Con Nisman todavía vivo, Canicoba Corral dijo que la
denuncia “no tenía valor probatorio” y Servini de Cubría se negó a habilitar la
feria. Tras la muerte, Lijo tampoco abrió la feria y ayer la mandó a sorteo. Le
tocó a Rafecas, que dejó trascender que tampoco la aceptará.
Ayer finalizó la feria judicial en Comodoro Py y el remanso en el que flotaba la
insólita denuncia del fiscal Alberto Nisman se convirtió en torbellino. Al
mediodía, el juez federal Ariel Lijo se sacó la causa de encima mandándola a
sorteo. El expediente recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y es un secreto a
voces que, subrogado por Sebastián Ramos, también la rechazará. Su intención es
devolvérsela a Lijo. Ante el conflicto, la competencia será decidida por la
Cámara Federal, pero la denuncia, sobre la cual el juez Rodolfo Canicoba Corral
había dicho que tiene “escaso o nulo valor probatorio”, ya pasó por una cantidad
inusitada de magistrados: Servini de Cubría sostuvo que no debía tratarse en
feria y que “faltaban” las pruebas; Lijo tampoco habilitó la feria y afirmó ayer
que Servini tuvo razón al no tratarla; Canicoba –aún en vida de Nisman– la
devaluó totalmente y remachó diciendo que el fiscal intentó dársela al juez que
quería y no mandándola a sorteo como correspondía, una conducta que la Justicia
denomina forum shopping. Por último, Rafecas tampoco la acepta. En el fondo de
tantos movimientos se agita la convicción compartida en Tribunales sobre la
falta de sustento jurídico del escrito, como ya señalaron buena parte de los
principales penalistas del país, incluidos Raúl Zaffaroni, León Arslanian o
Julio Mayer. Con semejante panorama, los magistrados ni siquiera quieren pensar
en la posibilidad de tener que decidir sobre una posible “inexistencia de
delito” y las presiones que sufrirían en ese escenario.
Lijo decidió cuando lo había prometido: tras la feria judicial. En apenas unas
horas rechazó tomar bajo su competencia la denuncia de Nisman contra la
presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputado
nacional Andrés Larroque, los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y un par
de presuntos espías, que la SIDE ya aseguró que no forman parte de su staff.
El expediente ya traía dos rebotes. El primero, de Servini de Cubría, que
consideró que no había ningún motivo para tratarlo en feria. El sorpresivo viaje
de Nisman, que interrumpió abruptamente sus vacaciones, perdió razón de ser:
Servini no vio urgencia ni envergadura para tratar la denuncia y, para colmo, le
dijo al fiscal que no había presentado pruebas. Es decir, que hablaba de
escuchas telefónicas y documentación que no aportó.
El dramático episodio de la muerte del fiscal hizo que Lijo abandonara sus
vacaciones y volviera urgente para ver si trataba la denuncia que,
aparentemente, era el marco de esa muerte. El magistrado preservó los materiales
recolectados por el fiscal y, de inmediato, postergó el tratamiento del
expediente para febrero. Ese fue el segundo traspié. Fue un gesto fuerte: la
denuncia hervía mediáticamente, pero Lijo tampoco le vio ninguna arista para
tratarla en feria. Ayer, en el escrito en el que envió la causa a sorteo,
ratificó que no había razones para tratar la denuncia en feria y que Nisman
omitió entregar las evidencias que respaldaran lo que sostenía. Más aun, Lijo
elogió la decisión de Servini de no tratar en enero lo presentado por el fiscal.
Antes y después de la muerte de Nisman, la denuncia entró en un tobogán. Su eje
principal –que el canciller Héctor Timerman había hecho gestiones para levantar
las capturas con alertas rojas de los sospechosos iraníes– fue desmentido en
forma contundente por el ex secretario general de Interpol Ronald Noble. El
supuesto canje que se buscaba de petróleo por granos, según la denuncia del
fiscal, se desmoronó ante el hecho de que en la Argentina no hay refinerías para
un petróleo alto en azufre como el iraní y, por lo tanto, nunca se compró una
gota de ese petróleo. La pista de “los fachos locales” a la que hizo referencia
Nisman nunca existió ni se presentó en la causa. Las escuchas resultaron poco
más que charlas de café entre personas que no integraban ni uno ni otro
gobierno. No hay ningún vínculo probado con la Presidenta ni con el canciller ni
con el diputado Andrés Larroque. La Secretaría de Inteligencia negó que los dos
supuestos agentes mencionados por Nisman revistaran en la SI y el fiscal no
aportó ninguna evidencia extra para sostener su afirmación.
Con Nisman en vida, Canicoba Corral –el juez de la causa AMIA– fue durísimo:
“Esta denuncia se basa en informes de inteligencia. Por lo que se ve, no tiene
valor probatorio. El fiscal dice que estuvo investigando esto durante cuatro
años y lo hizo sin informarle a ningún juez: es muy grave. Tengo que estudiar si
no hubo una desviación de su tarea como fiscal”.
En sintonía, los más reconocidos penalistas de la Argentina afirmaron que aun si
se probaba lo afirmado por Nisman no habría delito que imputar. La mayoría
consideró que era un intento de judicializar la política. Ni siquiera los
letrados de la DAIA y la AMIA salieron a respaldar lo denunciado. Fueron cautos:
“Vamos a esperar las pruebas”.
