ZKA

ZKA

3 mar. 2013

La ofensiva reaccionaria


Danilo Astori es visto como uno de los detractores de las medidas progresistas del gobierno./José Pepe Mujica. El presidente uruguayo enfrentado a su vice.

Los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia del vecino país generaron un duro enfrentamiento político entre el ala más progresista del Frente Amplio y el sector moderado que lidera el vicepresidente Danilo Astori.

Los conocedores de la historia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya dicen que “nunca” como en en las últimas tres semanas esa corporación estuvo en el centro del debate político. La ataca la izquierda, no el gobierno, y la defiende la derecha. La izquierda dice que el órgano máximo del Poder Judicial –compuesto por 5 ministros electos por acuerdo de todos los partidos políticos– defiende a “los torturadores” y a “los terratenientes” y hasta una senadora llegó a pedir que se le haga un juicio político. La derecha dice que la izquierda “presiona” al Poder Judicial. Pero unos y otros alegan defender la democracia.

La saga de la película que tiene como protagonistas a los cinco ministros de la Corte –Jorge Chediack, Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Julio Chalar y Ricardo Pérez Manrique– comenzó con la decisión –por unanimidad– de trasladar de un juzgado penal a una sede civil a la jueza Mariana Mota, quien se había convertido en una suerte de paladín para las organizaciones de derechos humanos por su actuación en estos casos.

El mismo día que tomó esa decisión, la Corte acordó por cuatro votos a uno –el discorde fue Pérez Manrique– declarar inconstitucional dos artículos del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), una de las principales banderas económicas del gobierno de José Mujica para redistribuir la riqueza. La discusión interna en el gobierno en el 2011 por este asunto generó un durísimo debate en la interna del gobierno, algunos de cuyos coletazos sigue y se multiplican en estos días. Pero además, en un caso concreto la Corte consideró también por cuatro votos a uno –también Pérez Manrique votó en contra– inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad.

Los casos. La Corte decidió trasladar a la jueza Mota a una sede judicial luego de haberle mostrado “varias tarjetas amarillas”, comentó días atrás al semanario Búsqueda.

Mota adquirió notoriedad por su desempeño en varias causas de violaciones de derechos humanos acaecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Era la jueza penal que más presumarios y sumarios de estos casos tenía bajo su órbita: 32. La magistrada ya anunció que recurrirá la decisión de la Corte ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). La negación del principio de inocencia en la causa que seguía a un militar retirado por la desaparición de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo –una organización que tiene más de tres decenas de desaparecidos en Argentina– en Paraguay fue de los primeros hechos que la pusieron en la mira. El Colegio de Abogados cuestionó su proceder. Más adelante, el 20 de mayo del 2011 participó de la tradicional marcha del silencio que año a año realizan los Familiares de Detenidos-Desaparecidos. El hecho generó que muchos abogados de militares indagados por ella la recusaran. Más adelante, en una entrevista con Página/12 afirmó que en Uruguay “no hay un promoción de los derechos humanos” para aclarar casos que siguen pendientes de resolución. Y destacó que esto era “bien diferente al gobierno argentino en esta materia”. Fundamentó esto en que, a su juicio, tanto el presidente Mujica como el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro –viejos líderes tupamaros– “no pueden ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”. Estas afirmaciones de Mota llamaron la atención al presidente Mujica. “Me llamó la atención que no he visto manifestaciones de ningún tipo, ni de la Suprema Corte de Justicia ni de nada parecido”, declaró el jefe de Estado a Búsqueda. La Corte abrió una investigación que luego archivó sobre la jueza. Para el diputado Luis Puig (PVP), el traslado de Mota “es un triunfo de la impunidad que están festejando asesinos y torturadores”.

