Así en Brasil como en la Argentina

Brasilia, febrero de 2015. A 50 días del inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff. En coincidencia con la debilidad que arrastra la economía y propulsado por el "escándalo da Petrobras", nombre que dio la prensa a la red ilegal por la cual corporaciones privadas financiaron partidos y candidaturas políticas a través de la "caja" de esa petrolera, el establishment brasileño usó de ariete a la oposición en el Congreso para impulsar la implementación del "distritão". Es un sistema por el que son electos los candidatos más votados hasta completar las diputaciones que cada Estado tiene asignadas.

Con la excusa de ir al "rescate de las instituciones", la reforma prevé el fin de la lista sábana –el país vecino la llama "proporcional"– y su remplazo por aquel sistema, que alentará la individualidad y fragmentación política. Postulantes de un mismo partido competirán entre sí, además de contra los de otras fuerzas, para posicionarse entre los primeros. La reforma prevé recortes en las potestades de los partidos y en la difusión de sus ideas en los medios masivos.

"El sentimiento de confrontación con el (oficialista) PT y el debilitamiento del gobierno en medio de la doble crisis económica y política, está construyendo una (nueva) tendencia mayoritaria en el Congreso", escribió días pasados el principal editorialista del diario restaurador O Globo, Merval Pereira.

El "caso Nisman" parece no estar tan lejos del "escándalo Petrobras". No por sus intrincadas y opacas particularidades, sino por la conmoción social de ambos sucesos. Y, sobre todo, por la utilización de uno y otro como hecho disruptivo en el que –sólo– la política es la institución que debe ser reconvertida. El Poder Judicial, en lo sustancial, permanece intocado, al igual que el funcionamiento de las corporaciones, que suelen actuan como corruptoras.

La fragilidad económica como preámbulo del debilitamiento político. Los '90 en estado puro.