En solo seis meses el Gobierno provocó una crisis económica como aquellas que
acostumbraron a los argentinos durante décadas. No solo por la caída en los
niveles de producción, consumo, desempleo y pobreza, sino por la respuesta de
las autoridades, que se desentienden del sufrimiento de millones de personas y
les dicen hay que aguantar. Esa reacción genera descontento y una sensación de
desamparo que ni la prensa dominante puede disimular. Se palpa. Se ve. Se
escucha en la calle. Hay marchas, quejas de famosos por televisión, actos de
resistencia como los amparos contra los tarifazos o simples manifestaciones de
ciudadanos de a pie en la vidriera de un comercio que liquida por cierre, en un
grafiti en la calle o en las redes sociales. Todo ello es evidente. Sin embargo,
ni la crisis económica ni el clima social espeso del primer semestre de
Cambiemos han sido hasta ahora un obstáculo para la implementación de un
proyecto de ajuste neoliberal. El macrismo y sus aliados siguen avanzando en
decisiones de fondo que perfilan un nuevo horizonte de especialización
productiva y de distribución del ingreso. Su atención está focalizada allí,
mientras intenta administrar políticamente una coyuntura desfavorable. Las
tensiones del día a día pueden incomodar a algunos funcionarios, pero la
evaluación del Gobierno y de los sectores empresarios que lo acompañan es que el
primer medio año ha sido todo un éxito. La agenda del “populismo” es historia y
lo que viene son reformas de mercado en materia jubilatoria, impositiva, laboral
y de alineamientos internacionales. La oposición, por especulación política,
necesidades de auxilio financiero o blanqueo ideológico acompaña en buen número
para que el engranaje avance.
En el desarrollo del plan de gobierno hay acciones de distinto alcance. Las
reformas previsional, impositiva y laboral, en marcha o anticipadas por el
Presidente, servirán de matriz institucional a un nuevo patrón regresivo de
distribución del ingreso, con pérdidas de derechos para las mayorías y
beneficios extraordinarios para sectores concentrados, como se aprecia en el
proyecto de ley ómnibus que obtuvo dictamen esta semana. Propietarios de
mansiones en Miami o Punta del Este que “hayan pagado bien sus impuestos”
quedarán al margen de tributar Bienes Personales este año, mientras sus
compañeros de ruta que evadieron millones al fisco podrán blanquear sin quita si
destinan el dinero a un fondo común de inversión administrado por cualquier
banquero amigo. Estos son los temas de conversación en el gabinete de Macri, del
que participan 27 ex ejecutivos de los bancos más grandes de Wall Street, ex CEO
de petroleras, de cadenas de comercio, aerolíneas, supermercados y productores
agropecuarios, varios de ellos con sociedades en Panamá o Bahamas, fondos en
cuentas del extranjero y acciones de las compañías de las que formaron parte. El
reparto desigual de cargas entre trabajadores y corporaciones se cristaliza con
aquellos proyectos. Ocurrió en los ‘90 y los ‘2000 con las leyes de AFJP, de
flexibilización laboral, la Banelco y las relaciones carnales.
Otras decisiones van al nudo de la orientación productiva que se quiere para el
país. Una de ellas es la intención de sumar a la Argentina a la Alianza del
Pacífico. El grupo que integran México, Chile, Colombia y Perú, alineado y
promovido por Estados Unidos, aceptó anteayer que Macri participe de su próxima
cumbre, el 1° de julio en Chile, en carácter de observador. Otros dos países que
buscan convertirse en miembros plenos son Panamá y Costa Rica. Sebastián Piñera,
ex presidente transandino, es uno de los fundadores del bloque.
Roberto Paiva, director de la agencia ProChile, explicó la filosofía del grupo
en una entrevista reciente con el diario El País de Montevideo. “El gran impulso
de la Alianza es haber puesto a los empresarios por delante. Por eso está viva.
