El punto de partida de las páginas que siguen, además del deseo siempre presente de explicar procesos, es un estadio anterior. Son sensaciones fuertes que me acompañan desde diciembre de 2015: el malestar y el azoramiento frente a la reiteración, en los ámbitos de la sociedad civil y la política, de discursos fracasados en la historia económica local y mundial. Vuelven a escucharse discusiones completamente superadas por la experiencia histórica y teórica; cuestiones tan viejas y respondidas como el rol del Estado, el proteccionismo, los efectos de una devaluación, las causas de la inversión o la explicación de la inflación. La lista podría seguir hasta incluir a todos los agregados macroeconómicos. Pero el punto de partida, el verdadero problema es que, luego de la experiencia de 2003–2015, el país se encuentra nuevamente frente a una restauración neoliberal.
La nueva realidad post 2015, entonces, no constituye una mera alternancia dentro de un régimen democrático estable. Se trata de la expresión de un proceso de mayor complejidad cuyos resultados en términos de sustentabilidad social y política podrían ser inquietantes por dos razones fundamentales. La primera, porque aun en caso de que a la actual administración “le vaya bien” en sus propios términos, el modelo puesto en marcha se caracteriza por no crear empleo suficiente. Esto es así porque se concentra en el desarrollo de sectores con ventajas comparativas estáticas, como agro y energía, y sectores ya establecidos y altamente concentrados de la industria, los que en conjunto no son lo suficientemente demandantes de mano de obra, es decir que el modelo no es sustentable socialmente porque deja fuera a una parte de la población. La segunda remite a que el nuevo régimen basa su funcionamiento –otra vez en la historia económica local– en la entrada de capitales, principalmente bajo la forma de endeudamiento externo, una toma de deuda que además no se produce en paralelo al desarrollo de sectores generadores de divisas para el repago. En consecuencia el modelo tampoco es sustentable financieramente en su frente externo.
La pregunta del millón, que a su vez es la fuente del malestar y azoramiento inicial, remite a por qué se reincide en una política económica que conduce a la insustentabilidad social y financiera, cuando tanto la teoría como la experiencia histórica, local y global, “conocen” el resultado al final del camino.
El núcleo
Avanzado 2017, dejó de ser una predicción que el gobierno surgido del balotaje del 23 de noviembre de 2015 no representó una mera alternancia democrática, sino un cambio de régimen instrumentado a través de un verdadero shock económico. Aunque la dirección de las transformaciones ocurridas era predecible, en los primeros meses sorprendió la velocidad de avance, el cambio de discurso y, en particular, la falta de resistencia, no ya del conjunto de la sociedad, sino de la mayoría de la dirigencia política que, con la excusa de no entorpecer la “gobernabilidad”, habilitó al nuevo gobierno a conducirse, no como una mayoría circunstancial surgida de las urnas, sino como el representante de un nuevo bloque histórico.
La regresión
Devaluación: El shock económico provocado por Cambiemos a partir de diciembre de 2015 comenzó por el levantamiento de los controles cambiarios aceptando como dado el nivel del tipo de cambio del mercado negro, la cotización del eufemísticamente llamado “dólar blue”. El nuevo precio de la divisa no fue obra de presuntos equilibrios del mercado de cambios, sino una decisión política, como siempre lo es –mientras se tenga el control de las variables- la fijación del nivel del tipo de cambio. El dato notable fue que la potente devaluación de la moneda local en un 40 por ciento se transmitió al conjunto de la sociedad como una presunta “liberación”, como el añorado “levantamiento del cepo” al que además los medios de comunicación se apresuraron a calificar como “exitoso”.
Eliminación de retenciones: En el mismo diciembre también se anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias con excepción de la soja, a la que solo se le aplicó una baja parcial de 5 puntos, aunque se anunció que su alícuota continuará bajando a partir de 2018. También se eliminaron las retenciones residuales que quedaban sobre algunos productos industriales y, con días de diferencia, se otorgó el mismo beneficio a las exportaciones mineras. Sin embargo, para parte del sector industrial, no todas fueron buenas noticias, pues al mismo tiempo comenzaron a destrabarse todas las importaciones frenadas por las DJAI. Se cumplía así con una de las principales promesas de campaña y a la vez una de las principales demandas del bloque histórico expresado por el nuevo gobierno.
