Era fácil de pronosticar que iba a ser un año difícil. Últimos once meses del
único gobierno que en los últimos dos siglos gobernó durante tres períodos, es
decir doce años, con medidas transformadoras trascendentales; que padeció
distintos intentos desestabilizadores, arribando a su último año con una muy
buena base electoral; con una economía que perdió impulso; con corridas
cambiarias neutralizadas siempre a un alto costo; con un control de cambio
extendido del cual era fácil entrar pero muy difícil salir; con una disminución
creciente del superávit comercial; con una inflación alta, levemente superior al
30%; con la falta de creación de puestos de trabajo en el sector privado en los
últimos años; con un déficit fiscal creciente; con la reaparición de la
restricción externa, con los fondos buitres revoloteando, dificultando y
obstruyendo; con una ofensiva mediática permanente y persistente; con un
enfrentamiento creciente con sectores de la justicia; con buena parte del sector
empresarial pasando claramente a la oposición; con buena parte de la dirigencia
sindical rebelada; con la falta de un sucesor confiable como candidato oficial.
Todo ello estaba en los ingredientes que incluía el vaticinio de “año difícil”.
Se había superado un fin de año con pronósticos agoreros en los que coincidían
el gobierno y la oposición. No hubo asalto a los supermercados, amotinamientos
policiales o de otras fuerzas de seguridad. La presidenta mejoraba
considerablemente su imagen y en la oposición cundía la desazón ante la
posibilidad que alguna variante kirchnerista podía ganar en octubre.
En ese escenario, con disminución de la actividad en varias ramas de la economía
simultáneamente a un turismo importante y con incremento de las reservas del
BCRA, la denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman se constituyó en el hecho
imprevisto y profundamente revulsivo en el marco del enfrentamiento y pase a
retiro de la figura hasta entonces intocable del mandamás de la Secretaría de
Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso. En medio de la conmoción resultante se
cerraron importantes acuerdos con China.
Esto ha acentuado y elevado el voltaje de la confrontación y ruptura con el
sector de la justicia opositora, con un sector importante de los industriales
prebendarios y con el hormiguero de los servicios, un subsuelo cloacal.
Del enfrentamiento con esos sectores del Poder Judicial, ha surgido la marcha de
los fiscales opositores convocada bajo la bandera “Por la memoria de Nisman, por
la verdad y la justicia” para el miércoles 18 de febrero.
Es fácil pronosticar que será una marcha importante fuertemente crítica al
gobierno, con toda la oposición incluida y con buena parte de la base social de
los cacerolazos presente. Tal vez el intento de una remake, en un contexto muy
diferente, casi 70 años después de aquella marcha “Por la democracia y la
libertad” del 19 de septiembre de 1945 que provocó el desplazamiento de Perón
del gobierno, prólogo del histórico 17 de octubre que lo repuso. Otros, más
optimistas en sus deseos, porque sus consecuencias fueron irreversibles por
décadas, encuentran su referencia y sus expectativas en la manifestación de
Corpus Christi, que el 11 de junio de 1955 juntó a la Iglesia, el establishment
y la izquierda tradicional, y creó el clima necesario, primero para el bombardeo
de Plaza de Mayo, cinco días más tarde, y para el derrocamiento del gobierno en
septiembre de ese mismo año.
Es irritante y de una hipocresía superlativa observar que los fiscales que
promueven la marcha, Germán Moldes y Raúl Plee, han sido con Alberto Nisman los
que alejaron, entre otros, la posibilidad de esclarecimiento del caso AMIA. Por
otra parte, Ricardo Sáenz y Luis Osvaldo Rodríguez militan activamente en la
órbita de Clarín. Sáenz (Fiscal General) es el superior de la fiscal Viviana
Fein quien tiene a su cargo la investigación de la muerte de Nisman.
Desde Clarín y su editorialista Alberto Amato y desde el fiscal Germán Molde se
intenta establecer una identificación entre el segundo semestre de 1975 y la
actualidad en materia de violencia y deslizamiento a la anarquía. La deducción
es explicita: Cristina es Isabel, Capitanich es López Rega, y el final es
conocido.
