Nacidos en los años 70 y 80, bajo las dictaduras que oscurecían el Cono Sur latinoamericano, los medios alternativos de comunicación tuvieron una etapa floreciente en tiempos de recuperación democrática pero, contrario sensu, también fueron momentos de mayor persecución y promulgación de normas regulatorias para cercenarles la existencia, mientras las grandes corporaciones se expandían y configuraban un mapa de monopolización de la palabra y la imagen, con los que jaquean aún hoy a los gobiernos surgidos de la voluntad popular.
Con la llegada de gobiernos revolucionarios y progresistas en los albores del siglo XXI, la democratización de la palabra y la información no ocupó un lugar primordial en las agendas de estas nuevas administraciones, pero la coyuntura impulsará ese debate al centro de la escena cuando desde las grandes empresas periodísticas comienzan a ocupar abiertamente el lugar de la oposición política e incluso promueven abiertamente la destitución de gobernantes. “Hace unos meses, Manuel Zelaya me decía: mira, en lo que va del siglo ya son siete los golpes de Estado en América Latina y, atrás de todos, la operación mediática”, acota el filósofo mexicano Fernando Buen Abad.
El caso de la República Bolivariana de Venezuela es paradigmático de cómo se ejerce ese poder, cuando los medios masivos, con Globovisión y Venevisión a la cabeza, participaron sin disimulo en el “apagón informativo” que buscó encubrir la asonada empresarial-militar contra Hugo Chávez en abril de 2002 y presentarlo como una renuncia del mandatario. Desde entonces, tras su regreso al Palacio de Miraflores, Chávez promovió la creación de un sistema de medios que contrapesara esa capacidad de manipulación de la opinión pública. Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en sólo cuatro años (mayo 2002 - abril 2006) se habilitaron 193 medios radioeléctricos: 126 emisoras y 27 canales de televisión. En el 2005 fue sancionada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una suerte de código ético sobre el tratamiento informativo, y en noviembre del 2012, la Asamblea Nacional dio media sanción al anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios y Alternativos que espera ver la luz durante el 2013.
Actualmente existen “más de 500 medios comunitarios, algunos con raíz social y fuerza política”, detalla el periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero. “Además se conformó un real sistema de medios públicos estatales con cinco televisoras estatales, tres diarios y siete redes de emisoras radiales”, puntualiza el autor de Medios y poder en Venezuela. ¿Las corporaciones han perdido influencia en la opinión pública venezolana? “Ellos perdieron una parte, entre un 40 y 50% de la opinión pública que controlaron por más de medio siglo”, responde Guerrero y agrega que “ese universo se lo reparten ahora los medios públicos y los comunitarios. Pero ellos siguen siendo mayoritarios en el espectro radioeléctrico y en la cantidad de medios a escala nacional, sumando los nacionales con los regionales.
El chavismo avanzó más en lo cualitativo que en la cantidad. Si no avanzó más se debe a que, en su conjunto, no logra que sus medios sean más democráticos y de mayor calidad que los medios del enemigo. Las quejas y reclamos que no aparecen en los medios públicos son absorbidos por los privados. La novedad en Venezuela es que los medios públicos son comunitarios, o sea, visibilizan las voces de los pobres y sus organizaciones, el Estado los apoya con recursos y equipos, por eso son más de medio millar en todo el país. En el campo y en zonas de varias ciudades son un poder social.
Aporrea.org es el verdadero fenómeno: no es de papel, ni comercial ni estatal, y se convirtió en el medio chavista más leído del país, sólo superado por Noticias 24, un medio web de la burguesía”
Aun cuando en la región el horizonte promete, el camino para alcanzarlo tiene más espinas que rosas para los medios alternativos y comunitarios. Rafael Correa ha intentado, infructuosamente, que el Congreso ecuatoriano apruebe la ley de comunicación donde se establezcan las bases de cumplimiento del precepto constitucional estipulado en la renovada Carta Magna el 28 de septiembre del 2008 y que garantice el derecho a la comunicación y la información. Correa, reelecto de forma contundente en los últimos comicios y con mayoría parlamentaria, insistirá para que esta norma entre en vigencia y que la libertad de prensa no sea de uso exclusivo de las ocho familias que detentan el control de los medios más importantes de Ecuador.