El levantamiento de los controles cambiarios, primero parcial y luego total, y la eliminación de los aranceles al comercio exterior cumplió con dos de los principales requerimientos de las multinacionales que gobiernan de facto el capitalismo global: la libre circulación de capitales y de mercancías.
Redolarización de tarifas: A partir de marzo de 2016 comenzaron los ajustes tarifarios. Los aumentos fueron desde el 400 a más del 1000 por ciento, dependiendo del tipo de servicio y usuarios, proceso que al redactar estas líneas, avanzado 2017, todavía continúa. La desproporción de las subas significó un fuerte impacto en el ingreso disponible de los trabajadores, que desde entonces deben destinar una porción mucho mayor de su salario al pago de servicios, así como en los costos de las empresas. Para muchas pymes y pequeños comercios el shock tarifario llevó al límite sus ecuaciones de costos. Luego, al tratarse de uno de los principales precios relativos de la economía, los aumentos tarifarios fueron responsables de buena parte de la fuerte inflación registrada.
Baja de salarios: Puede parecer notable que gobiernos democráticos bajen salarios. También es notable que se consigan bajas salariales a pesar de la existencia de un movimiento obrero organizado y de trabajadores empoderados por años de crecimiento y de mejoras en sus ingresos. Sorprende también la velocidad con que esto sucedió. En pocos meses se pasó de reclamos de segunda generación, como claramente lo eran las demandas contra el Impuesto a las Ganancias que motivaron hasta paros generales contra el gobierno anterior, al temor de perder el empleo. De acuerdo a distintas fuentes en 2016 la pérdida del poder adquisitivo del salario fue de entre el 6 y el 10 por ciento, con piso en el sector privado y techo en el público.
Reendeudamiento y dependencia: La foto del balance de pagos 2016 indica en primer lugar que la devaluación, “la exitosa salida del cepo”, no cumplió la promesa mainstream de morigerar el déficit de la Cuenta Corriente, dato que según la buena teoría era esperable en tanto, como se explicó, la devaluación no aumenta las exportaciones. El déficit de la Cuenta Corriente se resolvió recurriendo a un endeudamiento desaforado, pero sin un plan que destine los fondos a la reducción futura del déficit externo, es decir al desarrollo. Este endeudamiento, más la política monetaria que fijó una elevada tasa de interés de referencia que sobreestimuló el carry trade, más conocido como “bicicleta financiera”, redundó en un ingreso de divisas que, tras la devaluación inicial, permitió mantener anclado el tipo de cambio, lo que dada la aceleración de la inflación significó iniciar un inmediato proceso de revaluación. El resultado fue la recreación de las condiciones para la dependencia permanente del ingreso de capitales. Dicho de manera sucinta: la recreación de la dependencia. Volvió a iniciarse un ciclo conocido y repetido de la economía local. Lo que se observa es un peso creciente de la deuda financiera sobre las cuentas públicas que demandará recursos presupuestarios también crecientes, los que se utilizarán como excusa para ajustes continuos. Como la nueva deuda es mayoritariamente en divisas y continuará el déficit de la Cuenta Corriente, se acentuarán los lazos de dependencia con el ingreso de dólares del exterior. Los planes de ajuste al estilo FMI están a la vuelta de la esquina. Otra vez la sombra de las renegociaciones de deuda con condicionalidades, avance sobre el patrimonio público y pérdida de grados de libertad de la política económica.
Vamos a destacar cuáles fueron las medidas que posibilitaron la salida del neoliberalismo luego de la crisis de 2001–2002. Recapitulando, las decisiones económicas núcleo fueron:
1- El establecimiento de aranceles al comercio exterior, los que protegieron el mercado interno, desdoblaron los tipos de cambio efectivos entre los distintos sectores económicos (dependiendo de la tasa de retenciones a las exportaciones), amortiguaron el impacto de la devaluación a través de la baja de los precios internos y permitieron al Estado participar por la vía fiscal tanto del ciclo alcista de los commodities como de los beneficios extraordinarios de la depreciación. Los aranceles, junto a otras medidas complementarias como las DJAI o las licencias no automáticas, también protegieron selectivamente de las importaciones al mercado interno.
2- La desdolarización de las tarifas de los servicios públicos, lo que significó la reducción de uno de los principales precios relativos de la economía, tanto para los consumidores, en tanto se liberaron recursos para el consumo, como para las empresas, para quienes significó una baja de los costos de producción.