Algunos dirigentes de izquierda, abogados y hasta operadores del Poder Judicial consultados por Miradas al Sur reconocieron la valentía y la firmeza de Mota pero consideran que se “extralimitó”

“Un juez habla con sus fallos. No hay que hacer moñas de más ni regalarse ni regalarle argumentos en bandeja a la derecha. Si uno hace todo lo acumulado se cae como un castillo de naipes y volver a empezar cuesta bastante”, comentó a este semanario un abogado de notoria filiación frenteamplista.

La sentencia de la SCJ emitida el 22 de febrero que declaró inconstitucional dos artículos de la ley interpretativa de la ley de caducidad generó un duro debate entre varios especialistas con respecto al alcance del fallo y a las consecuencias que tendrá sobre las causas de violaciones a los derechos humanos.

La ley interpretativa fue una controversial norma sancionada con los votos oficialistas en octubre de 2011, luego de que fracasara el plebiscito para anular la ley de caducidad en el 2009 y de que no se reunieran los votos en el Parlamento para derogarla en mayo de ese mismo año. La polémica norma restableció la pretensión punitiva del Estado, extendió los plazos de prescripción y dispuso que los delitos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad.

“Al establecer la doctrina del control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sugiere una razón. Argumenta que los tribunales nacionales deben seguir su jurisprudencia, porque ella es ‘intérprete última de la Convención Americana’. Sin embargo, éste es un argumento poco afortunado (...), porque no apoya la conclusión de que las autoridades locales estén obligadas a seguir su jurisprudencia”, sostiene el texto redactado por Chediack y firmado también por los ministros Ruibal, Larrieux y Chalar, señala la sentencia de la SCJ al momento de hablar de las normas nacionales y el derecho internacional.

Agrega que “a esto corresponde añadir que, para los delitos cometidos durante la dictadura, amparados por la ley de caducidad, no se creó ninguna prescripción especial, sino que, simplemente, regían los mismos términos extintivos que para cualquier otro delito”, agrega.

La mayoría de la Corte concluyó que la sentencia de condena al Estado uruguayo por parte de la Corte IDH en el caso Gelman tiene alcance exclusivo a esa contienda y que la ley interpretativa de la ley de caducidad votada con los votos oficialistas a fines de 2012 violenta los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal más gravosa y seguridad jurídica, entre otros. En solitario, el ministro Ricardo Pérez Manrique considera que se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que ya estaban previstos al momento de cometerse en la década de 1970 por los tratados que Uruguay había ratificado a esa fecha.

Por otra parte, la Corte también considera inconstitucional el impuesto a la concentración de la tierra (ICIR) por cuanto no es un tributo sino un nuevo gravamen que se “superpone” con la Contribución de Inmuebles rurales. 
El gobierno ya trabaja en un plan alternativo para este impuesto que se planteaba recaudar 60 millones de dólares y que estaba destinado a financiar la caminería rural.

Las reacciones. El Frente Amplio como tal, a través de su Secretariado Ejecutivo emitió una dura declaración en la que reclamó la “máxima transparencia” a la Suprema Corte de Justicia en este asunto.

“En un estado de derecho, todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo. Por ello nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado”, señala el texto.

“Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a Mota, contribuiría a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”, agrega.

A su vez, el Secretariado Ejecutivo del FA rechaza “enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que ponen en duda la adhesión de la fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República”. La SCJ rechazó la convocatoria de la Comisión de Constitución de Diputados para que explique el fundamento del traslado de Mota.

La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo: “Lamentablemente, la Suprema Corte, mediante sus fallos posiblemente proteja a los grandes capitales perjudicando al país”. El senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, comentó “que hay cosas que pueden verse aisladas unas de otras y no está mal. Pero a veces conviene unir hechos que parecen no relacionarse a primera vista. Entonces uno empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad. Por ejemplo, estoy haciendo el ejercicio de unir traslado de Mota con la posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad y con la anunciada inconstitucionalidad del ICIR. Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas”.

