Honrar la magistratura afianzando la Justicia", la fundamental y paradójicamente olvidada editorial del diario La Nación del 9 de diciembre de 2012. Su bajada: "Las recientes actitudes de los jueces en defensa de su independencia frente a la prepotencia del Poder Ejecutivo son un ejemplo para la sociedad civil". La Cámara Federal Civil y Comercial acababa de "prorrogar la medida cautelar que suspendió la aplicación de dos artículos de la ley de medios sospechados de inconstitucionales". Pero la bicentenaria sabiduría conservadora llevaría a desconfiar de la victoria transitoria: si con una mano felicitó a los juristas patriotas, con la otra los intimidó: "...les pedimos que honren los motivos por los cuales son privilegiados constitucionalmente –incluidos sus beneficios laborales y tributarios–..." Aquel fallo contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, seguido de los que impiden al día de hoy la completa aplicación de su carácter anti-monopólico –que es justamente su razón de ser y elemento más revolucionario–, fue profundizado con el freno a la democratización de la justicia, el ignominioso mutismo en relación al avasallamiento del juez distrital Thomas Griesa, la denuncia de Nisman, los recientes y vergonzosos fallos favorables a Vicente Massot, Carlos Blaquier y Mitre-Magnetto en la causa Papel Prensa (como tan acertadamente destacaron los doctores Félix Crous y Jorge Auat en la charla de unos días atrás sobre la situación actual de la Corte Suprema) y, por supuesto, las recurrentes y crecientes emplumadas operetas mediático-judiciales contra sendos funcionarios del gobierno nacional (conducidas por los buitres, promovidas por las corporaciones mediáticas locales y tramitadas por los fiscales del 18F). "Es el pueblo el que tiene que empoderarse de su propia historia", señaló ayer la presidenta en emotiva alocución. La razón, la revolución en marcha y la necesidad de consolidarla la asisten.
La Cámara Federal Civil y Comercial que aplaudía el mitrismo del siglo XXI en su editorial de 2012 fue la misma que el 12 de marzo de 1957 confirmaba cerca de 100 prisiones preventivas a militantes y funcionarios peronistas, entre ellos John William Cooke. La Corte Suprema que hoy da la espalda al pueblo argentino es fiel heredera de la que no dudó en suscribir los golpes de 1930, 1955 y 1976, proscribir al peronismo y, en junio de 1957, dictar sentencia sobre los "bienes mal habidos del dictador Juan Domingo Perón". Su presidente, Alfredo Orgaz, renunció en 1960 cuando el Congreso de la Nación aprobó elevar a 7 de sus integrantes. Las maquinaciones mediático-judiciales hoy padecidas por el pueblo argentino forman parte del contenido del Libro Negro de la Tercera Tiranía, en plena redacción y con inestimable auxilio de Washington, como se verá luego. Un pueblo empoderado de su propia historia requiere que el denominado poder "contramayoritario" sea denunciado y rebautizado como "pro-elitista" (y así comprendido por las clases populares), y las intentonas o golpes (mal llamados) "blandos" calificados de "cívico-judiciales".
EL SUBSIDIO JUDICIAL DE LOS 10 MIL MILLONES Y LA "AYUDA" DE OBAMA. La protección económica con que las corporaciones mediáticas empoderan a los juristas mantiene viva la funesta alianza entre ambos sectores contra el pueblo argentino, que como es sabido, no es nueva sino que data de 1863, esto es, desde la mismísima fundación de la Corte Suprema, cuando nació abrumada de elementos del partido mitrista, anti-popular, anti-argentino y pro-británico. Para tener una idea, los privilegios tributarios a los que aludía Mitre en su editorial (exenciones del Impuesto a las Ganancias al Poder Judicial) impidieron al Estado argentino recaudar, entre 2011 y 2014, unos 6626 millones de pesos. En 2015, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales rondará los 3000 millones de pesos (0,06% del PBI). En total, 10 mil millones. Bien harían Facundo Moyano y su alicaído socio político, Sergio Massa, sumar a su proyecto de compensación por la quita del Impuesto a las Ganancias dicho volumen de dinero (habrá que soportar la lógica estampida en massa del gremio de Julio Piumato).
Pero volvamos a la editorial de La Nación mencionada al comienzo. Recordemos su fecha de publicación: 9 de diciembre de 2012. Pues bien y como fuera detectado unos meses atrás por el co-conductor del programa de radio Pueblo Asoma (en Radio Madre), Rafael Bernal Castro, dos semanas después de la susodicha editorial el mismo diario publicó una entrevista al presidente de EE UU titulada: "Barack Obama: 'Los países que defienden las libertades son más exitosos y prósperos"". Destacamos la siguiente reflexión, entre muchas otras, brindadas por el primer mandatario estadounidense: "....estamos ayudando a los países a fortalecer los tribunales y las instituciones necesarias para defender el Estado de Derecho y los derechos humanos". ¿Ayuda? ¿La avanzada judicial del emplumado distrito de Nueva York y su ostensible nexo con el Poder Judicial conservador argentino forma parte de esa "ayuda"? La opereta mediático-judicial hoy de turno, esto es, el caso de la prórroga de Cerro Dragón y el ataque al ministro de Planificación Federal, arquitecto Julio De Vido, parecería no dejar resquicio a dudas.
