No hay antecedentes, en cambio, de que miembros de las fuerzas armadas de un país, con la connivencia de sectores políticos y eclesiásticos, descargaran sus bombas y ametrallaran a la pacífica población civil, como forma de implantar el terror y el escarmiento para lograr la toma del poder.
Por otra parte, las ciudades argentinas jamás habían sido ni fueron luego bombardeadas por fuerzas extranjeras.
El furor fratricida se abatió el jueves 16 de junio de 1955 en el marco de una tentativa de golpe de Estado, centrándose particularmente en civiles inermes o muy pobremente armados en defensa de un gobierno no solo legítimamente constituido, sino también sustentado por un apoyo popular hasta entonces inédito en los anales de la historia nacional.
Desde aviones fueron lanzadas más de cien bombas —con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos— la mayoría de ellas sobre las plazas de Mayo y Colón y la franja de terreno comprendida entre las avenidas Leandro N. Alem y Madero, desde el Ministerio de Ejército (Edificio Libertador) y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones (Correo Central) y el Ministerio de Marina, en el noroeste.
Las acciones bélicas planeadas por los mensajeros de la muerte en aquel fatídico día tenían el descabellado propósito de bombardear la zona céntrica de la Plaza de Mayo con el fin de matar al Presidente y a sus ministros al precio de destruir la Casa de Gobierno con todos sus ocupantes y causar en sus alrededores muertes y daños, desaprensivamente y sin importar su costo humano.
Dichas acciones bélicas, ante la ausencia del Presidente y de sus ministros, constituyeron desde sus inicios un escarmiento destinado a castigar y quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional.
Clara muestra de ello es que solo doce de las más de trescientas víctimas mortales (aproximadamente el cuatro por ciento) se encontraban dentro de la Casa de Gobierno, en la que impactaron veintinueve bombas de las que seis no estallaron.
El resto de las bombas y proyectiles de grueso calibre provenientes de aviones, así como también los disparados por los fusiles semiautomáticos FN de fabricación belga, estrenados por los infantes de Marina que intentaron asaltar la Casa Rosada, estuvieron dirigidos a una población que fue sorprendida en sus quehaceres cotidianos por la primera incursión de la aviación naval a las 12:40 de aquel jueves frío y nublado.
Tres centenares de civiles armados (llamados “comandos civiles”), cuyo concurso estaba previsto en apoyo de los infantes de Marina durante el asalto a la bombardeada Casa Rosada a fin de matar a Perón y a sus ministros, intervinieron solo en acciones colaterales (como la ocupación de Radio Mitre, a través de la cual se lanzó una proclama que dio al “tirano” Perón por muerto). No tuvieron el protagonismo previsto debido al retraso en el comienzo de las operaciones, inicialmente programado para las 10, a causa de que Buenos Aires estaba cubierta de nubes bajas que impedían el bombardeo.
El golpe fue llevado adelante por oficiales y suboficiales de la Armada Argentina, con el apoyo de un sector de la Aeronáutica. En esta ocasión el Ejército se mantuvo leal al Gobierno, aunque exactamente tres meses después, gran parte de él intervendría decisivamente en el derrocamiento del gobierno constitucional presidido por el general Juan Domingo Perón.
El propósito de la conjura, tras asesinar al presidente de la Nación, era instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz (dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (dirigente del Partido Socialista) y Adolfo Vicchi (del Partido Conservador).
Zavala Ortiz fue uno de los que huyeron con las aeronaves, exiliándose en el Uruguay. Volvió luego del 16 de septiembre, y siendo canciller del presidente Arturo Illia, logró que la dictadura militar que gobernaba Brasil, impidiera el retorno del general Perón del exilio, el 2 de diciembre de 1964, cuando se lo detuvo en el aeropuerto carioca de El Galeao. Para vergüenza de los argentinos, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Olivera, le puso su nombre a la plazoleta de la avenida Leandro N. Alem y Rojas.
Ghioldi, que saludó los fusilamientos del general Valle y de sus hombres y la masacre de José León Suárez en junio de 1956, escribiendo en el diario La Vanguardia: “¡Se acabó la leche de la clemencia!”, sería embajador en Portugal durante la dictadura de Videla.
El ataque aéreo se realizó en sucesivas oleadas entre las 12:40 y las 17:40, siendo acaso la más destructiva la que se lanzó a partir de las 15:15 y contó con el concurso de cazas Gloster Meteor. Los ataques tuvieron como objetivo la Casa Rosada, la Plaza de Mayo y sus adyacencias (donde se registró el mayor número de víctimas), el Departamento Central de Policía y la residencia presidencial (que estaba donde hoy está la Biblioteca Nacional), las columnas del Regimiento 3 de Infantería “General Manuel Belgrano” que salieron del cuartel de La Tablada hacia Plaza de Mayo y el aeropuerto internacional de Ezeiza tomado por los golpistas, para recuperarlo; una concentración obrera en avenida General Paz y Crovara, y las antenas de Radio del Estado —en la terraza del Ministerio de Obras Públicas emplazado en la avenida 9 de Julio— y de Radio Pacheco (nudo de enlace de las comunicaciones radiotelefónicas) en la localidad del mismo nombre. La CGT no recibió ataques directos, porque un suboficial de la Armada se negó a trasmitir la orden dada en ese sentido por uno de los jefes de la conspiración cívico-militar, el contralmirante Aníbal Osvaldo Olivieri, hasta ese momento ministro de Marina.