Matices. En el Poder Ejecutivo y en sus dirigentes más cercanos lo que pareció haber molestado más fue la declaración de inconstitucionalidad del ICIR.

“El mundo no se acaba por el traslado de un juez. Me preocupa mucho más la resolución de la SCJ sobre el impuesto a la tierra porque en eso leva las posibilidades de tener trabajo y caminería rural a mucha gente”, manifestó a Montevideo Portal la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente Mujica. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo al diario El Observador: “Siempre defendí que se criticaran fallos judiciales. Uno puede estar en desacuerdo con una decisión judicial y plantearlo. Lo que me parece que no corresponde es discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado. Es como si la Suprema Corte de Justicia pidiera explicaciones a Mujica de por qué cambió a un ministro”.

El vicepresidente Danilo Astori tampoco fue tan duro como sus compañeros del FA y dijo a Subrayado, de canal 10, que “el traslado de cualquier juez es materia de soberanía y competencia de la SCJ. Es algo que se hace frecuentemente. Hay que respetar esa decisión”.

Oposición, concentración y ex presidentes. Como si fuera una sola cosa, la oposición de derecha le pegó duro a la izquierda por entender que con sus pronunciamientos ella realiza una injerencia indebida en la independencia del Poder Judicial. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración el lunes 18 en la que consideró que el traslado de Mota es “una competencia constitucional de la SCJ” y que “nunca antes el ejercicio de esa competencia había sido públicamente cuestionado y mucho menos resistido por las vías de hecho”.

En una carta que divulgó días atrás el diario El País, los ex presidentes Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle expresaron su preocupación por la “situación institucional que ha provocado el partido de gobierno” y señalaron que “no es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”.

“En un país democrático que tiene tres poderes que son independientes entre sí, cuando las Justicia habla en el país hay que acatar lo que la Justicia dice”, declaró en tanto el ex presidente Tabaré Vázquez. Defendió que se que pueda expresar la discrepancia con los fallos de la SCJ mientras se haga “pacíficamente y con respeto”.

El lunes 25, la izquierda, la central sindical única y los Familiares realizaron una concentración en silencio en la plaza Libertad de Montevideo en rechazo a las decisiones de la Corte. El acto fue pacífico e incluyó el canto del Himno Nacional por los miles de personas que llenaron la plaza. Varios ministros y legisladores del oficialismo estuvieron presentes.

El viernes 1ª, el presidente José Mujica opinó en su audición de M24 que el gobierno respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad del ICIR, pero adelantó que “moralmente” no cambió su opinión al respecto.

“El aumento del ‘valor tierra’ está en ‘el bolsillo’ de las familias terratenientes, pero no está en los de los peones que trabajan en ella y necesitan de las ‘comodidades mínimas’ para continuar viviendo en el campo”, expreso.

“Por eso, les pedimos (a los terratenientes) una colaboración con la urbanización. ¿A quién le íbamos a pedir si no. A los pobres, a la clase media?. Nadie se tiene que sentir ofendido. Nosotros respetamos toda decisión que tome la Suprema Corte de Justicia, pero moralmente seguiremos pensando lo mismo”, apuntó Mujica.

La complicada interna del gobierno uruguayo entre Tabaré Vázquez, José Pepe Mujica y Danilo Astori

En paralelo a la conmoción política generada con fallos y decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al interior del gobierno de Mujica se reeditó desde comienzos de año un debate sobre el manejo de la economía que llevó a enfrentamientos políticos entre el presidente y el vicepresidente, Danilo Astori.

En el gobierno, en el Frente Amplio y en sus partidos miembro, nadie visualiza esta polémica con el fantasma presente de que Astori pueda ser “el Cobos uruguayo”. Nadie. “Astori es frontal, leal al presidente pero se cansó y dijo lo que pensaba, eso no significa que no acate lo que se decida por mayoría, le guste o no le guste. Es un frenteamplista de ley”, comentó a Miradas al Sur uno de los principales operadores de Astori y su grupo, el Frente Líber Seregni (FLS). En el Frente Amplio se convive con un axioma político bien claro: el que se enoja o se molesta y se va de la coalición pierde y para siempre.

