Bonadio y Cristina Kirchner vuelven a cruzarse tras la decisión de Irurzun, que dejó en manos del primero, a quien CFK acusó de perseguirla, la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta y otros funcionarios de su gobierno por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA. El mismo juez ya la procesó en otras dos causas, la del dólar futuro y Los Sauces. En la última de las causas, luego de procesarla por supuesta asociación ilícita con el propósito de beneficiar a ciertos empresarios con obras públicas, se declaró incompetente y le envió el expediente a su par, Julián Ercolini.
La denuncia realizada por Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida, en enero de 2015, había sido desestimada por el juez Daniel Rafecas y por la Cámara Federal, que sentenciaran que no había ningún delito en la firma del Memorándum con Irán. Inclusive, Casación convalidó un dictamen fiscal en el mismo sentido. Con el cambio de gobierno algunos fiscales federales, la dirigencia de la DAIA y denunciantes afines al macrismo volvieron a la carga con el tema por dos vías: presentaron lo que promocionaron como “pruebas nuevas” en la causa que Rafecas había archivado e hicieron una nueva denuncia con esos elementos por “traición a la patria”.
En diciembre de 2016, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que el Memorándum de Entendimiento con Irán pudo ser una fuente o un resultado de delitos. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa ordenaron reabrir la denuncia del fallecido fiscal contra el gobierno anterior por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Tanto Rafecas como los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero fueron apartados del caso por Casación, que les cuestionó haber resuelto de manera “prematura”, “arbitraria” y “parcial” el expediente. Además aceptaron que la DAIA fuera querellante y ordenaron que se recabaran las 45 medidas de prueba que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita.
Bonadio va ahora por De Vido
El diputado y ex ministro de Planificación fue citado en una causa por supuestas irregularidades en la asignación de subsidios al transporte. La líder de la Coalición Cívica se había quejado de que la dirigencia política, incluido el PRO, lo protegía.
El juez federal Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria al diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa en la que se lo investiga por supuestas irregularidades en la asignación de subsidios al gasoil para las empresas de colectivos. Casualmente, la citación de Bonadío ocurre luego del revuelo que armó entre el oficialismo la diputada Elisa Carrio, quien afirmó que había “un lobby de toda la clase política para proteger a Julio De Vido”, incluidos sus socios de Cambiemos.
Según informaron fuentes judiciales, Bonadio convocó a De Vido para el 23 de junio a los tribunales de Comodoro Py, junto a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, detenido en el penal de Ezeiza, y Juan Pablo Schiavi. El magistrado, además, firmó órdenes para que declaren como imputados los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
En esta causa se investigan los subsidios que los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández entregaron a las empresas de transporte automotor para afrontar los costos de combustible, entre 2005 y 2012, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes.
El subsidio se entregaba a contra entrega de una declaración jurada que presentaban las empresas de colectivos a la Secretaria de Transporte, en la que indicaban cuántos kilómetros recorría cada línea y el número de pasajeros que transportaba. La CNRT tenía que controlar si esos datos eran veraces o no.
Los investigadores detectaron supuestos fraudes en las declaraciones juradas y un presunto perjuicio para las arcas públicas por unos 200 millones de pesos.
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