De todos modos, en tanto la legislación retoma el lento tránsito del parlamento, la ministra Rosa Mireya Cárdenas anunció que se acaban de poner al aire catorce nuevas estaciones de radios (de las 54 que proponen instalar hasta 2015) a través de la Red de Medios Comunitarios de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Social y enlaza las zonas más distantes de Ecuador con la Radio Pública nacional. Con la entrega de consolas de audio, micrófonos y transmisores a comunidades originarias, buscan que las voces de estos pueblos, que transmiten en lengua nativa, no queden marginadas del espectro radiofónico del cual el 90% se encuentra en manos privadas. Una vez aprobada la ley, las frecuencias deberán distribuirse entre públicas, comunitarias y privadas en un 33% cada una.
Si bien Bolivia reseña la mayor antigüedad en la creación de medios comunitarios (en 1949 los mineros ponen al aire Radio Minera), esta experiencia mengua en los años 80 por “la declinación de la minería y el achicamiento del sindicato”, reseña el ingeniero Eduardo Schmidt, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP). Con la conformación del Estado plurinacional y una nueva Constitución, el presidente Evo Morales logra promulgar en 2008 la Ley general de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que reparte el espacio radioeléctrico en 33% para el Estado, el mismo porcentual a los privados, y para comunitarios, pueblos indígenas campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas un 17% cada uno.
La Asociación de Radios Comunitarias de Bolivia (Aprac-Bolivia) agrupa a unas 30 emisoras ubicadas en zonas rurales, emiten en aymará-castellano, quechua-castellano o guaraní-castellano y su premisa es “informar, educar y transmitir conocimientos, incidiendo en políticas nacionales, para el desarrollo integral de las etnias y comunidades originarias del país para integrarlas y crear lazos de identidad”. Aunque se autofinancian con pequeños anuncios y mensajes, reciben el apoyo de la Dirección Nacional de Comunicación del Gobierno. Esta política ha sido destacada por la representación boliviana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y recuerda que mediante convenios entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil en sólo “dos años se consiguió sanear el uso de frecuencias de por lo menos 17 radioemisoras de la zona rural andina”
Como Bolivia, Brasil ha tenido un temprano surgimiento de la participación comunitaria en la comunicación en los 60 con el programa de alfabetización de Paulo Freire en el norte del país. “La unión entre la Teología de la Liberación y la pedagogía de Freire tendrá su máxima expresión en el desarrollo de las Comunidades Eclesiales de Base en Brasil. El protagonismo conseguido por las radios comunitarias en Brasil, en particular en zonas de alto nivel de analfabetismo, ha sido significativo”, explica Schmidt en su trabajo para Clacso “Nuevas tecnologías y medios alternativos en América Latina”. Pero son los campesinos del movimiento Sin Tierra quienes potencian esa herramienta como forma de visibilizar sus problemas. En la actualidad, “en las periferias urbanas de muchas ciudades proliferan medios de los sectores populares, sobre todo radios comunitarias y periódicos barriales, pero también se han ido estableciendo, en el imaginario popular, espacios de encuentro como plazas o centros sociales”, subraya el periodista uruguayo Raúl Zibechi. No obstante ese desarrollo, la sociedad brasileña se encuentra en una fuerte disputa por democratizar el acceso y difusión de la información.
Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2009, se realizó en Brasilia la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom), de la cual surgieron más de 600 propuestas de legislación sobre el tema. Iniciativas que se fueron diluyendo hasta ahora bajo la presión que los poderosos multimedios vienen ejerciendo sobre la presidenta Dilma Rousseff para que no sean tenidos en cuenta.
Un estudio realizado por el capítulo Brasil de Amarc, y publicado por su agencia informativa Pulsar, da cuenta de la inequidad comunicacional del “gigante sudamericano”. Su coordinador João Malerba considera que “la legislación en radios comunitarias de Brasil es la peor de la región” y de acuerdo a “la investigación comparativa, las normativas de Brasil y Chile en comunicación comunitaria son las que más infringen los patrones internacionales de libertad de expresión en la región”. En contraposición a estas críticas, el Ministerio de Comunicación acaba de abrir la convocatoria para las “organizaciones interesadas en la creación de una radio comunitaria en los municipios que no cuentan con ese tipo de emisora” en 40 ciudades de cuatro Estados. El organismo público busca establecer al menos una emisora por prefectura en todo el territorio nacional antes de finalizar 2013.