Los acuerdos con China es al sector empresarial prebendario lo que el Memorándum
de Entendimiento con Irán significó para las autoridades formalmente
representativas de los argentinos de origen judío, es decir la ruptura en
paralelo con el enfriamiento de las relaciones con EE.UU.
Lo refleja con claridad la nota del periodista Francisco Olivera en La Nación
del 7 de febrero:
“No bien el avión tocó tierra, Héctor Méndez prendió el teléfono y se sorprendió
con un mensaje de texto. Eran dos líneas que decían: "Héctor, llamaba para
felicitarte. Enrique". El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) se
quedó pensando. Seguía de vacaciones con su familia en los Estados Unidos y
tenía la mente en cualquier otra cosa en ese momento. Le costaba además
reconocer el número del remitente, que empezaba con el prefijo de Mendoza. Ató
cabos recién horas después: el elogio era de Enrique Pescarmona, presidente de
la metalúrgica Impsa, y el motivo del aplauso, el lapidario comunicado con que
la UIA criticó esta semana los acuerdos comerciales que el Gobierno acaba de
firmar con China y que someterá a aprobación del Congreso. Pescarmona, líder
argentino en la fabricación de turbinas hidroeléctricas, tiene en el asunto un
despecho particular. En 2010, junto con Corporación América, de Eduardo
Eurnekian, y la brasileña Camargo Correa, había ganado la licitación para
construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, proyecto que el
Gobierno dio por fracasado por falta de financiamiento y decidió anular, para
llamar a una nueva convocatoria en 2012. Quien se quedó finalmente con la obra
fue el consorcio integrado por el grupo estatal chino Gezhouba, la mendocina
Hidrocuyo SA y Electroingeniería, una compañía cordobesa de venturosas
coincidencias aquí: tiene entre sus dueños a Gerardo Ferreyra, ex militante del
ERP y compañero de cárcel de Carlos Zannini en los 70, empresa que cuadruplicó
su facturación desde que el kirchnerismo está en el poder. Esta semana, en
Pekín, Cristina Kirchner apuntaló la iniciativa: firmó el financiamiento para la
obra, que contará con el aval del Banco de Desarrollo de China.
Internas del universo contratista: a las corporaciones les cayó casi como un
segundo memorándum iraní. El reacomodamiento geopolítico, dicho en vocabulario
cristinista, signará los negocios de la obra pública de aquí al futuro. Tanto,
que en la UIA ya se quejan con sorna de lo que juzgan un reemplazo de los
dictados de Washington, tan cuestionados en los 90, por los de oriente: "Es el
consenso de Pekín", protestan.”
Está por verse si en la protesta empresaria hay alguna base de sustentación o
sólo un prejuicio ideológico y económico de quienes adherían al Consenso de
Washington.
El proyecto de ley que convierte a la inteligencia en una Agencia Federal, es
una iniciativa importante que no debe ser un maquillaje y por su trascendencia
para que sea transformadora y permanente no debe tener un tratamiento exprés.
Mientras tanto en la oposición política partidaria, Macri y Massa se disputan al
radicalismo que tiene lo que los dos candidatos presidenciales carecen:
estructura nacional. A su vez el radicalismo carece de candidato presidencial
taquillero. En esas carencias y virtudes complementarias radica la necesidad de
las negociaciones. El temor que aún así no se pueda desplazar al kirchnerismo,
aunque se trate de su versión light y pasteurizada que representa Daniel Scioli,
lleva a Techint y Clarín con su mandadero Ernesto Sanz, presidente del
radicalismo, a proponer una interna abierta entre ellos, Macri y Massa para
luego distribuirse los cargos, con la posibilidad cierta de triunfo en las
elecciones nacionales. Esa entente tiene un solo objetivo: desplazar al
kirchnerismo y un plan de gobierno mínimo consistente en restaurar a favor de
los perjudicados lo que el kirchnerismo hizo bien.
Alguna parte de la tupacamarización del radicalismo podría alinearse detrás de
la “divertida fórmula” Binner –Cobos.
