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23 ago. 2015

Brasil | El ajuste desestabiliza

La manifestación masiva del jueves demostró la necesidad de la movilización de todas las fuerzas sociales progresistas para combatir el desempleo causado por el programa de ajuste, que está, esto sí, generando una inmensa crisis económica y social, para defender la democracia y a sus representantes legítimos, las conquistas de los trabajadores, la empresa nacional, el desarrollo del país, para defender la soberanía nacional y la capacidad de autodeterminación de la sociedad.

Ésta está frente a una ofensiva conservadora que se aprovecha de entrelazadas crisis en la economía, en la política, en las instituciones del Estado, en la prensa y en los medios sociales para llevar adelante sus objetivos. La supuesta crisis económica les dio un pretexto para implantar un programa neoliberal acorde al Consenso de Washington: privatización, apertura comercial y financiera, ajuste presupuestario, flexibilización del mercado de trabajo, reducción del Estado, todo con la aprobación del sistema financiero nacional, por un gobierno electo por la izquierda.

La crisis de la corrupción, cuyo principal exponente es la Operación Lava Jato, pero también la Operación Zelotes, ésta incluso de mayor dimensión, está sirviendo para destruir la ingeniería de la construcción, donde se encuentra el capital nacional de forma importante, con actuación internacional, y para preparar la destrucción –y privatización– de organismos del Estado tales como Petrobras, el Bndes, la Caixa Econômica, Eletrobras, etcétera.

La crisis del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Policía Federal (que recibe recursos regularmente de la CIA, del FBI y de la DEA, por un monto de 10 millones de dólares anuales, depositados directamente en cuentas individuales de policías federales) se verifica en varias esferas.

La teoría del dominio público del hecho, una aberración jurídica amparada por el Supremo Tribunal Federal, invierte la carga de la prueba y, es más, hace que cualquier persona sea responsable de los actos de su subordinado sin que el fiscal o el juez tenga necesidad de probar que el acusado conocía dichos hechos. Además permite que cualquier procurador desencadene procesos basado en informaciones de un medio.

La crisis política proviene de la decepción y del inconformismo del PSDB y de sus aliados con la derrota en las urnas en 2014, lo que lo lleva a procurar, por todos los medios, erosionar la credibilidad y la legitimidad del gobierno de Dilma Rousseff y, transversalmente, del gobierno de Lula, y así minar las posibilidades de victoria de una eventual candidatura suya en 2018.

El máximo objetivo de esta gran ofensiva política y económica conservadora es la toma del poder a través del juicio político de la presidenta y/o la desmoralización del PT, que lo lleve a una estruendosa derrota en las elecciones de 2016, la cual lo preparará para su derrota final y de­saparición en las elecciones de 2018.

Los partidos y políticos conservadores cuentan con la campaña sistemática de la televisión, diarios y revistas, basados en denuncias manipuladas, con la campaña de intimidación en Internet, con las manifestaciones populares, con el de­sempleo creciente causado por la política de recorte de inversiones y de aumento estratosférico de intereses, para bajar los índices de aprobación de la presidenta y poder argumentar con la legitimidad y la necesidad de deponerla por un juicio político.

En el PT la situación es grave

El programa económico conservador, al recortar inversiones públicas y los gastos de financiación del gobierno, aumenta el desempleo y afecta la demanda, por lo que se reducen las perspectivas de ganancia, contrae las inversiones privadas, instaura la desconfianza en los mercados y reduce los ingresos tributarios.

Al provocar el desempleo, al apoyar medidas desfavorables para los trabajadores, como alteraciones en el seguro de desempleo, en las bonificaciones salariales y otras, y al provocar la reducción del crecimiento, el gobierno mina su base de apoyo social y político, y las bases sociales y políticas del PT.

No existe liderazgo en el PT más allá de Lula que, por su parte, no ve cómo abandonar el programa económico del gobierno de Dilma sin acelerar su caída, pero se queja de la incapacidad de la presidenta para el ejercicio de la política.

Las encuestas de opinión pueden llegar a revelar niveles de rechazo muy superiores a los que se dieron en la víspera del juicio político a Fernando Collor de Mello.

Para el caso de que caigan por debajo del 5% el desánimo y la desmovilización de los movimientos sociales y los sindicatos, la perplejidad de los congresistas, la posición de los candidatos a alcaldes en 2016, las continuas denuncias de procuradores individuales contra políticos vinculados al PT y contra el propio Lula, la agresividad social e intimidatoria conservadora, pueden generar una situación de gravísimo gravísimo peligro político para la supervivencia de la democracia.

Cada cual atiende su juego


El juicio político a Dilma no avanza porque el PSDB y PMDB están divididos. Los tres candidatos presidenciales del PSDB –Aécio Neves, Geraldo Alckmin y José Serra– tienen opiniones diferentes. Aécio impulsa el juicio, al igual que otro al vicepresidente Michel Temer por delito electoral: esto obligaría una elección en 90 días donde espera que, como candidato perdedor en 2014 debido a un “fraude”, se beneficiaría mediante su persistente campaña por la ilegitimidad de los resultados.

Alckmin prefiere un desgaste lento hasta las elecciones municipales en 2016, al igual que Serra.

Para el PMDB, el juicio político sería el fin de un gobierno que apoya, y en el que ocupa la vicepresidencia, mientras la prensa desgasta su imagen como partido oportunista y corrupto. Eduardo Cunha, líder de la ofensiva conservadora en el Congreso, acusado ahora por lavado de dinero, parece ver cómo se alejan sus posibilidades, y Renan Calheiros sueña con ser candidato en 2018 con el debilitamiento de Temer.

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