La imprenta clandestina del PRT-ERP vuelve al pueblo cordobés

La Justicia de Córdoba ordenó que la vivienda donde operaba una imprenta clandestina del PRT – ERP en la década del ’70 sea devuelta a los herederos de los legítimos propietarios. Los hijos de los militantes asesinados reclaman desde hace décadas la restitución de la vivienda, que tras ser desmantelada por la dictadura militar fue utilizada como centro de tortura y luego fue entregada por un juez federal a un empleado judicial. Proponen abrir el inmueble como Espacio de la Memoria para homenajear la lucha.

El juez Manuel Rodríguez Juárez falló hace tres semanas a favor de la memoria de lucha del pueblo cordobés: la imprenta clandestina del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que funcionaba en barrio Observatorio en la década del ’70, podrá ser abierta para todxs aquellxs que quieran refrescar la memoria.

Allí funcionó durante 1974/76 una imprenta del PRT-ERP, organización político-militar marxista leninista liderada por Mario Roberto Santucho. Detrás de la fachada de un taller de herrería y una vivienda de familia tradicional, se escondió durante dos años la imprenta de los periódicos “El Combatiente” (órgano del PRT) y “Estrella Roja” (órgano del ERP), que también producía libros y materiales de difusión del pensamiento revolucionario. Se estima que abastecía a Córdoba y todo el norte argentino de unos 70 mil ejemplares mensuales.

La casona era una construcción de estilo art nouveau de los años ’30 ubicada sobre la calle Fructuoso Rivera al 1035 (antes era Achával Rodríguez). Durante dos años, los militantes del partido trabajaron con absoluto sigilo y discreción para construir un sótano de dos niveles, a ocho metros de profundidad, donde alojaron las máquinas.

Desde la cocina, a través de un dispositivo disimulado en una llave de luz, podía correrse una pared que dejaba al descubierto una angosta escalera que comunicaba la planta baja con dos sótanos insonorizados. Bajo tierra, en el primer subsuelo, funcionaba el depósito de papel y la tinta y en el otro, de más abajo, la rotativa que imprimía los ejemplares de los periódicos, que eran llevados nuevamente a la superficie a través de un montacargas. El taller contaba con un sofisticado sistema de ventilación, con tuberías hacia la superficie y tres extractores, y estaba equipado con dos impresoras Cabrenta, dos Rotaprints, laboratorio de fotocomposición y una guillotina Krausse.

Quienes trabajaban en esas profundidades era la pareja compuesta por Miguel Ángel Barberis y Matilde Sánchez, que tenían unos 20 años de edad. A nivel superficie, y para que nadie sospechara, la casa era habitada por otros militantes, que aparentaban ser una familia tradicional obrera: Victoria Abdonur, conocida como “la Gorda”, y su marido Héctor “el Negrito” Martínez, junto a sus tres hijos de corta edad.

El 12 de julio de 1976, la casa fue allanada mediante un fuerte operativo militar y policial que estuvo a cargo del teniente coronel Alfredo Carpani Costa. Llegaron al lugar luego de tumbar una imprenta similar en la localidad de San Andrés, Buenos Aires. En ese procedimiento, según relató la prensa de entonces, uno de los detenidos “se prestó voluntariamente” a indicar el establecimiento de Córdoba.

Minutos antes de que llegara el procedimiento, sus habitantes fueron prevenidos y consiguieron escapar, aunque los cuatro morirían durante los siguientes meses de la represión.

En escasos días, la casa pasó de ser una usina de propaganda a un Centro Clandestino de Detención y tortura, al menos durante tres meses. Según los testimonios surgidos en las causas de lesa humanidad, por aquella casa pasó Victoria Abdonur, militante del PRT-ERP que aún hoy se encuentra desaparecida. Allí también estuvo su hermana María Abdonur, María del Cármen Bártoli junto a su marido y a dos hermanos, y en el patio de la misma fue fusilado Benito Luna, también militante del PRT-ERP.

Finalmente, a fines de 2016, el juez federal Miguel Puga -procesado en 2012 por su complicidad con la dictadura cívico militar- se sintió facultado para disponer libremente de la propiedad y se la “prestó” a un empleado de Tribunales, Héctor Varela, quien la ocupa, junto a su familia, hasta ahora.

Una sentencia para recuperar la memoria

Durante décadas, César Adrián Martínez y sus hermanxs Lucía y Walter -hijxs de Hector Eliseo Martínez y Victoria Abdonur- exigieron que se esclarezcan los hechos y se les entregue la casa que era propiedad de sus padres para que sea convertida en un centro de memoria, en homenaje a ellos.

La nueva sentencia judicial -que aún no está firme- retrotae la situación de la imprenta a sus antiguos dueños. La gigantesca y tabicada construcción con modelos de ingeniería inspirados en Los Tupamaros de Uruguay podrá ser visitada por el pueblo, una vez concluidas las instancias judiciales.

El ex militante del ERP y actual abogado que lleva la causa, Carlos “Vasco” Orzaocoa, con profunda emoción compartió la primicia con los medios alternativos como decisión política firme para accionar en el manejo de la información.

“Estamos muy conformes con esta sentencia que va a permitir recuperar para la memoria de Córdoba un Centro Histórico. Lo haremos junto con los chicos -los hijos de los dueños de la casa en aquel momento, que luego fueron desaparecidos- quienes serán los titulares de la casa”, expresó el letrado a Revista Laucha.

Y agregó: “Desgraciadamente los compañeros que hicieron esa extraordinaria tarea están desaparecidos, han quedado sus hijos, que quieren recuperar esa casa porque estuvo ocupada por un ordenanza del juez Puga como depositario inicial. La causa se complicó porque hubo una escritura de venta de los compañeros que vivían ahí, que fue falsa y justamente esta sentencia la anula, entre otras cosas porque esa supuesta compra la hace una persona que en realidad había fallecido en 1973 y la compra sucede en el 76 (…) Esta sentencia retrotae la situación al momento antes de la compra, permitiendo recuperar a lxs hijxs esta casa, la imprenta y la memoria”.

La lucha para recuperar la casa se extendió durante tantos años, que permitió que muchxs imaginen qué hacer con el mítico inmueble. Al respecto Orzaocoa comentó: “Lo convertiremos en un Centro Cultural, un Centro de la Memoria, donde el pueblo de Córdoba pueda ver un lugar que durante la dictadura militar sirvió de imprenta clandestina, donde compañerxs quisieron allí dar la lucha de ideas porque era un imprenta para imprimir periódicos, libros sobre historia y economía argentina. Lo que no se podía hacer legalmente porque la dictadura militar lo impedía, allí se trató de hacer clandestinamente para que la batalla de ideas se mantuviera.  Entendemos que tiene que ser una casa de puertas abiertas para todo aquel que quiera refrescar un poco la memoria”.

Así, la casa ubicada en el corazón de barrio Observatorio (Fructuoso Rivera al 1035 – antes Achával Rodríguez) se convertiría en Espacio de la Memoria y se sumaría al circuito construido desde el Archivo Provincial de la Memoria, pero de modo autónomo en lo político y financiero.