La polémica data de al menos dos años y tiene que ver con choques de ideas del sector “mujiquista” del gobierno –que integran el secretario, el prosecretario de la Presidencia, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, varios asesores y algunos ministros– con el “astorismo”, que maneja el Ministerio de Economía y el Banco Central.“ Cómo hacer para redistribuir mejor la riqueza y el crecimiento que ha tenido el país”. Ésa es la pregunta central que se esconde atrás de pugnas por cuotas de poder. Y “quién fija la política económica”, es el otro dilema para resolver. Es que, en rigor, desde que Mujica asumió la presidencia, paulatinamente el “astorismo” perdió el control hegemónico del manejo de la economía. Y no fue casualidad, Mujica y sus colaboradores más directos diseñaron planes y programas que, entre otras cosas, otorgaron a la presidencia el manejo y la coordinación global de las políticas públicas.

Los “mujiquistas” acusan a los “astoristas” de enfrentar cualquier discusión que suponga una eventual suba de impuestos a los sectores económicamente más poderosos apelando a “argumentos de la derecha”. Y Astori en personal salió duró la semana pasada en el informativo del canal 10 cuestionando que se quiere rebajar el papel del Ministerio de Economía y su ministro, Fernando Lorenzo. También se quejó de las constantes filtraciones a los medios de reuniones del gobiernos y habló de “operaciones”. Mujica se molestó y convocó el miércoles 20 a una reunión extraordinaria del consejo de ministros. Ante su gabinete admitió una “crisis política” e invitó a que se “vayan” los que quieran del gobierno, empero les dijo que precisaba “a todos los compañeros”. “Creo que necesitábamos decirnos unas cuantas cosas”, declaró el presidente a la prensa luego de la reunión. Unos días antes, el ex presidente y virtual candidato a la postulación para el mismo cargo por el Frente Amplio en octubre del 2014, Tabaré Vázquez, había llamado a terminar con “el show mediático” entre “compañeros”. Incluso le dio anclaje argentino al ámbito ideal para esas disputas. Dijo que eran propias de los programas de Marcelo Tinelli en televisión o de Alejandro Dolina en radio. Por estas semanas, Vázquez incrementó su presencia pública y mantuvo reuniones por separado con Mujica y Astori. En junio del 2009 Vázquez apoyó la candidatura de su ex ministro de Economía, Danilo Astori, para la presidencia de la República. Mujica lo derrotó y luego de complejas negociaciones aceptó ser su candidato a vicepresidente.

Mujica y la Argentina

Entre “una misión imposible”y “un cariño bárbaro”

El presidente José Mujica definió la relación entre Uruguay y Argentina como “una misión imposible” al mismo tiempo que declaró sentir “un cariño bárbaro” por el pueblo argentino. Lo hizo en una entrevista que otorgó a la publicación Correo Socialista, una publicación oficial del Partido Socialista.

El jefe de Estado uruguayo ha insistido una y otra vez en que “los países no se mudan” y que, por tanto, más allá de los problemas que se presentan en la relación deben insistir con el diálogo como el “único” mecanismo posible para resolver controversias. “Qué quieren, que les escupa un ojo”, llegó a declarar con su particular estilo.

“Como en la Argentina son todos peronistas –aún los que no son peronistas son peronistas– trabajan en claves difíciles de entender para nosotros”, dijo Mujica quién cada vez que visita Argentina es virtualmente idolatrado por defensores y detractores de la presidenta Cristina Kirchner.

Además señaló que más allá de las dificultades cambiarias que se le presentan a los argentinos para salir con dólares de su país a “ese glorioso pueblo (...), aunque le hagan lo que le hagan, siempre viene”.

No hay comentarios: