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20 feb. 2015

Simulacro

Después de la marcha convocada por los fiscales hubo movimientos en tres causas relacionadas con funcionarios del Gobierno, como si fueran su consecuencia. La Justicia reacciona a su manera a una marcha opositora cuyo reclamo no fue el de justicia, sino que la Justicia reemplace lo que no se puede hacer con los votos.

Por lo menos dos de esas causas han tenido origen mediático y una altísima exposición en los medios. Para mucha gente que participó en la marcha, los juicios ni siquiera son necesarios, porque desde sus convicciones políticas ya han condenado a los acusados. Para estas personas, las diferencias políticas son excusas porque están convencidos de que el que piensa diferente es un ladrón. Los medios opositores estimulan esos prejuicios y saturan el ambiente con profusión de información circunstancial sobre esas causas que repiten como un bombardeo.

Es una sociedad donde se han ido acumulando agravios entre simpatizantes de la dictadura que se creían intocables, o dirigentes y funcionarios menemistas que nunca se imaginaron un giro así de la historia que los dejó muy marginados y, en menor medida, de partidos políticos derrotados en elecciones y que siguen aspirando a ganarle al peronismo.

El núcleo duro de los que convocaron a la marcha proviene del riñón de la Justicia menemista como el juez Ricardo Recondo, los fiscales Germán Moldes, Raúl Plee y Ricardo Sáenz y hasta estuvo el ex fiscal Juan Martín Romero Victorica. Estos fiscales expresan varios de esos resentimientos: han respaldado a represores que ahora están presos o han diseñado o aprobado leyes de impunidad que fueron anuladas y Moldes y Plee fueron acusados por familiares de víctimas de la AMIA de entorpecer la causa por encubrimiento que impulsó Cristina Kirchner. Recondo y Sáenz, además, están vinculados al enemigo más encarnizado del Gobierno que es el multimedio Clarín, origen de algunos de estos juicios e incluso difusor de varias filtraciones que sufrió la causa Nisman, cuya investigación está a cargo de una fiscal, cuyo jefe directo es Sáenz. Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y José María Campagnoli ya tienen un pie más en la política con algunos de los partidos de oposición y realizan méritos para asegurarse un lugar.

Son resentimientos, intereses y actitudes políticas travestidas con una simulación de justicia. Si el reclamo de justicia de la marcha fue expresado por este núcleo de fiscales, entonces el reclamo no fue de justicia, sino que la Justicia reemplace a las elecciones.


Las resoluciones que venían marchando

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Amado Boudou en la causa Ciccone y ratificó a Bonadio en la de Hotesur. También fue llamada a indagatoria la procuradora del Tesoro, que acaba de presentar la posición oficial frente a la denuncia de Nisman.

El Poder Judicial se despachó con una batería de malas noticias para el gobierno nacional, a tmenos de un día de la Marcha del Silencio. La confirmación del procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, que la Cámara Federal decidió ayer en la causa Ci-ccone Calcográfica es, entre todos, el golpe de mayor impacto. Los integrantes de la Sala I de la Cámara federal, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, respaldaron la decisión del juez federal Ariel Lijo de señalar al ex ministro de Economía como autor de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Durante la misma tarde, la misma sala rechazó la recusación del juez Claudio Bonadio en el caso Hotesur y el juez federal Luis Rodríguez citó a indagatoria a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por no adoptar medidas contra el grupo Marsans, que administró de manera fraudulenta la aerolínea de bandera. Justamente Abbona es la funcionaria que presentó el escrito con los argumentos oficiales para refutar la denuncia de Alberto Nisman que ahora debe analizar el juez Daniel Rafecas.

El fallo que la Sala I de la Cámara Federal dio a conocer ayer sobre la situación procesal de Boudou en relación con la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica estaba en la agenda judicial desde el cierre de 2014. En más de 80 páginas, los camaristas respaldan “y refuerzan” la hipótesis del titular del Juzgado Federal Nº 4, en donde se instruyó la causa, evaluó Eduardo Durañona, el abogado que se hizo cargo de la totalidad de la estrategia defensiva de Boudou en esta causa. El fallo también confirma otros procesamientos: a José María Núñez Carmona, socio de Boudou en otros emprendimientos; al director de The Old Fund, Alejandro Vanderbroele; al asesor del Ministerio de Economía durante la gestión de Boudou, César Forcieri; al ex asesor de la Administración de la AFIP Rafael Resnick Brenner y al ex propietario de la imprenta Nicolás Ciccone. En tanto, los jueces ordenaron sobreseer al yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick.

“No consideraron nuestros argumentos para nada, sino que reafirmaron los argumentos del juez de Instrucción. No compartimos en nada ambas decisiones”, expresó a este diario Durañona. Hace poco menos de un mes, Diego Pirota, el otro letrado que representaba al vicepresidente, renunció al puesto. Adujo “motivos profesionales”.

A mediados del año pasado, Lijo procesó al vicepresidente por considerarlo “el motor que impulsase cada una de las instancias” del “salvataje” de la imprenta Ciccone Calcográfica, explicaron Farah, Freiler y Ballestero en el fallo en el que confirmaron esa hipótesis. Los camaristas desestimaron los argumentos con los que la defensa de Boudou apeló el procesamiento y, en el mismo texto, los recursos presentados por los otros implicados en primera instancia. Freiler y Ballestero –a los que se sumó luego Farah– consideraron fundamentada la acusación por cohecho al vicepresidente. Los camaristas respaldan en su fallo la aseveración surgida de Instrucción respecto de la participación del vicepresidente en al menos dos de las seis reuniones que asegura existieron entre los Ciccone, Núñez Carmona y Vanderbroele por el traspaso accionario de la imprenta a The Old Fund.