3- El aumento de salarios. Primero fue la suba del salario mínimo, vital y móvil, luego los decretos de aumentos de suma fija. Finalmente, una vez recompuesto por la vía del crecimiento y el aumento del empleo el poder de negociación de los trabajadores, la motorización de las paritarias. Este último factor, junto con el aumento real del gasto del sector público por múltiples vías, fue la base de lo que llamamos “el crecimiento conducido por la demanda”.
4- El desendeudamiento. Tras el default inicial, se produjo la reestructuración de la deuda pública externa a partir de 2005, con el pago al FMI y la liberación de su tutela, y luego el lento pero persistente desendeudamiento, proceso que corrió en paralelo con una política exterior pragmática centrada en los alineamientos intrarregionales y la revinculación con los principales socios comerciales extra región.
De los cuatro factores señalados, los dos primeros correspondieron a decisiones tomadas durante el gobierno de transición 2002–2003 como producto del estallido del régimen anterior y la imposibilidad de seguir manteniendo la convertibilidad cambiaria fija. Como ya se dijo, ello no niega la voluntad política de la decisión en tanto podría haberse optado por una serie de políticas menos virtuosas. Los dos segundos factores fueron instrumentados a partir de mayo de 2003 ya como parte integrante de la nueva concepción del crecimiento conducido por la demanda y en el marco de la búsqueda de mayores grados de libertad y autonomía de la política económica.
Si estos cuatro factores significaron las medidas núcleo de salida del neoliberalismo, su regreso se plasmó en su reversión especular, reversión que fue el núcleo de la política de shock aplicada por el nuevo gobierno.
neoliberal
Desde diciembre de 2015 aparece el malestar y el azoramiento frente a la reiteración, en los ámbitos de la sociedad civil y la política, de discursos fracasados en la historia económica local y mundial.
Luego de la experiencia de 2003-2015, el país se encuentra nuevamente frente a una restauración neoliberal.
Aun en caso de que a la actual administración “le vaya bien” en sus propios términos, el modelo puesto en marcha se caracteriza por no crear empleo suficiente.
El nuevo régimen basa su funcionamiento en la entrada de capitales, principalmente bajo la forma de endeudamiento externo.
Una toma de deuda que además no se produce en paralelo al desarrollo de sectores generadores de divisas para el repago.
En consecuencia el modelo tampoco es sustentable financieramente en su frente externo.
Sin retorno
Argentina, como todos los países capitalistas periféricos, se acopló a la economía mundial como proveedor de materias primas. Sus experiencias de industrialización se produjeron en los momentos de “desacople”, como por ejemplo durante las grandes guerras mundiales o, en el lenguaje de la primera Cepal, en los momentos de “crisis en el Centro”, en los que se limitaron o cortaron importaciones y apareció el imperativo de sustituir lo que antes se compraba al exterior. Desde la perspectiva de la falsa armonía del país agroexportador, el gran problema fue que durante estas experiencias de desacople, la estructura productiva se diversificó, haciendo lo propio con la estructura de clases asociada. Se abrió así una dimensión política de no retorno. Mientras las nuevas clases emergentes no estaban dispuestas a resignar sus reivindicaciones y desaparecer, las viejas oligarquías se sumergían en la añoranza perpetua por los tiempos calmos y ubérrimos del granero del mundo.
No fue entonces “el peronismo” el causante de todos los presuntos males, fue la inevitable diversificación de la estructura de clases asociada a la transformación de la estructura productiva. A más desarrollo, más diversificación y menores posibilidades de volver al mítico pasado armónico. De hecho los países que menos generalizaron su industrialización, es decir que menos diversificaron su estructura productiva, son aquellos en los cuales la dominación social presenta menos resistencia y problemas de legitimación.
La paradoja del desarrollo
Las clases dominantes locales, en tanto auxiliares en términos gramscianos de las hegemónicas de los países centrales (es decir que funcionan subordinadas, pero integradas a ellas) no son sujetos demandantes de desarrollo. Esta ausencia de una clase dominante o fracción de ella que demande desarrollo es un hecho muy potente. Al mismo tiempo, este desarrollo constituye un imperativo para la inclusión y, en consecuencia, para la sustentabilidad social de largo plazo de la economía. Aparece, entonces, una tensión política intrínseca, inmanente al desarrollo del capitalismo periférico y de muy difícil solución: ningún sector de las clases dominantes demanda la diversificación de la estructura productiva al tiempo que no puede existir estabilidad social y política sin inclusión, lo que demanda la diversificación de la estructura.
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