A dos semanas de la caratulada “muerte dudosa” del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, la investigación sobre las razones, las circunstancias y la manera en que dejó este mundo sigue a la espera del resultado de pericias claves que, quizás, puedan sacarla aunque sea un poco de la nebulosa en la que están envueltas.
Lo que sí deja cada día menos espacio para las dudas es que esa muerte –ya se trate de un suicidio inducido, de un suicidio a secas o de un homicidio, como plantean las diferentes líneas de investigación– está jugando un papel clave de una estrategia destituyente, con la modalidad de los llamados “golpes blandos”, que incluye, previamente articuladas o simplemente atadas con alambre sobre la marcha, operaciones judiciales, mediáticas y de inteligencia. Porque a esta altura de los acontecimientos, sin estar mediada por la muerte de Nisman, la denuncia por “confabulación criminal (para) decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán” realizada por el fiscal habría quedado enterrada como una mala pieza de dudosa construcción jurídica.
En este contexto, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de convocar sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional para el tratamiento del proyecto de ley que disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y propone la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –cuyo funcionamiento, por lo menos en la letra del proyecto, sería más transparente y acorde con la vida democrática– es indudablemente una maniobra defensiva del Gobierno pero, a la vez, abre la posibilidad de un importante salto en favor de la calidad institucional de la democracia argentina. “Esta es una deuda de la democracia. Tal vez me toca a mí hacer esta reforma. Hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces, medios de comunicación, que evidentemente ha quedado descubierta y que hay que cortar de cuajo”, dijo la Presidenta al anunciar el desmonte de la Secretaría de Inteligencia y el envío del proyecto de ley para su reemplazo por la AFI.
La secuencia. En medio del mar de especulaciones, falsas verdades, mentiras maquilladas, jugadas judiciales y bombardeo mediático montado alrededor de la muerte de Nisman y sus circunstancias, conviene recuperar una secuencia de hechos que puede servir de línea maestra para tratar de comprender lo que viene sucediendo.
El 16 de diciembre, la Presidenta pidió las renuncias del jefe y el subjefe de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, y designó para reemplazarlos al hasta entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y como segundo a Juan Martín Mena, hasta ese momento subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Con la llegada de las nuevas autoridades, fue también desplazado de su cargo el temible director de Reunión Interior de la SI, Antonio Stiusso, un hombre que había entrado en la ex SIDE en 1972 y hecho carrera durante la dictadura y los sucesivos gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Néstor Kirchner. Y un dato clave: desde hacía más de diez años, Stiusso era el agente de la SI que más estrechamente trabajaba con Nisman en la causa que investiga el atentado contra la AMIA.
El 12 de enero, el fiscal Alberto Nisman regresó –inesperadamente o no– de un viaje que realizaba por Europa con una de sus hijas. En un mensaje de Whatsapp enviado a algunos de sus contactos más cercanos, Nisman explicó: “Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años (se refiere al cumpleaños de su hija) a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa. A veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden, y eso es por algo. Esto que voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo que vengo preparándome para esto, pero no lo imaginaba tan pronto. Me juego mucho en esto”. Del mensaje se desprende que Nisman no tenía previsto regresar para esa fecha. Sin embargo, la investigación de su muerte, a cargo de la fiscal Viviana Fein, pudo establecer que desde diciembre Nisman tenía un pasaje de vuelta a Buenos Aires para el 12 de enero. El mensaje y el dato son contradictorios, a no ser que Nisman hubiera ocultado a todos (incluida a su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, que también estaba en Europa) su intención de regresar para esa fecha.
El 14 de enero, Nisman presentó una declaración denunciando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a otros dirigentes políticos de encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA. La denuncia, que pedía la suspensión de la Feria Judicial, fue a parar al Juzgado de turno de María Romilda Servini de Cubría, quien rechazó el pedido.
El 15 de enero, según el diario uruguayo El Observador, Stiusso viajó desde Montevideo –donde aparentemente descansaba desde poco después de haber sido desplazado de la SI– a Buenos Aires.
El 18 de enero, el fiscal Alberto Nisman es hallado muerto con un disparo calibre .22 en la cabeza, en el baño de su departamento. Su cuerpo trababa la puerta del baño, impidiendo la entrada. El arma pertenecía a un colaborador informático de la Fiscalía, Diego Lagomarsino, quien declaró que Nisman se la había pedido el día anterior para protegerse.
El 20 de enero, el Centro de Información Judicial publicó el texto completo de la denuncia de Nisman. Por su estructura y contenido, numerosos especialistas lo consideraron más un texto salido de las entrañas de un servicio de inteligencia que de la pluma de un fiscal de reconocida trayectoria y capacidad profesional.