Los aviones que iniciaron el bombardeo estaban al mando del capitán de fragata Néstor Noriega, y fueron veinte North American AT6 de bombardeo vertical al mando del capitán de corbeta Santiago Sabarots, cinco aviones bimotor Beechcraft AT11 de bombardeo horizontal, al mando del capitán de corbeta Jorge Imaz y tres hidroaviones Catalina, al mando del capitán de corbeta Enrique García Mansilla. Más tarde se sumaron a los ataques seis cazas interceptores Gloster Meteor de la Fuerza Aérea que contaban con cañones semiautomáticos de 20 milímetros.
Este masivo crimen de lesa humanidad no puede verse descontextualizado con lo que había ocurrido desde el 17 de octubre de 1945, cuando una movilización de los trabajadores, hombres y mujeres del pueblo a quienes Raúl Scalabrini Ortiz denominó “el subsuelo de la patria sublevado”, repusieron en su cargo al coronel Perón. Esa misma noche hubo enfrentamientos armados en los que murió el joven manifestante Darwin Passaponti.
La coalición política oligárquica que enfrentó a la formula Perón-Quijano, la Unión Democrática, se constituyó bajo el auspicio del embajador de Estados Unidos, Spruille Braden. Y tuvo como una de sus figuras centrales al ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Antonio Santamarina. Tras la derrota, algunos de sus miembros se lanzaron a los caminos de la violencia antiperonista.
Es bueno recordarlo aquí, porque en la Historia toda tragedia se construye con prácticas genocidas que van logrando un acostumbramiento de la sociedad a hechos que marcan un camino, hasta que se torna inevitable la masacre colectiva.
Los comandos civiles fueron una creación con hondas raíces. Se inspiraron en las brigadas antiobreras de la Liga Patriótica que actuaron entre los años 20 y 30. Y vieron la luz a partir de 1946 como grupos de supuesta autodefensa de los partidos políticos Radical, Conservador y Socialista, para terminar siendo la avanzada violenta del antiperonismo golpista.
No habría sido posible el bombardeo del 16 de junio de 1955 si no hubiera existido el intento de golpe de Estado del general Benjamín Menéndez en septiembre de 1951—del que participó también Orlando Ramón Agosti, futuro miembro de la Junta Mi- litar en 1976— y el del coronel Francisco Suárez en 1952, cuya unidad con los golpes posteriores no solo está dada por sus propósitos, sino por la presencia de los mismos protagonistas: Menéndez, Alejandro Lanusse, Eduardo Lonardi y tantos otros.
No habría sido posible el bombardeo del 16 de junio de 1955 si no hubieran existido los tres artefactos explosivos colocados en alrededores de la Plaza de Mayo, en 1953, durante una concentración organizada por la CGT, en momentos en que el presidente Perón se dirigía a la concurrencia desde el balcón de la Casa Rosada. De las tres bombas estallaron dos. Y la colocada en un andén del subte de Plaza de Mayo mató instantáneamente a cinco personas e hirió a más de cien; diecinueve de ellas quedaron mutiladas o lisiadas para siempre. Este acto criminal fue dirigido por el ingeniero Roque Carranza, quien tres décadas después, con la desmemoria de su antigua responsabilidad criminal, fue designado ministro en el gobierno de Raúl Alfonsín, y paradójicamente, a su muerte, puesto su nombre a una estación del subterráneo.
En cambio, durante junio de 1955 se machacó deliberadamente a una masa anónima con el objetivo de que el temor se expandiera y calara hasta los huesos entre los potenciales defensores del gobierno constituido.
Las bombas en Plaza de Mayo implicaron una clara advertencia: quienes buscaban derrocar a Perón estaban dispuestos a verter toda la sangre que fuera necesaria.
El primer canciller de la llamada “Revolución Libertadora” desnudará sin pudor el carácter oligárquico y antipopular del ensayo macabro del 16 de junio y del golpe de Estado triunfante puesto en ejecución exactamente tres meses después: “Porque no olvidemos el hecho de que la revolución de septiembre de 1955 no fue solamente un movimiento en que un partido derrotó a su rival o en que una fracción de las Fuerzas Armadas venció a la contraria, sino que fue una revolución en que una clase social impuso su criterio sobre otra”.
