusieron muchos peros para desarmarme y finalmente me recomendaron bautizarme como legítimo usuario. Esta vez un amable empleado me informa que puedo entregar las armas, a pesar de la no implementación del Plan.

Finalmente, la semana pasada, luego de un año de haber comenzado mi intento de desarme, ofrendé al Estado la pistola, el revólver, la escopeta y 49 balas desperdigadas. Así lo acredita el Acta de Ingreso Nro. 00204/2017 que me entregó el funcionario del Departamento Técnico de Material Controlados del BANMAC.

Demasiado trabajo para decirle tan sólo adiós a las armas.

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