Con este cuadro de situación el expediente fue, desde el inicio, una papa
caliente. Y no lo quiso nadie. Ni Servini en enero, ni Lijo en enero, ni Lijo
ayer. Canicoba demolió el texto y vale la pena destacar que tampoco hubo un
fiscal que lo impulsara en las dos semanas que pasaron desde la muerte de Nisman.
Tras el sorteo de ayer, la denuncia recayó en el Juzgado Federal número 3, de
Daniel Rafecas. El magistrado está de vacaciones, pero no desconectado. Desde su
entorno, ayer también se preparaban para el rechazo. El plan sería mandárselo de
regreso a Lijo pero ayer, con Rafecas de licencia y su subrogante, Sebastián
Ramos, enfermo, no hubo rechazo formal. Todo indica que intentarán hacerlo entre
hoy y mañana. El argumento que está bajo estudio es que como Lijo investigó un
encubrimiento del caso AMIA también tendría que tener a su cargo el
encubrimiento que denuncia Nisman. El pinball llegará a la Cámara Federal que
deberá resolver qué juez es competente.
Los porqués de Lijo
El escrito de Lijo de ayer es revelador:
- Dice que Nisman debió mandar la denuncia a sorteo desde el primer día. En
otras palabras, sugiere que hubo forum shopping, elección irregular del juez.
- Ratifica que la denuncia no era para tratar en feria. Por ejemplo, no se
pedían detenciones ni medidas urgentes.
- No se acompañaron elementos que dieran sustento a las afirmaciones.
n Lijo sostiene que él investigó las pistas falsas y el encubrimiento concretado
en los primeros años, mucho antes del 2000: por eso los imputados son el ex juez
Juan José Galeano, los ex fiscales, los jefes e integrantes de la SIDE de
aquella época, el jefe policial Jorge “Fino” Palacios y los protagonistas de
desviaciones de la investigación judicial del atentado. En ese mismo terreno se
imputó también al ex presidente Carlos Menem. En la denuncia actual, los tiempos
y los protagonistas son otros, no hay conexidad.
- La denuncia de Nisman es sobre un supuesto encubrimiento desarrollado entre
2011 y 2014: “son hechos distintos, nuevos y muy posteriores”, afirma el
magistrado.
- Lijo incluso se pregunta si no debería intervenir el juez que ya tuvo a su
cargo la evaluación judicial del Memorándum, Rodolfo Canicoba Corral, por
tratarse de algo que está en el centro de la denuncia del fiscal. En su denuncia
Nisman sostiene que el Memorándum “es la clave de la maniobra criminal para
encubrir a los imputados iraníes”. Esta afirmación ha sido una de las más
criticadas: el Memorándum fue votado por el Congreso. Se lo puede considerar
malo y hasta inconstitucional –como dijo la Cámara Federal– pero no un delito,
que en ese caso habría sido cometido por diputados y senadores.
Si las cosas se mantiene en el actual carril, la denuncia de Nisman sumará una
larga serie de impugnaciones, dentro y fuera de Comodoro Py. El primer gran
interrogante es por qué el fiscal volvió de Europa para presentar semejante
texto que, según él mismo dijo en televisión después de entregarlo, sabía que no
iba a ser tratado en enero porque no le habilitarían la feria. Pese a que
sostuvo que trabajó cuatro años en el escrito, sigue sin entenderse porqué se
apuró a presentarlo sin las desgrabaciones de las escuchas, sin verificación de
lo afirmado, sin prueba documental y sin jurisprudencia alguna. Llamativamente,
en la causa que lleva adelante la fiscal Viviana Fein, una colaboradora de
Nisman declaró que a él le habían prometido más escuchas, pero que nunca habían
llegado. “No le cumplieron”, sostuvo, apuntando a un conocido integrante de la
ex SIDE.
Quienes conocen los pasillos de Tribunales aseguran que el expediente será
aceptado con resignación por el magistrado que la Cámara Federal indique. De ahí
en adelante, lo más probable es que entre en una larga, larguísima marcha.
Gentili quedará diez días más a cargo
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, decidió prorrogar por
diez días la actual subrogancia del fiscal Alberto Gentili, quien está a cargo
de la fiscalía especial para la investigación del atentado contra la AMIA que
encabezaba el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento de
Puerto Madero hace tres semanas. Gentili había sido propuesto por el mismo
Nisman para reemplazarlo durante la feria judicial de enero. Tras la reanudación
de la actividad en Tribunales, y dado que aún no fue resuelto quién o quiénes
ocuparán esa fiscalía, Gils Carbó decidió extender por diez días el interinato.
La procuradora se reunió la semana pasada con entidades judías para conversar
sobre cómo continuará la investigación del atentado y si bien adelantó que será
un “grupo de fiscales” el que ocupará el lugar de Nisman, los nombres aún no
fueron dados a conocer. Fuentes judiciales afirmaron que poco después de
conocida la muerte de Nisman, la titular del Ministerio Público Fiscal se reunió
con empleados y funcionarios de la Unidad Fiscal AMIA para llevarles
“tranquilidad en medio del dolor que nos causa la muerte, que nos conmueve no
sólo en un plano personal y afectivo sino también institucional”. Asimismo,
señalaron que “la unidad cuenta con todo el respaldo del organismo para seguir
con la tarea” y que se garantiza “la continuidad de los puestos de trabajo”.
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