“No sucedieron esas reuniones en la presencia de Boudou, siempre lo dijimos”, remarcó Durañona, que se mostró sorprendido de las menciones que el fallo de Cámara realizó respecto de algunos testimonios tomados durante la investigación: “Nosotros estuvimos presentes en testimoniales en los que nunca ocurrieron dichos que la Cámara cita”, advirtió el abogado que evaluará durante el fin de semana los pasos a seguir. El vicepresidente sostuvo al apelar su procesamiento que no tuvo ningna injerencia en el levantamiento de la quiebra de la empresa.

En el fallo de ayer, la Sala I también confirmó el procesamiento de Boudou como autor de negociaciones incompatibles con la función pública. Los camaristas consideraron probada la relación entre Boudou y Vanderbroele, no sólo a través de Núñez Carmona, sino por otros vínculos societarios que supuestamente los unen y por el departamento que el ex ministro de Economía posee en Puerto Madero, alquilado por un conocido de Vanderbroele, cuyas expensas y algunos servicios abonó durante algún tiempo el director de The Old Fund. Durante todo el proceso, el vicepresidente negó conocer a Vanderbroele.

Los camaristas también evaluaron como prueba la anulación de una reestructuración de la Casa de la Moneda que implicaba su reequipamiento para poder afrontar la impresión de billetes requerida por el Gobierno (el vicepresidente sostiene que no intervino y que de todas formas se compraron las máquinas para el organismo) y en la aceptación por parte de la AFIP del plan de pago de la imprenta para salir del estado de quiebra en que se encontraba. Boudou afirma que no sólo no tuvo injerencia en el levantamiento de esa quiebra, sino que tampoco le correspondía funcionalmente disponer semejante decisión que, además, finalmente la propia AFIP no convalidó.

A esta decisión judicial, el vicepresidente debe sumar la otra causa en la que está procesado, en este caso por irregularidades en los papeles de un auto comprado por Boudou en 1993. El miércoles, la Sala II de la Cámara rechazó su recurso de Casación para apelar su procesamiento.

Mientras el ámbito judicial se convierte en un campo minado para el oficialismo, la oposición busca aprovechar la situación a su favor. Ayer mismo, varios referentes de ese espacio anunciaron que insistirán con el pedido de juicio político al vicepresidente.


La justicia partidaria

“Hay un problema muy grande en la Justicia. Esto no es la judicialización de la política, que implica que los políticos quieran valerse de la Justicia. Esto es otra cosa: la partidización de la Justicia. La Justicia ha perdido todo límite de la relativa imparcialidad que debe observar. Una cosa es que uno tenga ideología, somos seres humanos. Pero el pluralismo que debe haber dentro de la Justicia, que es la única garantía de cierta imparcialidad, nunca puede llegar a la partidización de esta naturaleza”, dijo ayer el ex miembro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. “Hablamos de una minoría del Poder Judicial. Además existe una mayoría silenciosa, que se está equivocando con su postura de no intervención ante este desprestigio”, señaló Zaffaroni en alusión a la marcha convocada por fiscales a raíz de la muerte de Alberto Nisman. Zaffaroni reiteró también que, a su criterio, la denuncia realizada por ese fiscal no tiene sustento. “Estamos ante un momento de tentativa de desestabilización, generada a partir de una denuncia absolutamente descabellada, sin sentido jurídico”.
 

 Bonadio fue ratificado

El juez Claudio Bonadio fue ratificado en la causa que investiga a la empresa Hotesur, que regentea el hotel sureño de la presidenta Cristina Fernández. La Sala I de la Cámara Federal rechazó la recusación que impulsaba en su contra la titular de esa sociedad, Romina Mercado, sobrina de la Presidenta.

La decisión de mantener a Bonadio en este expediente se tomó por mayoría: los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah entendieron que el planteo “no es más que una discrepancia con la dirección asignada al curso de la investigación, a las medidas dispuestas en su marco o bien al modo en que el juez, como director del proceso, ha conducido la sustanciación del sumario y la actuación de sus actores”.

Pero el juez Eduardo Freiler –en disidencia– opinó que sí existía un temor de parcialidad y que había que separar a Bonadio por entender que existían “varias irregularidades” en la causa “que, analizadas en conjunto y en el contexto en el que tuvieron lugar, tornan justificada la preocupación de la parte en cuanto a que la necesaria imparcialidad del juzgador podría encontrarse comprometida”.

Bonadio tomó una denucia de irregularidades administrativas en esa empresa y la convirtió en una investigación sobre supuesto lavado de dinero a través de la de la firma Hotesur, una sociedad que administra el hotel Alto Calafate.


Citación a indagatoria

La procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, fue citada a declaración indagatoria para el 26 de marzo por el juez federal Luis Rodríguez, acusada de no adoptar las acciones correspondientes contra el grupo español Marsans por el presunto “vaciamiento” de Aerolíneas Argentinas. Se trata de la misma funcionaria que presentó el escrito en el que se contestaba la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta y el canciller Héctor Timerman.

El Centro de Información Judicial precisó que la disposición del magistrado se dio en el marco de una causa caratulada “Recalde Mariano y otros s/abuso de autoridad”, en la que en principio también estaban denunciados el titular de Aerolíneas, Mariano Recalde, y el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido.

La causa Aerolíneas, que se tramita por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento, fue iniciada por una denuncia del senador radical Gerardo Morales contra De Vido, Recalde y Abbona.

Abbona fue quien la semana pasada presentó el escrito que ahora debe analizar el juez federal Daniel Rafecas en el que se contestaba a la denuncia que Nisman había realizado por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

 

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