Las escenas violentas de represión a los mapuches con la consecuencia de la desaparición forzada de Maldonado desató una cascada de representaciones esperpénticas que retrotrajeron a otras similares de los peores años. Fuerzas represivas desafiantes, medios y periodistas oficialistas cómplices en el ocultamiento, funcionarios desviando la atención y minimizando o justificando los hechos, expresiones de grupos sociales como la Sociedad Rural que exigen la defensa de sus privilegios con mano dura y así sucesivamente. Escenas que empujaron a una sociedad a asomarse otra vez al balcón de sus peores pesadillas de las que trata de alejarse en forma desesperada desde el retorno a la democracia.
Hay situaciones circulares, bolsones de deformidades que no pudieron elaborar el horror. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que habla de subversión mapuche en un caso de desaparición forzada cuando el cargo de subversivo fue usado antes por la dictadura contra ella, cuando formaba parte de Montoneros, para justificar la tortura y la desaparición. La ministra sabe lo que dispara esa imputación absurda, que es pura justificación, dirigida contra una comunidad que no representa ninguna amenaza real. Y si antes fue víctima de esa acusación, ahora se ha convertido en victimaria para reproducir una escena que la mayoría de la sociedad rechaza.
Y hay circularidad en la presencia de un jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encargado de coordinar la represión a los mapuches. Antes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Noceti era conocido como defensor de represores que violaron los derechos humanos durante la dictadura, acusados de secuestros y desapariciones forzadas. Es un abogado para quien los juicios contra genocidas durante el alfonsinismo y el kirchnerismo fueron la “legalización de una venganza diseñada por el poder político al servicio de inconfesables intereses”. Noceti se formó bajo la protección de Alfredo Battaglia, conocido camarista durante la dictadura quien luego tuvo a Galtieri entre sus defendidos. Y además milita en la Corporación de Abogados Católicos, una agrupación de propagandistas del terrorismo de Estado.
La presencia de Noceti cerca del lof de Cushamen durante la represión a los mapuches está comprobada. Por esa razón, los organismos de derechos humanos plantearon la responsabilidad de los más altos niveles del Estado en la decisión de la represión, de sus consecuencias como la desaparición forzada de Santiago Maldonado y del intento de ocultamiento. Es un caso muy diferente al de Jorge Julio López, que fue desaparecido para desestabilizar a un gobierno que estaba impulsando contra viento y marea la realización de los juicios a estos represores.
Patricia Bullrich, junto a Jorge Lanata y otros periodistas oficialistas hablaron de una supuesta orga: Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a la que no están integrados los mapuches atacados y mostraron fotografías de hachas, hoces y martillos alineados como parte del armamento secuestrado a la comunidad. La simultaneidad de estas supuestas investigaciones periodísticas dejan la impresión de una maniobra de los organismos de inteligencia para encubrir violaciones a los derechos humanos, de la misma forma que lo hicieron durante la dictadura. Repiten en doloroso ritual términos sobre personas “extraviadas”, personas que “no tienen entidad”. Inventan testigos y filmaciones que muestran a la víctima “lúcida y en libertad” paseando en otras provincias.
Es sabido que la Sociedad Rural presidida en aquella época por el abuelo del ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, financió la campaña genocida del general Roca contra los pueblos originarios, denominada “conquista del desierto”. Circularidades, calesitas de la historia, la Sociedad Rural actual emitió un comunicado que respaldó la represión violenta a los mapuches, en un acelerado viaje a un pasado de terratenientes y oligarquías, de esclavitud y genocidio.
“Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del Sur –agregó en medio del conflicto—, es importante que se esté actuando frente a la problemática ya que son muchas las familias de productores que sufre la amenaza constante de este grupo criminal, que por años se manejó con total impunidad.” Ni una palabra sobre la desaparición de una persona en el marco de la represión que reclaman. No existe, no está, no tiene entidad, como dijo el general que murió en la cárcel por ese delito.
No fue “hermético ni elíptico” Hernán Lombardi el titular de los medios públicos. Es el funcionario que dijo que llegaba para garantizar pluralidad de voces, en un gobierno que en realidad –y como no lo hizo antes ningún otro—, está asfixiando a los medios críticos como PáginaI12. De la misma forma habla de los derechos humanos para ocultar su violación: “lo que pasa en la Patagonia, más allá de que rápidamente aparezca el ciudadano desaparecido (…) digo, alentar la violencia loca de esta fracción de resistencia ancestral mapuche está poniendo en jaque a la democracia”, juzgó Lombardi, y agregó que “es una locura” que eso “lo aliente la dirigencia política que rodea a Cristina Fernández”. Como todo el mundo puede observar, la democracia está en jaque por una guerrilla mapuche kirchnerista. Es muy ilustrativo que lo único importante de lo que dijo es lo que separó con un minimizante “más allá”: la desaparición forzada de un ser humano. Y lo demás es oportunismo político: la democracia no está en jaque y es imposible ver al kirchnerismo alentar una guerrilla mapuche.
Hay una inercia que parece romper las contenciones mínimas de civilidad que han podido construirse en estas tres décadas de democracia. El neoliberalismo muestra una lógica apremiante que solivianta los resguardos democráticos como una costura que se descose. La irrupción abrupta de la desigualdad, el desempleo, el favoritismo hacia los ricos, se equilibran con la propuesta de fuerzas de seguridad como resguardo de esos privilegios como sucedió con la gendarmería que reprimió a los mapuches en el sur y con el empeño permanente de los medios oficialistas para que la sociedad acepte esa lógica como la única posible y provechosa. El nefasto “por algo habrá sido” proviene del concepto de meritocracia: la víctima merece serlo porque hizo mérito para ocupar ese lugar. Y lo mismo ocurre con el poderoso y el victimario. No hay mediaciones ni regulaciones que equilibren y ordenen la convivencia, solamente el poder de los poderosos que subordina a los más humildes.
El aumento de la desigualdad agudiza la conflictividad social y el único argumento de este gobierno es la represión y las realidades virtuales de los medios oficialistas. Es un gobierno de CEO, de empresarios multimillonarios. Lo único que aprendieron, lo único que saben, es lo que están haciendo. No tienen otra apertura porque ven al país y al mundo desde su lugar de empresario donde todo lo que se manifieste en contra de sus intereses aparece como antinatural y peligroso y por el contrario les parece natural y civilizado lo que favorece a sus intereses. Esa mirada está introduciendo al país en un laberinto que ya conoce. Tiene presos políticos como Milagro Sala por la que se reclama la libertad inmediata desde la CIDH y la ONU, además de los organismos de derechos humanos locales. Y ahora está Santiago Maldonado, detenido desaparecido, por el cual se reclama aparición con vida, también desde organismos internacionales y locales. La sociedad se ha sacudido ayer de sus otras disputas, incluyendo a muchos que votaron a este gobierno. Se lastimó una zona sensible que reclama respuesta y la única que espera es: aparición con vida de Santiago Maldonado y castigo a los culpables.
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