Porque la integración la firman los presidentes, los ministros, pero para que
tenga ‘carne’ la tienen que llevar adelante los empresarios”, manifestó, en una
descripción precisa de lo que es la Alianza: una plataforma de negocios
orientada a satisfacer intereses corporativos, con el resto de las sociedades
mirando de atrás. “De nada sirve poner a negociar a los burócratas si los
empresarios no están interesados. La idea es que haya, y así está ocurriendo, un
consejo empresarial de la Alianza del Pacífico en cada país y que tenga opinión
en los pasos que se dan”, detalló el funcionario chileno. Es decir, una comisión
empresaria fiscalizadora en cada país para apuntalar a gobiernos con fuerte
sesgo pro empresario. Sería algo así como una guardia de expertos para aconsejar
a presidentes ávidos de escucharlos. Paiva enfatizó en ese mismo reportaje el
perfil comercial de la Alianza. “Hasta el momento era un área común en aspectos
sociales, culturales, etc., pero ahora se concreta realmente con la puesta en
marcha del protocolo comercial. El primero de abril los aranceles llegan a
cero”, destacó. “Tengamos en cuenta que ya existe entre nuestros países un grado
de apertura importante. Chile es un país que tiene un arancel promedio de 6 por
ciento, acuerdos comerciales con 63 países, y nuestros socios del bloque también
tienen buenos números en ese sentido. No necesitábamos mucho para ponernos de
acuerdo”.
Si la Argentina va hacia ese bloque es para acomodarse a esas reglas, señala la
ex subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español. “Por ahora es más que nada
un gesto político para demostrar el rumbo de la gestión. Por los estatutos del
Mercosur ningún país puede cortarse solo y adherir a otro bloque individualmente
porque resultaría expulsado. En todo caso deben negociar en conjunto”, explica.
De todos modos, en este momento político los gobiernos del Mercosur muestran
sintonía para avanzar a esquemas de integración global bajo la lógica de la
apertura comercial y financiera, con desregulaciones al capital y un
ordenamiento económico-social guiado por las reglas del mercado. La excepción es
Venezuela. El FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio son
los organismos rectores. Eso es lo que significa para el gobierno de Macri
volver al mundo, devaluando al Mercosur y las asociaciones Sur-Sur que intentó
el kirchnerismo. Otras alianzas estratégicas, con China o con Rusia, también
pasan a un segundo plano.
“Creo que cuatro años le pueden alcanzar a este Gobierno para empujar al
Mercosur a una integración con la Alianza del Pacífico. La incógnita es Brasil,
porque todavía no está claro cómo se resolverá el marasmo político que
atraviesa”, estima a su vez Stella Maris Biocca, experta en derecho
internacional. “Pero la voluntad del gobierno argentino está clara”, agrega.
También de la burguesía brasileña, apunta Español, cada vez más ganada hacia un
proyecto de valorización financiera en lugar del de desarrollo productivo. El
modelo que avanza en ambos países es el agroexportador y financiero, relegando
al industrial. Las relanzadas negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea
para un acuerdo comercial van en la misma línea. “Estamos un presencia de un
gobierno neoliberal que cree en las pautas de funcionamiento neoliberal y va
tratando de imponerlas”, define Biocca. “Estados unidos es un país insistente.
Después del fracaso del ALCA empezó a establecer nuevas redes a través de
tratados bilaterales con distintos países de la región. La Alianza del Pacífico
no es más que otra de las caras de ese proyecto, al que la Argentina se quiere
sumar”, resume. Al mismo tiempo, Estados Unidos trabaja en el acuerdo
Transpacífico, entre los países cordilleranos de América, salvo Ecuador, y
asiáticos, con excepción de China. “Esto es sumamente riesgoso, porque una vez
que se entra en esas estructuras se definen patrones de especialización que
pueden durar décadas”, completa Biocca. Para Cambiemos, por el contrario, el
avance hacia la Alianza del Pacífico, la especialización en exportaciones
primarias y agroindustriales, bajo el ala de Estados Unidos, es la revolución de
la alegría.
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