El 14 de noviembre del 2011, el Senado de Uruguay aprobó la normativa que insta al Estado a “promover y garantizar la existencia de radios y televisoras comunitarias”. Es en ese marco que las autoridades uruguayas han formalizado por primera vez en su historia el otorgamiento de seis licencias de frecuencias radiales de ese tipo. Si bien la regularización que promueve la Ley 18.322 data del 2007, recién se normalizaron un centenar de emisoras de las 412 relevadas en un censo del 2008. De estas cien, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación estableció que son “53 FM comunitarias administradas por particulares y 81 FM comunitarias administradas por el Ministerio de Educación”. En ese contexto regulatorio, la deuda sin saldar del gobierno de José Mujica en la materia continúa siendo la presentación de un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que el propio Mujica anunció hace poco más de un año atrás. Quizás un adelanto sea el decreto firmado por el Pepe el último día de diciembre pasado, mediante el cual se limita la cantidad de abonados que pueden tener los operadores de TV por cable y que estipula en un máximo del 25% del total de hogares y un 35% por localidad, para evitar la concentración del sector.
Durante la realización del “II Taller Internacional sobre las redes sociales y los medios alternativos, nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital”, llevado a cabo en La Habana entre el 11 y el 13 de febrero últimos, se concluyó sobre la importancia del acceso a la tecnología 2.0 como medio de comunicar las diferentes realidades y romper el cerco informativo de las multinacionales periodísticas. “Las corporaciones de medios, a pesar de las altas sumas de financiamiento externo, no han podido derrotar a los gobiernos más comprometidos de la región. Pero sí debilitar a las sociedades mediante la desinformación y los entretenimientos”, resaltó en su balance del encuentro la corresponsal de La Jornada, Stella Calloni. En ese sentido, los participantes de América Latina, Europa, Asia y África encontraron un punto en común: la brecha tecnológica es la nueva limitación de los comunicadores alternativos en la era digital ante al desafío de construir una nueva forma de informar frente a la monopolización del mensaje de los medios hegemónicos. Las movilizaciones convocadas por internet el 15 de febrero de 2003, contra la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, congregó a más de 800 millones de personas en todo el mundo, fue uno de los ejemplos de cómo el ciberespacio puede fungir de plataforma de divulgación, socialización y convocatoria.
En Latinoamérica, una de las experiencias primigenias en el uso de la red virtual ha sido el sitio La Minga Informativa de Movimientos Sociales (www.movimientos.org). Este portal y su boletín de noticias PasaLaVoz es pionero en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para propagar el “quehacer de los movimientos sociales del continente y su calendario de acciones” y elaborar así “una agenda social en comunicación”. Una práctica que ha “permitido el apoderamiento de la sociedad frente a los monopolios mediáticos”, asegura Ignacio Ramonte, director de Le Monde Diplomatique español, “nunca había sido tan fácil ser periodista como hoy”, añade.
Los alternativos son medios, no fines
Debate. La polémica sobre qué es lo alternativo en materia de medios de comunicación sigue abierta y va más allá de la caracterización que los define casi de manera exclusiva por su oposición al poder.
Las encendidas protestas que acompañaron las primeras escalas de la gira de la bloguera disidente cubana Yoani Sánchez por Brasil reavivaron las discusiones sobre el carácter de los medios alternativos en la política actual, ya que el espectro de los medios alternativos de comunicación en América Latina se ha modificado profundamente en los últimos diez años.
Las últimas décadas acentuaron la concentración de los medios latinoamericanos en las manos de un reducido número de megagrupos, ayudada por la convergencia de sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos. En América Latina faltan mecanismos de regulación de los flujos audiovisuales y de capital. Las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria dejaron a los Estados sin protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones. Las privatizaciones y desregulaciones neoliberales de los años 80 y 90 favorecieron la constitución de verdaderos latifundios mediáticos. De este modo corporaciones transnacionales adquirieron acciones de medios locales y/o cerraron acuerdos con grupos multimedia regionales que les dieron el control del mercado audiovisual en el continente. Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos (Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina), estos acuerdos ofrecen la posibilidad de entrecruzar negocios y establecer alianzas con los actores internacionales de mayor peso. Contra esta extrema concentración del mercado mediático en América Latina se alzan los llamados medios de comunicación alternativos.
No hay acuerdo sobre la definición de comunicación alternativa. ¿Qué es lo alternativo? ¿Está determinado por los contenidos, los instrumentos, la emisión, la voluntad de cambio o la oposición al poder, etc.? En general, se caracteriza la comunicación alternativa por su oposición al poder y su intento de construir una comunicación contrahegemónica. Sin embargo, esta caracterización ya no es precisa. La imprecisión conceptual ha propiciado que en muchas ocasiones se haya repetido el esquema paternalista y la inorganicidad de estas experiencias les ha restado fuerza y eficacia.
Los medios alternativos aparecen a veces como dudosos y/o tendenciosos. En su afán de ocupar fajas de mercado caen a menudo en el sensacionalismo. Al estar vinculados a procesos regionales y/o a movimientos sociales, tienen la ventaja de su autenticidad, pero muchas veces parcializan su óptica. Contra esta reducción localista en los últimos años se han emprendido ingentes esfuerzos para agrupar y construir redes que hagan posible arribar a conclusiones más generales. Al mismo tiempo, en la medida en que crecen, estos medios tienden a profesionalizarse y a captar mayores fondos que les permitan funcionar. Por esta vía se “sistematizan”, vinculándose con fuentes de financiamiento y formación privadas, fundaciones y/o con sus respectivos Estados. Así se relativiza su “alternatividad”.
Estos medios también dependen de tener públicos afines. Cuando éstos se modifican, los medios alternativos deben adaptarse o perder su público. En ambos casos dejan de ser totalmente “alternativos”. Según los países del continente, sus trayectorias son diferentes, aunque con rasgos comunes.
En Brasil, como en el resto del continente, pueden rastrearse ejemplos de medios alternativos desde la época colonial, pero la etapa más rica de los medios alternativos brasileños parece haber sido la de la dictadura, entre 1964 y 1985. A pesar de la represión, algunos periódicos de la gran prensa resistían a la censura, pero, al dictarse el Acto Institucional N° 5 en diciembre de 1968, aumentó la represión y surgieron los medios alternativos. Ésa fue la época del mejor periodismo brasileño. Con el movimiento por las elecciones presidenciales directas en 1983/85 y el advenimiento de la democracia, la prensa alternativa entró en crisis. Hoy hay en Brasil una difundida escena bloguera y unas pocas radios alternativas, pero diez familias controlan los medios.
En Bolivia, por su parte, se dio un precedente heroico en 1949, cuando se fundó la radio del sindicato minero que llegó a formar una red de 26 emisoras. Esta experiencia fue pionera, pero se redujo en los 80 con la declinación de la minería. Luego del triunfo de la Revolución Cubana se crea Prensa Latina con el objeto de dar amplia cobertura a las noticias cubanas y latinoamericanas. Durante la dictadura argentina de 1976-83, en tanto, Rodolfo Walsh desde la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla) fomenta un trabajo combinado de contrainformación y de inteligencia. Durante el periodo de la revolución sandinista se impulsó el Movimiento de Reporteros Obreros con talleres de capacitación para comunicadores populares en las áreas rurales de Nicaragua. El movimiento zapatista, en tanto, es uno de los pioneros en el uso estratégico de internet como medio de difusión de sus luchas y también para mostrar otra versión “desde adentro” del levantamiento del 1/1/94. En Argentina, luego del estallido del 20 y 21 de diciembre de 2001, se potenció el uso de internet y numerosas movilizaciones y acciones políticas fueron coordinadas desde este medio. En ese sentido se constituyó el Foro de Medios Alternativos (Fodema) y posteriormente la Red Nacional de Medios Alternativos (Rnma), con una intervención destacada en la campaña nacional para la elaboración y aprobación de la Ley de Medios Audiovisuales en 2009.
En América Latina el ejemplo más avanzado en la conformación de un canal de TV alternativo es Telesur, sociedad multiestatal con participación mayoritaria de Venezuela. Desde su origen está concebido como un medio para la integración. Lo alimenta una red de colaboradores de cada país, con 24 horas de programación, que se transmite por enlace satelital desde Caracas. La política editorial es dictada por la Junta Directiva. En la producción de la programación del canal participan organizaciones sociales, canales nacionales, regionales, universitarios, comunitarios y productores independientes. Su consejo asesor independiente está integrado por prestigiosos intelectuales y activistas de diferentes países.
Finalmente cabe considerar la creciente escena bloguera. Los participantes en el “II Taller Internacional sobre las redes sociales y los medios alternativos, nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital”, efectuado en La Habana del 11 al 13 de febrero pasados, dieron una declaración reclamando la democratización de internet, proponiendo el desarrollo de redes continentales, así como solicitando de los gobiernos reformistas y revolucionarios de la región que impulsen la integración digital y asuman la defensa de las producciones continentales contra la ciberguerra de EE.UU.
Los movimientos sociales y la comunicación alternativa han encontrado con las nuevas tecnologías caminos de intervención contra el poder hegemónico. Sin embargo, la accesibilidad a internet es todavía escasa en el continente, falta utilizar mejor las tecnologías para conformar identidades más democráticas, coordinar y dar orientación a los medios alternativos, asegurar su financiamiento manteniendo su independencia y modificar los regímenes jurídicos favorables a los medios concentrados.
La consolidación de los procesos de cambio en América Latina replantea la discusión sobre los medios alternativos. Nadie es “alternativo” de una vez y para siempre. Tanto los regímenes conservadores como los reformistas aspiran al control y a la cooptación de los medios, para aumentar su legitimidad. Tampoco ser independiente del poder político puede ser un fin en sí mismo. Sin embargo, los gobiernos democráticos tienen una responsabilidad mayor en asegurar la independencia de los medios, no sólo de sí mismos sino también de los grandes poderes económicos.
Una discusión definitoria del futuro que todavía no ha empezado a darse ampliamente en América Latina se da sobre la regulación de internet. Ni nuestros Estados ni mucho menos los medios de comunicación alternativos están en condiciones de dar esa discusión exitosamente, si no construyen amplias coaliciones nacionales e internacionales. Ahí, otra vez, ser alternativo no puede implicar el aislamiento, sino ser parte independiente de un movimiento mayor de transformación social y cultural.
Actualidad y desafíos de las radios comunitarias en Latinoamérica
Hasta hace unos pocos años las radios comunitarias y televisoras alternativas en América Latina eran perseguidas, cerradas, se les secuestraban sus equipos. Muchas radios fueron condenadas a ser pequeñas con leyes restrictivas que les impusieron potencias máximas absurdas (25 vatios según la ley chilena). Las experiencias de televisión comunitaria eran denunciadas por las cadenas de medios, que las veían como una competencia desleal y peligrosa. Unas cuantas radios transmitían en lugares ocultos. Muchas eran ambulantes para poder levantar los equipos y salir corriendo y evitar que los organismos de control se quedaran con una consola y un transmisor. Aun hoy en Brasil hay comunicadores procesados por la Justicia por haber cometido el “delito” de expresar ideas, difundir información, realizar una entrevista, llevar un micrófono a la calle para que personas que nunca acceden a micrófonos puedan decir cosas, contar historias, hacer preguntas. En Colombia las radios ubicadas en “zonas de combate” tienen que revisar los contenidos que salen al aire para no recibir agresiones físicas.
El fenómeno creciente de las radios comunitarias (a las que se suman televisoras alternativas, centros de producción, medios por internet) sigue desarrollándose con vitalidad a pesar de que aún muchos Estados no terminan de reconocer el derecho de la ciudadanía a crear y gestionar sus propios medios de comunicación, con una lógica que no es la de los medios privados comerciales ni la de los medios públicos.
Las empresas comerciales han sido las impulsoras principales de leyes restrictivas.