El 29 de enero, entrevistado por el periodista Luis Gasulla, de Perfil.com, el ex agente de la SIDE Luis Velázquez acusó a Stiusso de provocar la muerte de Nisman. “La persona que lo traicionó fue el mismo Jaime Stiusso, porque Nisman le pidió unas escuchas para completar el informe final y se las negó. Jaime le dijo que no. La denuncia es lo que dijo Pepe Eliaschev y había muchas cosas más que no aparecieron. Se vio víctima, padeció una puñalada trapera que la sufren todos los del entorno de Jaime. Se vio solo y se mató.”
Hasta aquí la sucesión de hechos, desprendida de toda la hojarasca confusional con la cual se la ha ido rodeando. Si se los pone en el contexto de una operación destituyente que articula maniobras de inteligencia, operaciones judiciales y campañas mediáticas, cualquier lector mínimamente avisado podrá sacar más de una conclusión.
Lo viejo y lo que vendrá. En la Argentina funcionan hoy más de una decena de servicios de inteligencia, además de la Secretaría de Inteligencia cuyo funcionamiento propone interrumpir el proyecto de ley anunciado por Cristina Fernández de Kirchner. La mayoría de ellos dependen de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Hasta hace poco, la SI era la más favorecida con los fondos destinados a tareas de inteligencia. En el Presupuesto de 2014, se le adjudicaron 1.874 millones de pesos, de los cuales 1.492 millones fueron destinados a pagar los salarios de un número desconocido de agentes. Sin embargo, en los últimos tiempos, la SI perdió ese lugar de privilegio, desplazada por el Servicio de Inteligencia del Ejército, desde donde se catapultó a la jefatura de la fuerza el general César Milani, acusado de crímenes de lesa humanidad.
Apenas recuperada la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín intentó depurarla, separando de su estructura a personal de las Fuerzas Armadas que la habían nutrido durante la dictadura. Pero para reformarla, a falta de expertos propios, buscó el asesoramiento de servicios secretos extranjeros, fundamentalmente franceses e israelíes, que no sólo colaboraron en la tarea sino que, al mismo tiempo, captaron agentes para su beneficio en la propia estructura de la entonces llamada SIDE. “El problema es que cuando subió el ex presidente Raúl Alfonsín al poder, al retorno de la democracia, se encontró con una Inteligencia taponada de militares. Dejó 1.200 agentes afuera, que son los que luego le hicieron la vida imposible con atentados y operaciones de prensa. El caso es que les encargó la reestructuración de los servicios de Inteligencia a la Securité francesa y al Mossad israelí. Esto es oficial, no un trascendido. Y ellos dejaron sus propios topos, y también los de la CIA”, denunció hace unos días, en una entrevista concedida al diario español Público, el abogado Juan Gabriel Labake, defensor de Alberto Kanoore Edul, acusado de comprar el vehículo que se utilizó en el atentado contra la AMIA.
En caso de aprobarse el proyecto de ley enviado por la Presidenta al Congreso (ver A favor y en contra del proyecto de ley), uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva Agencia Federal de Inteligencia será la de formación de agentes con una capacitación profesional compatible con la vida democrática. En este sentido, el funcionamiento del área de Inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una fuerza creada por este gobierno, puede constituirse en una referencia importante.
El proyecto establece que el trabajo de la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Y tipifica, específicamente, en qué consiste cada hecho para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, los cyber-delitos y los delitos contra el orden económico y financiero, así como también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Además, se dispone que las actividades de inteligencia interna quedarán fijas a delitos federales graves. Se establece, también, que la Agencia será el órgano superior de estas tareas. Asimismo, la AFI será el órgano superior que estará a cargo de las tareas vinculadas con las escuchas que ordenen los jueces. Establece, además, la transferencia a la Procuración del Ministerio Fiscal, del Sistema de Observaciones Judiciales que hasta ahora estaba en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Sólo en la práctica se verá si esta intención es capaz de romper con décadas de prácticas oscuras de millares de espías que, por lo general, han utilizado sus posiciones para favorecer intereses diferentes a los que marca la ley.
Lo más importante
AFI. El proyecto plantea la creación de una Agencia Federal de Inteligencia en lugar de la Secretaría de Inteligencia.
Escuchas. El sistema de Observaciones Judiciales pasará a la órbita de la Procuración.
Contacto. Los vínculos de cualquier funcionario con la AFI se harán sólo a través de los directores del organismo.
Plazo. La Presidenta solicitó que el proyecto establezca un plazo de 90 días para entrar en vigencia. Datos. Se crearán bancos de protección de datos y archivos para controlar la información.
Penas. se establecerán penas de 3 a 10 años de prisión para toda persona que intercepte, capte y desvíe ilegalmente las escuchas ordenadas por la Justicia.
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