EL CASO DE LA PRÓRROGA DE CERRO DRAGÓN. Como ya fuera señalado por este cronista, la bochornosa opereta contra De Vido data de finales de marzo del año pasado y fue iniciada por el Grupo Clarín. Sin embargo y ante la fallida causa Nisman, se reactivó todo. Titula por estos días el diario Clarín, autor Daniel Santoro: "EE.UU. investiga la ruta del dinero del caso Cerro Dragón" (16/05/15). Dos días más tarde, apareció el refuerzo de Fontevecchia, en cuyo diario leímos: "Investigación por coimas: nuevas pruebas apuntan contra De Vido", del periodista Nicolás Gandini, amante del grupo de los ex secretarios de Energía de la desindustrialización y la pobreza. Desde el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) punteamos en sendos comunicados los errores y las contradicciones de los atentados desinformativos de Santoro y Gandini.
También hicimos especial hincapié en las notables coincidencias entre relato clarinista-perfilista y los argumentos políticos, jurídicos y comunicacionales de los buitres nucleados en la American Task Force Argentina (ATFA). Téngase presente al respecto que el encargado de anunciar la estrategia comunicacional y jurídica de la "ruta del dinero" (encargada a un juez del Estado de Nevada) fue Robert Shapiro, copresidente de ATFA, en octubre del año pasado.
LOS FISCALES DEL 18F Y LA FISCALÍA BUITRE DE NUEVA YORK. Pero la investigación del caso de la "ruta del dinero", ahora en manos de un juez de Nevada, había sido iniciada en 2013 por uno de los organizadores de la marcha del 18F, el fiscal José María Campagnoli. Por su parte, Guillermo Marijuan, otro de los organizadores del 18F, tiene a su cargo la opereta mediatico-jurídica de la prórroga de Cerro Dragón, y que en Estados Unidos cayó como fruta podrida en la fiscalía del distrito de Nueva York (distrito desde el que opera Thomas Griesa).
Vale la pena recordar que Robert Morgenthau, un fiscal insigne de este mismo cuerpo, recibió el 15 de abril pasado y de la Fundación para la Defensa de la Democracia –a la sazón financiada por Paul Singer– el galardón "Alberto Nisman al Coraje". ¿Qué interés puede tener el conservadurismo estadounidense en ensuciar al ministro De Vido y perseguir su renuncia? Hombre de extrema confianza de la presidenta, pieza clave de los acuerdos nucleares firmados entre nuestro país con Rusia y China, y funcionario a cargo de un ministerio crucial para una Argentina Estado-nación, De Vido se erige como un poderoso obstáculo al interés geopolítico del conservadurismo estadounidense, el mismo que anhela y opera para el retorno de la republiqueta granero del mundo, sometida a los requerimientos nutricionales del occidente civilizado, las migajas de su burguesía industrial y las miserias de su oligarquía financiera.
GOLPES CÍVICO-JUDICIALES Y LA TERCERA TIRANÍA. El 7 de octubre de 1955, el Poder Ejecutivo de facto sancionaba el decreto Ley 479 creando la Comisión Nacional de Investigaciones (CNI). Su artículo 1 rezaba así: "Créase la Comisión Nacional de Investigaciones, la que tendrá por objeto investigar las irregularidades que se hubieran producido en todas las ramas de la administración pública federal, provincial y municipal, durante la gestión del gobierno depuesto, cometidas por funcionarios o personas relacionadas con aquellos".
El 6 de abril de 1956, por Ley 6132, se daban por finalizadas las funciones de la Comisión. Leemos en su Considerando: "Que es una obligación ineludible destacar la fundamental, encomiable, patriótica y abnegada labor cumplida por sus miembros, que ha permitido descubrir y documentar la increíble cantidad de irregularidades y delitos cometidos por funcionarios particulares y sociedades vinculadas a la degradada dictadura depuesta por la Revolución Libertadora..." La Comisión entregó sus resultados al Tribunal Superior de Honor que juzgó al general Perón, mientras la Corte Suprema de Justicia sentenciaba sobre "bienes mal habidos del dictador", instruyendo al gobierno de facto a "restituir lo mal habido, lo adquirido ilícitamente", proceder que no violaba "ningún precepto constitucional". Luego vinieron sendos fallos de primera instancia decretando prisiones preventivas y procesamientos a troche y moche. La democrática y constitucional gesta justiciera de los fusiladores setembrinos y su CNI se coronó con la obra cumbre de la reacción jamás escrita desde 1810: el Libro Negro de la Segunda Tiranía (editado en agosto de 1956).
Pero lamentablemente para los enemigos históricos del pueblo argentino, el peronismo histórico volvió al poder en 2003, batiendo récord histórico de permanencia en la Casa Rosada desde la Revolución de Mayo. La reacción, progresivamente enardecida, ensayó varios y variados golpes, todos malogrados. En este proceder y de cara a la irremontable pobreza política opositora, el Poder Legislativo conservador aquí descripto, ayudado por el Poder Ejecutivo estadounidense como el mismo Obama se encargó de anunciar, se erige en la única garantía para jaquear al gobierno nacional, para ganar los votos que el neoliberalismo espanta cada vez que abre la boca, para justificar y ejecutar futuras privatizaciones ("restituir lo mal habido, lo adquirido ilícitamente"), frenar la democratización de la Patria y con ella minar la continuidad política de la presidenta y los mejores cuadros del maldito régimen kirchnerista más allá de 2015.
Golpes cívico-judiciales y operetas mediático-judiciales en plena maquinación, mientras intentan redactar y dotar de contenido al Libro Negro de la Tercera Tiranía, libro por cierto, que el pueblo argentino abortará en las urnas en cinco meses.
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