Los parlamentos muchas veces se han dejado manipular con la amenaza de multimedios que asustan con el fantasma de la invisibilidad a quien se atreva a legislar a favor de los medios comunitarios. Las empresas con posiciones dominantes no tienen problema en hablar de atentado a la libertad de expresión cuando se les intenta poner límites y por otro lado son expertas en hacer lobby para convencer a organismos del Estado, jueces y parlamentarios respecto que las radios comunitarias son “piratas”, que hacen ejercicio ilegal del periodismo, que ensucian el aire que según ellos pertenece a las radios comerciales.
Existen cientos de radios comunitarias en América Latina y otras partes del mundo que no tienen un papel que le permita operar legalmente. Al mismo tiempo los Estados nacionales se pasaron los años de la ola neoliberal reconociendo (o haciendo la vista gorda) las movidas empresariales que fueron concentrando los medios de difusión en cada vez menos manos.
Lo paradójico de la situación es que cuando hubo y hay problemas, son las radios comunitarias las que estuvieron presentes. Por citar casos recientes, ante el desastre en Haití y Chile con los terremotos de comienzos de 2010, el golpe de Estado en Honduras y en Paraguay, y los intentos de golpe en Venezuela y Ecuador fueron las radios comunitarias las primeras en responder a las necesidades. Cuando se trata de la defensa de las lenguas originarias, defensa del ambiente, reconocimiento de derechos de las minorías, las radios están ahí, las personas que hacen las radios están ahí, son parte de los acontecimientos, no meros observadores. No existe neutralidad en estos medios de comunicación.
El tiempo pasa y las radios que permanecen son la mejor respuesta a esas acusaciones sin fundamento. Existen muchos buenos ejemplos en América Latina y Caribe de estas experiencias que ganaron legitimidad con producciones de excelente nivel, que suman audiencias participativas dispuestas a defender a estos verdaderos medios de comunicación a los que consideran propios. Entre las radios asociadas a las redes de comunicación alternativa en la región, encontramos experiencias que llevan entre veinte y cincuenta años construyendo otra comunicación. En muchos casos esas radios comenzaron a transmitir sin permisos pero con derechos.
Las radios comunitarias tienen más de 60 años de vida en América Latina. Nacieron en los años 40, en Bolivia, impulsadas por los mineros que necesitaban medios de comunicación propios para organizarse, defender sus derechos, escuchar sus voces. Y por la misma época surgieron en Colombia impulsadas por curas católicos progresistas para alfabetizar. Luego fueron naciendo radios insurgentes en Centroamérica, participativas en Brasil, educativas en los países andinos, comunitarias en el Cono Sur. En la medida en que la ciudadanía reconoce el derecho humano a la comunicación, más radios y otros medios surgen. Son importantes porque expresan una mirada que no es la del Estado o los gobiernos ni la de las empresas comerciales que tienen medios para vender zapatillas o celulares.
Ese cambio de paradigma se expresó en la práctica de las radios comunitarias argentinas que ejercieron el derecho a comunicar y crearon condiciones para el debate y aprobación de una ley de servicios de comunicación democrática que es ejemplo para otros países de la región (Ecuador, Brasil, México) donde en este momento se están discutiendo leyes que sean herramientas de defensa y promoción de una nueva comunicación.
Un recurso para democratizar la vida política en todo el país
Uno de los aportes culturales y políticos más originales, y menos conocidos, del proceso venezolano, es la aparición del fenómeno de medios comunitarios. El carácter mediático del golpe de 2002 es una de las causas de su origen. Tuvieron un rol protagónico en la visibilización de los golpistas y de su inmediata derrota en 47 horas.
No existe una sociedad latinoamericana en la que los medios comunitarios, o alternativos, tengan la fuerza de inserción social que viven en Venezuela. Esto, que es muy bueno para ese país, es una deuda urgente para el resto del continente. Medido por su relación directa con la sociedad, ningún sistema de medios, sea estatal o privado, democratiza más que el comunitario.
Según las registradoras de lecturas de medios periodísticos, de Google y Alexa, uno de esos medios, el diario Aporrea, ocupa el lugar N° 49 en la lista de medios periodísticos del planeta, leídos por la red internet. Es la segunda fuente de información en Venezuela, detrás de Noticias24, y el primer espacio de información y opinión del mundo bolivariano dentro y fuera del país. Los ministerios, Miraflores, los cuarteles y las embajadas usan a Aporrea como su fuente de información.
