El próximo 30 de junio el presidente Macri viajará a Chile para participar como
“observador” en la Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico (AP).
Previamente, la Cancillería argentina presentó un pedido formal para que nuestro
país se transforme en “Estado observador” de dicho bloque. Se trata de una
novedad en materia de política exterior para la Argentina, ya que si bien
nuestro país mantiene profundas e históricas relaciones comerciales con cada uno
de los Estados parte de la AP, este involucramiento institucional podría
tratarse de un primer paso hacia un cambio más radical en la orientación del
proceso de inserción mundial de la Argentina.
En los hechos, la AP se trata de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que, más
allá de haber eliminado los aranceles al 92% del comercio de bienes entre sus
socios, incluye las disciplinas típicas de la última generación de este tipo de
acuerdos, las cuales reglamentan aspectos adicionales del vínculo económico
entre países tales como las inversiones extranjeras o las compras públicas.
El hecho de ser un “observador” de la AP no es un privilegio, ni una
exclusividad, ni mucho menos. La AP cuenta en la actualidad con 42 Estados
observadores entre países de los cinco continentes. Ser un Estado observador de
la AP significa poco y nada. Básicamente, los observadores pueden participar de
aquellas reuniones a las que sean invitados, aunque sólo con derecho a voz. Sin
embargo, la experiencia indica que en esos ámbitos no se suelen discutir los
temas sustantivos del esquema de integración, sino solo realizar un repaso
somero del estado del proceso.
La estrategia de mediano y largo plazo
La solicitud realizada por la República Argentina para constituirse como Estado
observador de la AP, desde un punto de vista económico, no conlleva ni
oportunidades ni peligros. Se trata de una mera formalidad. Sin embargo, desde
un punto de vista político o simbólico, dice mucho.
En primer lugar, se puede aventurar que se trata de un primer movimiento en el
marco de una estrategia de mediano plazo tendiente a que Argentina se transforme
en un Estado parte de la AP. En términos formales, nuestro país ya cumple con
las condiciones requeridas como para presentar su candidatura a Estado miembro,
ya que tiene suscritos acuerdos de libre comercio con al menos la mitad de los
Estados partes: los Acuerdos de Complementación Económica (ACEs) suscriptos con
Chile, Perú y Colombia son lo suficientemente amplios como para ser
interpretados como TLCs. En caso de que la solicitud sea aceptada por los
Estados parte de manera unánime, Argentina tendría un año calendario (con
posibilidad de prórroga) para cumplimentar el conjunto de condiciones necesarias
para iniciar el proceso de adhesión a la AP: básicamente, tener suscritos TLCs
con todos los Estados Parte, en cuyo caso nuestro país debería primero suscribir
un TLC con México.
Sin embargo, Argentina no podría avanzar en esa dirección sin que antes el
Mercosur modifique su propia normativa. Hoy en día los países del Mercosur no se
pueden sumar de manera individual como Estados parte a la AP, ya que tanto el
Tratado de Asunción como la Resolución CMC 32/00 indican que los países del
bloque tienen una política comercial común. Por consiguiente, los países del
Mercosur deben negociar en bloque la realización de acuerdos comerciales con
países de extrazona. Para poder sumarse a cualquier otro acuerdo como Estado
parte, primero se debería “flexibilizar” o “degradar” al Mercosur, dejando de
lado su estatus actual de “unión aduanera” para pasar a conformar un mero TLC.
En segundo lugar, esta decisión de pasar a formar parte de la AP como Estado
observador quizás también responda a una estrategia de más largo plazo de formar
parte de otros mega-acuerdos regionales, tales como el Trans-Pacific Partnership
(TPP), dentro del cual ya se encuentran insertos tres de los cuatro Estados
parte de la AP (Chile, Perú y México). De hecho, ya se produjeron declaraciones
en este sentido por parte de funcionarios de alto rango del gobierno macrista.