La frase es de su libro Ayer, hoy y mañana. Recordemos que el 16 de junio, Mario Amadeo fue jefe de los comandos civiles del nacionalismo local.
En Argentina, los ideólogos civiles de la masacre —con esa capacidad que tiene siempre la derecha de deslindar sus responsabilidades, descargando todas las culpas sobre los gobiernos populares a los que trata de derrocar— pretendieron hacer responsable del derramamiento de sangre que segó la vida de más de trescientas personas al propio Perón. Y si alguna vez lamentaron tantas muertes, las consideraron inevitables.
Los múltiples vasos comunicantes entre los golpistas de 1951, 1955, 1966 y 1976 son tan evidentes como el hecho de que la impunidad de que gozaron los asesinos habría de alentar el in crescendo criminal que culminó en 1976 con el secuestro, tortura, detención-desaparición y asesinato de millares de personas. La lección de junio del 55 había sido aprendida y transmitida por aquellos que constituyeron su criminalidad como un continuo.
El terror expandido era imprescindible para tratar de dominar todo el cuerpo social. El capitán de navío Vicente Baroja, que participó en el complot de Menéndez como jefe de una escuadrilla de la aviación naval que arrojó panfletos sobre la Casa Rosada y otros lugares céntricos, años más tarde, ya con el grado de contralmirante, puntualizó respecto a aquel primer intento golpista: “El movimiento fue sumamente aleccionador para el país y las Fuerzas Armadas. Habíamos confiado en derrotar al tirano con pequeñas acciones sin derramamientos de sangre. La lección fue que era preciso llegar al derramamiento de sangre para voltearlo”.
Algunos ejemplos del continuismo golpista: los tres ayudantes del contralmirante Olivieri eran los capitanes de fragata Emilio Eduardo Massera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Todos ellos, a pedido de Olivieri, fueron eximidos de ser juzgados por el benevolente Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Massera fue miembro de la Junta Militar que asaltó el poder en marzo de 1976; Mayorga estuvo involucrado en la Masacre de Trelew (el ametrallamiento de diecinueve prisioneros, de los que murieron dieciséis, el 22 de agosto de 1972) y después, en la última dictadura, de la que Montes fue canciller.
Los pilotos y demás fugados a Uruguay fueron recibidos en el aeropuerto de Carrasco por el capitán Carlos Guillermo Suárez Mason, prófugo de la Justicia argentina desde su participación en el intento de golpe de septiembre de 1951. Suárez Mason sería el poderoso comandante del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura; luego vaciaría YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que se convertiría en la única petrolera del mundo con pérdidas sistemáticas.
Entre los pilotos y tripulantes de aviones que huyeron, Máximo Rivero Kelly sería acusado de delitos de lesa humanidad cometidos como jefe de la base Almirante Zar, de Trelew, y de la Fuerza de Tareas 7 que operó en la zona norte de Chubut durante el llamado Proceso; Horacio Estrada fue jefe del grupo de tareas de la ESMA; Eduardo Invierno fue jefe del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) durante la dictadura y, como tal, estuvo involucrado en el asesinato del empresario Fernando Branca; Carlos Fraguío fue titular en 1976 de la Dirección General Naval y tuvo una clara responsabilidad sobre los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ESMA y en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina; Carlos Carpintero se desempeñó a partir de 1976 como secretario de Prensa y Difusión de la Armada; Carlos Corti sucedió a Carpintero como vocero naval y Alex Richmond fue agregado naval en Asunción.
De la Fuerza Aérea: el capitán Jorge Mones Ruiz sería durante la dictadura delegado de la SIDE en La Rioja, y Osvaldo Andrés Cacciatore nada menos que intendente de la Ciudad de Buenos Aires.
El 16 de junio de 1955, a excepción del jefe de la Infantería de Marina, contralmirante Benjamín Gargiulo —que se suicidó tras el fracaso golpista—, y del primer teniente de la Fuerza Aérea, José Fernández —a quien hirieron los suboficiales leales a los que había reducido antes de morir desangrado—, los golpistas no tuvieron bajas entre sus filas.
Ni siquiera heridos, según surge de las actas de ocupación del Ministerio de Marina.
En cuanto al furor homicida de los golpistas, la simple proporción de muertos (más de trescientos a uno) lo evidencia sobradamente. En tren de justificar su decisión de arrojar 800 litros de combustible de un tanque auxiliar sobre la Casa de Gobierno
—lo que admitiría que nadie le había ordenado que hiciera—, el piloto Guillermo Palacio dijo que “fue una demostración del odio, de la reacción desatada por las medidas que agobiaban al país”.
La masacre del 16 de junio de 1955 tiene una continuidad política y en sus componentes personales, continuidad que serpentea por un camino plagado de sangre de mártires populares y tiene su gran desemboque criminal el 24 de marzo de 1976.
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