Ese dato es suficiente para expresar un cambio en la vida política y la cultura periodística del país. Aporrea no es de papel, ni comercial-capitalista, pero tampoco se rige por el aparato de Estado, aunque colabore con él en la defensa de las conquistas de la revolución bolivariana.
De allí la correcta demanda de los medios comunitarios de hacer una reforma urgente de la Ley de Servicios de Telecomunicaciones, que les otorgue por lo menos el 33% del espacio radioeléctrico.
Un informe elaborado por la ex directora nacional de Medios, Sofía Viloria, mostró un mapa sorprendente. Tras la derrota del golpe aparecieron 1.136 medios de expresión organizada de distinto formato. A los dos años quedaban menos de la mitad, pero expresaron la respuesta política de masas al golpe y la liberación cultural de una parte de la sociedad venezolana. Ese fenómeno se consolidó en una veintena de medios comunitarios con arraigo de masas y un sistema nacional que los agrupa e identifica y unos 500 medios que conforman un mapa periodístico nuevo.
El 5 de abril de 2012, se conformó el Sistema Nacional de Medios Comunitarios y Alternativos Fabricio Ojeda, que convive con el sistema de medios privados y el del Estado.
En el último censo de medios se contabilizaron 530 medio comunitarios, 16 del Estado y unos 240 dedicados al lucro desde el sector privado.
El reconocido intelectual venezolano, Luis Brito García, miembro del Consejo de Estado, llamó la atención sobre esa contradicción: a mayor tiempo del proceso, más medios del enemigo.
Esta verdad debe ser configurada. En el mismo tiempo, los estatales y los comunitarios crecieron más en cantidad y calidad, y en el país se está conformando una nueva estructura de opinión pública. El Estado pasó de 2 a 16, los comunitarios de 5 a 530.
El campo, muchas fábricas y barrios confirman esa novedad social. Allí donde los medios comunitarios son dominantes sobre los privados, el chavismo nunca baja del 60% en votos. El Estado y las empresas privadas de medios de Venezuela abandonaron el campo desde los 60. La causa es que era “poco rentable”. El costo lo están pagando ahora. Las radios comunitarias son las orientadoras de su nueva opinión pública. El resultado político es que el chavismo nunca baja sus votos del 60% promedio en cada elección desde 2000.
Esto es menor en las fábricas, pero no hay fábrica bajo control obrero, o puestas en cogestión, que no cuente con una emisora de radio.
Un informe elaborado por la agencia estatal AVN, emitido el 15 de abril de 2012, registra 247 FM comunitarias y 38 TV comunitarias en el país.
El estudio de la ex directora de Medios, Sofía Vilora, cuenta que las 284 radioemisoras y canales de televisión comunitarios cubren unas 600 parroquias y barrios, sobre un mapa de unos 200 municipios del territorio nacional, o sea, alrededor del 60% de los municipios del país.
En Venezuela funcionan 25 circuitos radiales, subsistemas de emisoras de radio construidas desde los 40, repotenciadas desde 1960. Cada circuito contiene dos o más emisoras asociadas. En total se calculan unas 430 emisoras funcionando en 20 Estados y territorios autónomos. La mayoría son de la derecha.
En la ciudad Capital, 45 medios alternativos lograron alguna incidencia social segmentada por parroquias y barrios. De ese total, nueve emisoras de radio cuentan con amplio alcance.
Casi todos los medios comunitarios, especialmente los mejores y más establecidos en franjas de la población, nacieron entre 2001 y 2005. Por lo menos 11 de los 16 medios gubernamentales aparecieron desde el año 2004 en adelante, o sea, cuando más del 80% de los medios comunitarios ya existían.
Aporrea es un dato principal de ese proceso. Ernesto Villegas, actual ministro de Información, dijo en abril de 2012 que “quien no ha leído Aporrea, solo ha leído la mitad de la verdad”. Ese piropo refleja un aspecto clave de la actual vida social venezolana. En ese medio la información “en crudo” se renueva en espacio de minutos, además de ser el espejo nacional de las opiniones del movimiento bolivariano. Allí radica su credibilidad y su éxito. El presidente Hugo Chávez expresó muchas veces en televisión que Aporrea funcionaba como un regulador del gobierno.