La región como espacio de acumulación o como plataforma de exportación
Participar de la AP como Estado observador es una mera formalidad. Una eventual
participación como Estado parte requiere la “degradación” del Mercosur, lo que
permitiría a posteriori que Argentina pueda negociar individualmente su ingreso
a otros acuerdos que sí serían peligrosos para el bienestar futuro de los
argentinos, tales como el TPP.
El proyecto político y el modelo económico kirchnerista necesitó para su
desarrollo de un esquema de inserción internacional que priorizaba a la región y
al Mercosur como espacios de acumulación a partir de los cuales obtener las
economías de escala y aprendizaje necesarias para la proliferación de los
sectores industriales. Por el contrario, el proyecto político y el modelo
económico macrista ven a la región y al Mercosur como meras plataformas de
exportación de los productos en los que Argentina ya cuenta con ventajas
competitivas vinculadas con la cantidad y calidad de nuestros recursos
naturales. La diferencia no es menor para el pueblo argentino.
Los riesgos de mirar hacia el Pacífico
El ingreso de Argentina como Estado Observador a la Alianza del Pacífico (bloque
regional compuesto por México, Colombia, Perú y Chile como Estados parte) fue
saludado desde diversos medios de comunicación conservadores de nuestro país,
que pretenden ver en la noticia el certificado final de defunción –tantas veces
anunciado– del pelotón de instancias de integración autónomas: Unasur, Mercosur,
ALBA y PetroCaribe. En contraposición a eso, la noticia no generó mayor
repercusión en la prensa latinoamericana, que cubre con más énfasis el deterioro
de la situación social argentina y los escándalos offshore del presidente Macri
que su política internacional.
Por el momento, el ingreso argentino no es más que un saludo genérico a una
instancia abarrotada de Estados Observadores, con casi 50 países en esa
condición, contra sólo 4 con membresía plena. No hace falta más que ver el mapa
que presenta la propia AP en su web para dar cuenta de ello, con una gran
proliferación del bloque EEUU-UE en esta clase de membresía parcial que otorga
voz en reuniones (y no mucho más). En su afán de no mirarse en soledad en una
América Latina y el Caribe que aún sigue contando con mayoría de gobiernos
nacional-populares y de izquieda –aunque no con el énfasis de años pasados,
claro está– Macri orienta su política exterior rumbo a países que no han
demostrado grandes logros en materia económica y social. Esto queda evidenciado
en las propias estadísticas de la OCDE, que hablan de una desigualdad creciente
en los Estados parte de esta organización apadrinada por Washington.
Un elemento interesante se desprende de una lectura inicial del Acuerdo Macro de
AP, firmado en junio de 2012 en Chile: tres de los cuatro suscriptores han
salido –o están camino a hacerlo– de la presidencia de sus respectivos países.
Hacemos referencia a Piñera, Calderón y Humala, que dejan en soledad a un Juan
Manuel Santos que ganó agónicamente la segunda vuelta de 2014. Es decir:
hablamos de países con volatilidad política creciente, muy elogiados por la
prensa corporativa pero con modelos político-económicos poco refrendados por sus
habitantes en las urnas.
Pero AP tiene un problema adicional de dimensiones: viene atado al combo del
Acuerdo TransPacífico (TPP). Intentar sacrificar el Mercosur –es preciso
“flexibilizar” sus condiciones– para ir corriendo tras un mega-acuerdo que
intenta correr a China en el marco del progresivo declive de EE.UU. no parece
ser la opción más razonable para Argentina. Macri debería firmar dos Tratados de
Libre Comercio –es decir, con la mitad de sus miembros plenos– para intentar ser
Estado parte de AP en el futuro. Paradójicamente, a 25 años de la firma de un
Mercosur que fue concebido en pleno auge neoliberal, es este tratado el que
impide que la Argentina de PRO se tire de cabeza a la pileta librecambista que
ofrece la AP. ¿Se animará a aún más el tándem Macri-Malcorra? ¿Buscarán romper
el Mercosur por el capricho de “pertenecer” a los mega-acuerdos que exige
EE.UU.?
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