Durante varias semanas, han desaparecido de la agenda de la prensa opositora, la
inseguridad, la inflación y los fondos buitres. Permanecen las denuncias de
corrupción. A medida que la denuncia y la muerte de Nisman y la crisis política
que tales hechos desató vayan cediendo, aunque sin lugar a dudas atravesará el
año, volverán los temas eclipsados. El gobierno debería tener muy presentes las
consideraciones del lúcido analista favorable al gobierno Alberto Dearriba: “Si
Nisman pensó que los chismes que seguramente le pasaban los servicios que
pretenden perjudicar al gobierno iban a herir al kircherismo, está claro que se
equivocó. Ni los opositores pueden sacar roña de una denuncia que muchos juzgan
inconsistente. Pero, en cambio, su muerte puede lastimar al gobierno de una
manera todavía difícil de medir. Todo depende de la investigación: si es rápida
y con resultados certeros, el gobierno tendría un juicio relativamente benévolo
de la sociedad. La conclusión de muchos será que a Cristina le tiraron un
muerto. Si la investigación es morosa y confusa, buena parte de la sociedad
puede condenar en cambio al gobierno. Y lo que es peor, a las instituciones.
Esto no depende lamentablemente de los resultados objetivos de la investigación,
sino del consenso social que irán construyendo los medios sobre la marcha de la
investigación…. Sea como fuere, la Argentina ya no será igual que antes de
Nisman. Ahora hay un cadáver en el camino a las urnas de octubre. El futuro
político del país estará en buena medida influido ahora por la investigación
judicial. ¿Cuántos argentinos seguirán fieles al gobierno y cuántos mudarán de
opinión al llegar a las urnas perturbados por la muerte de un hombre? Es un
interrogante mayor aún que los que atormentan a los ciudadanos decentes, que
lamentan la muerte de un hombre, más allá de sus efectos políticos y demandan la
verdad.”
Un amplio espectro opositor poderoso debería obligar al gobierno a movilizar
todos sus recursos humanos, recurrir a la imaginación creativa y evitar los
groseros errores propios, aquellos que en tenis se conoce como errores no
forzados (los facebooks de la presidenta por la muerte del fiscal; el
inapropiado discurso por cadena nacional sobre el tema; el humor improcedente
desde China; el disparo en los pies de Capitanich rompiendo ante las cámaras de
TV las páginas de Clarín; las desafortunadas expresiones de Aníbal Fernández
sobre la fiscal Fein, y nuevamente la Presidenta en una inapropiada referencia
eufemística pero clara al silencio de los que marchan, hablando a sus
militantes, en los patios interiores de la Casa Rosada). Cuanto más se cierre el
discurso, más se angosta la base de sustentación y por lo tanto se progresa en
la debilidad.
El gobierno deberá caminar por un estrecho desfiladero manteniendo siempre un
buen termómetro de la realidad, en momentos que parece confundido y no
encontrando la forma de recuperar la iniciativa. Equivocarse en aspectos
elementales del enfoque del caso Nisman, descuidando los gestos más elementales
de la convivencia, que se acentúa irritantemente cuando en el escenario se cruza
una muerte, y encima en este caso de notable significación, es una torpeza
sorprendente. Si la Presidenta lo niega o la minimiza y cree y acentúa su papel
excluyente de emisarias de buenas noticias, las dificultades se potenciarán.
La imputación a Cristina Fernández y a su Canciller por parte del fiscal Gerardo
Pollicita, el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, la misma
posibilidad para el jefe del ejército César Milani, entre otras causas
judiciales, y un posible intento de generación de desasosiego económico para el
mes de marzo, son nubes que se ciernen sobre el escenario político.
Resumiendo: la crisis política desatada por la denuncia y muerte del fiscal ha
permitido que poderosos actores económicos y mediáticos, desde empresarios
prebendarios a la corporación judicial, con la coordinación de los medios
hegemónicos, estén dispuestos a promover o subirse a situaciones que puedan
llevar a que el gobierno transite sus meses finales en forma penosa. A esta
altura del año su objetivo de máxima es la renuncia presidencial y de mínima un
adelantamiento de las elecciones. Es lo que se ha denominado “golpe blando”
No es difícil vaticinar que nos esperan meses agitados de un año tumultuoso.
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