Su crecimiento fue inusitado. En 2009 era leído cada día por unas 40 mil personas, en forma directa. En 2013 cuenta con un poco más de 240 mil lectores cada 24 horas, según el contador Alexa.com
Los comunitarios participan como factor organizador central en los simulacros militares de defensa desde 2008. Y desde 2003 estimularon el desarrollo de los comités de usuarios de medios de comunicación, organismos vecinales de regulación de contenidos. En 2009 funcionaron 1.110 comités de usuarios, aunque luego fueron menos.
Brasil es el cuarto país más peligroso para los periodistas
Las amenazas y asesinatos de periodistas han encendido la luz de alarma en Brasil. Según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el gran coloso emergente de América Latina también es el cuarto país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, solo superado en este ranking por Siria, Somalia y Pakistán. Cuatro periodistas fueron asesinados en el país en 2012. Desde 1992, ya son 24.
Para analizar este deterioro de la situación, se reunía esta semana en Brasilia el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos de los Profesionales del Periodismo, organismo creado el año pasado ligado al Consejo de Defensa de los Derechos de las Personas Humanas (Cdph). El objetivo de sus trece miembros es elaborar un diagnóstico de la situación y proponer las medidas necesarias de actuación. Para ello tienen seis meses de trabajo por delante y el análisis de unos 50 expedientes, en su mayoría relativos a amenazas a periodistas que investigaban presuntos casos de corrupción.
Entre los casos analizados por el grupo están los de Mario Randolfo Marcos Lopes y Décio Sá, dos de los periodistas asesinados en 2012. Ambos comparten el mismo perfil de vulnerabilidad que caracteriza a la mayoría de las víctimas registradas: desempeño del trabajo en localidades relativamente pequeñas y ejercicio del periodismo a través de blogs independientes, sin la cobertura de los grandes medios.
Randolfo trabajaba en el pequeño municipio de Vassouras, en el estado de Río de Janeiro. Allí había fundado la web Vassouras na Net desde donde denunciaba numerosas actuaciones de funcionarios corruptos. Una de sus más destacadas investigaciones fue la existencia de una supuesta red de sicarios vinculada a un ex responsable policial. El periodista sufrió el primer ataque en julio de 2011, cuando un pistolero entró en la redacción donde trabajaba y le disparó un tiro en la cabeza. Sin embargo, tras permanecer tres días en coma, Randolfo sobrevivió a un atentando por el que ninguna persona llegó a ser detenida.
Los autores materiales e intelectuales del asesinato de Décio Sá, por el contrario, sí fueron detenidos. En este caso, el hecho de que Sá trabajase también en un periódico de gran tirada en el estado de Maranhão sirvió para dar mayor trascendencia mediática a su muerte. Sin embargo, no fue su trabajo en el diario O Estado do Maranhão, propiedad de la todopoderosa familia del presidente del Senado, José Sarney, el que provocó la reacción de sus asesinos. Sus investigaciones más comprometidas eran difundidas en el Blog de Décio, blog independiente que fundó en 2006. Serían sus exclusivas sobre el asesinato de un empresario local a manos de una red de prestamistas con lazos en el gobierno y la policía lo que le pondría en el punto de mira.
Sá cayó asesinado a tiros en la terraza del bar Estrela do Mar, de São Luis, en la noche del pasado 23 de abril. En junio eran detenidoscomo responsables del crimen José Alencar y su hijo Glaucio, líderes del grupo de prestamistas investigado por el periodista, así como otras cinco personas, entre ellas un capitán de policía.
Pero las amenazas no son el único problema que tienen que afrontar los periodistas brasileños. De hecho, según Reporteros Sin Fronteras, el país ha perdido 41 posiciones en el ranking de libertad de expresión, pasando a ocupar el puesto 108 en una lista de 179 países. A la violencia, se le suma una sutil “censura judicial” provocada por las querellas interpuestas contra periodistas por supuestos ataques a la privacidad, que en la práctica suponen cortapisas al ejercicio profesional. Según las estimaciones realizadas por CPJ, durante el pasado año los tribunales brasileños dictaron 191 órdenes obligando a eliminar contenidos publicados, generando así, a a juicio de muchos periodistas, una auténtica “inseguridad legal”.
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